Cuando los mercados juegan a la guerra y se convierten en ave de rapiña

La terminología  económica necesita a veces nombrar sus actuaciones recurriendo al lenguaje bélico, agresivo y carroñero. Y en este sentido hablamos de conquistas de mercados, guerras de precios y aranceles, opas hostiles, primas de riesgos y fondos buitres. Esto refleja una tendencia a describir los fenómenos económicos con un lenguaje que evoca conflicto, lucha y confrontación. Desde sus inicios, los mercados han sido vistos como espacios de competencia feroz, donde las empresas y los inversores luchan por recursos, clientes y poder.

Y así como en las guerras entre países se busca eliminar al enemigo, en las guerras de precios se persigue eliminar a los competidores, fortaleciendo  la posición de la empresa en el mercado, para obtener mayor control y beneficios a largo plazo. Estar en permanente lucha se asocia con tener éxito porque el relato que nos han vendido y que ha terminado mitificándose es que  el conflicto es visto como un motor de cambio e innovación. La competencia agresiva obliga a las empresas a innovar, mejorar sus productos y reducir costes, entendiéndose la lucha no como algo negativo, sino como un catalizador de progreso económico.

Sin embargo estas guerras de precios, gran parte de las veces,  se traducen con el tiempo en subida de precios y en una menor calidad del servicio prestado a  los consumidores. Ha pasado en el sector eléctrico, en la telecomunicaciones, aseguradoras, transportes, gasolineras, plataformas de streaming y hasta en el sector de los alimentos básicos. Por ejemplo, el mercado de alimentos básicos en África se caracteriza por una competencia desleal, donde grandes empresas reducen precios para eliminar a pequeños productores, ocasionando una concentración del mercado y  una disminución de la diversidad de oferta, lo que termina  provocando  subidas de precios a largo plazo y afectando a las comunidades más vulnerables.

La utilización de estas expresiones, en su mayoría, buscan enfatizar la naturaleza agresiva de ciertas prácticas, pero también persiguen, en cierta manera,  deshumanizar a los actores económicos y justificar acciones que, desde una perspectiva ética, son bastante  cuestionables.

Su carnaza preferida es el sector de la vivienda, y una vez que el proceso de deshumanización ha entrado en juego ya no sienten ningún pudor ni empatía por personas que, ante condiciones abusivas de reestructuración de sus deudas o alquileres, terminan siendo desahuciadas

Esto es lo que sucede con los fondos buitres, fondos de inversión cuya principal finalidad es especular con el deterioro y la degradación de la salud económica y financiera  de una empresa o de un país, y así como las aves de rapiña se alimentan de carne en descomposición, los fondos buitre se alimentan de cualquier cosa que huela a deuda o a quiebra. Su carnaza preferida es el sector de la vivienda, y una vez que el proceso de deshumanización ha entrado en juego ya no sienten ningún pudor ni empatía por personas que, ante condiciones abusivas de reestructuración de sus deudas o alquileres, terminan siendo desahuciadas.

Sabemos que en nuestras legislaciones el derecho a la  propiedad está muy por encima al derecho de alojamiento, así como que en su momento se consideró pertinente cambiar el artículo 135 de la Constitución (año 2011) estableciendo que el pago de la deuda pública a los acreedores  tendría prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. Con ello se perseguía mantener a raya la prima de riesgo y tranquilizar a “los mercados”, cuando ya se ha puesto de manifiesto que éstos están en permanente lucha.

En 2020, algunos fondos buitres aprovecharon la pandemia para comprar deuda de países en dificultades a precios de saldo, con la esperanza de obtener grandes beneficios cuando las economías se recuperaran.

No solo se interesan por la vivienda sino que otros bienes esenciales también están en sus puntos de mira. El agua, por ejemplo. Ante la situación de sequía acontecida en Andalucía durante estos últimos años, algunos agricultores han optado por vender sus derechos de agua a fondos de inversión para obtener ingresos. En Galicia han comprado concesiones para explotación de recursos energéticos y en Sevilla, edificios emblemáticos en el centro histórico con planes de convertirlo en hoteles de lujo, limitando su uso cultural o social.

Y ya el colmo de la depredación: el ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) se enfrenta a la amenaza de embargo de sus bienes por parte de un fondo buitre, KSAC Europe Investments, que adquirió su deuda de 27 millones de euros por 7 millones. El ayuntamiento está buscando alternativas para negociar el pago de la deuda y evitar el embargo, incluyendo la solicitud de ayuda financiera a otras administraciones.

Lo paradójico es que el fondo buitre ha iniciado un proceso legal para reclamar el pago de la deuda cuando lo que muchos nos planteamos es cómo puede ser legal este tipo de compras que ponen en riesgo el interés general. La problemática surge cuando estas prácticas, aunque legales, entran en conflicto con principios éticos básicos, especialmente cuando afectan a bienes esenciales como la vivienda o los recursos vitales de la población.

Por ello, es importante que los legisladores y la sociedad en general trabajen para que las leyes no solo sean un conjunto de reglas sin más, sino que sean  un reflejo de los principios éticos que promueven una sociedad más justa, equitativa y humana.

En definitiva, que lo legal también sea ético y lo no ético no sea legal.