La infancia ha muerto

Agosto ha acabado, septiembre comienza. Septiembre suele entenderse como una suerte de año nuevo, empieza el curso escolar y más allá del coste económico de la vuelta al cole, hay un coste oculto y agravado a esta vuelta: la disolución de la infancia.

La infancia y la adolescencia no son simplemente una etapa de la vida biológica, sino una etapa y espacio social que parece cada vez más acelerado y, por tanto, más breve, en un proceso de adultificación global que a las mujeres negras no se nos es ajeno, sino que se ve más encarnizado en la infancia migrante.

Si observamos atentamente, podríamos descubrir cómo el trato a las personas y cuestiones migratorias son un aviso de lo que se podría aplicar a toda la población. La naturalización del intercambio de menores como si de mercancía se tratase, pero claro como no iban a dejar de ser susceptibles de criminalización y abandono entonces.

La Convención de las Naciones Unidas relativa a los Derechos del Niño de 1989 indicaba que las infancias son un colectivo caracterizado por una especial vulnerabilidad y que en cuanto a sujetos en desarrollo necesitan de terceros que les cuiden, asistan, eduquen y representen. Debido a ello, las instituciones (tanto públicas como privadas) deben velar por su protección desde el principio del interés superior del menor sobre cualquier otro interés, como se recoge en el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y, especialmente, en su primer apartado, cuando dice: “La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”.

También hay que destacar el apartado d) de dicho artículo: “La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por estas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”.

La falta de vigilancia en el trato a menores en los centros es un secreto a voces

Como podemos observar, el interés del menor está siendo vulnerado cuando, por su origen, nuestras instituciones callan ante la criminalización de la infancia migrante y se quejan de tener que cumplir con sus obligaciones, llegando incluso a recurrir en el caso de Andalucía ante el Constitucional el reparto de menores migrantes por “falta de recursos” para atenderlos.

Pero esta disolución de la infancia, focalizada ahora en la infancia en movimiento, no es algo de este año, sino que venimos asistiendo año tras años al desmantelamiento de esa infancia, que no son solo menas quienes migran y no están acompañados, sino que menas somos todas. Un término técnico que acogía múltiples realidades, vaciado y reconvertido en un arma de caza.

Desde el tercer sector, es importante cuando se pide promocionar buenas prácticas de intervención con estas menores en movimiento, se hace hincapié en que no todo menor migrante entra en el sistema de protección y acogida, dado que no se le reconoce como tal, ejemplo es la situación de muchos menores gambianos que se encuentran en la calle haciendo el recorrido administrativo y asistencial de una persona adulta, lo cual supone una violencia contra la infancia en sí mismo.

Es cuestión de voluntad política que a las personas en situación de vulnerabilidad no se les mermen sus derechos

Pero este no es el único problema negligente por parte de las instituciones. La falta de vigilancia en el trato a menores en los centros es un secreto a voces, casos como el de Quorum 77, la ONG que gestionaba centros para menores migrantes donde eran maltratados sistemáticamente mientras el Gobierno de Canarias y la Fiscalía no hacían nada contra los malos tratos que conocían desde 2021. Podría seguir también con todos los casos de Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, o incluso con las críticas de las propias familias y técnicas que están involucradas en acogimiento sobre el proceso y cómo “se vende”.

O como señala Gentiumn en su informe de 'Los centros residenciales y los niños y niñas extranjeros no acompañados 29 de abril 2020', donde se indica que urgen para una atención respetuosa a esta infancia una no magnificación; es decir, centros pequeños para una atención individualizada, así como la formación de los profesionales a base de programas específicos dentro del recorrido para menores no acompañados y, especialmente, una directiva integral e interseccional en materia educativa para el correcto acogimiento de las infancias en movimiento dentro del sistema.

Como ocurre en materia de dependencia, al final es cuestión de voluntad política que a las personas en situación de vulnerabilidad no se les mermen sus derechos, siendo el exceso en la dilatación de los procesos administrativos una forma de violencia que se ejerce desde las instituciones. Y también la forma en que parecen escurrir el bulto, ya no sólo para bloquear el desarrollo de las buenas prácticas que pueda haber en intervención social, sino que implica el desmantelamiento de todo un sistema.