Con la comida no se juega

La emergencia social que vivimos en Andalucía está fuera de dudas. Basta con leer el Informe de UNICEF La Infancia en Andalucía 2015: “Actualmente, miles de niños y niñas andaluces afectados por la pobreza o la exclusión social ven obstaculizado el disfrute y el ejercicio de sus derechos, poniendo en riesgo su desarrollo presente y futuro. De acuerdo con los datos de la ECV 2014, Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil (tasa AROPE), con un 51,1%, lo que supone unos 834.000 niños y niñas afectados. De igual modo, particularmente grave es la constatación de que el 44,4% de los niños andaluces viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza nacional. Este dato demuestra que casi la mitad de la población infantil se encuentra en riesgo de pobreza, (tercera comunidad con mayor porcentaje)”.Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil (tasa AROPE), con un 51,1%, lo que supone unos 834.000 niños y niñas afectadoscasi la mitad de la población infantil se encuentra en riesgo de pobreza

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ofrece buenas palabras. Todavía resuenan en nuestros oídos las promesas que oímos al aproximarse el verano: ningún niño, ninguna niña de Andalucía se iba a quedar sin comer, a pesar del cierre de la actividad académica en los centros escolares durante el verano. Los diferentes comedores iban a ofrecer este servicio que se consideraba vital y esencial para muchos de los menores. El derecho efectivo a la comida estaría por encima de cualquier otra consideración cuando se tratara de asegurar una comida digna, por encima de cualquier otra circunstancia.

De ahí nuestra extrañeza absoluta cuando hemos sabido lo que sucede en unos centros escolares de la zona norte de Granada donde comprobamos que, desde el inicio del presente curso escolar, varios colegios concertados de esta ciudad han suprimido los comedores escolares. Se trata de una zona especialmente deprimida, perteneciente a un barrio de la ciudad agobiado hasta el extremo por el paro, la pobreza y la exclusión. La fiscalía ha abierto una investigación ante la denuncia de un sindicato por haber suprimido la oferta de la comida en estos centros. A lo largo de estas semanas hemos escuchado multitud de declaraciones de las partes implicadas, hemos conocido numerosas reuniones a diferentes bandas, hemos escuchado promesas una y otra vez de que la solución era inmediata…  pero la realidad se encabezona y continúa mostrándonos a centenares de niños y niñas sin disponer de un comedor escolar donde realizar, por lo menos, una comida al día.

No es, por desgracia, la primera ni la única vez que situaciones similares a éstas salen a relucir en los medios de comunicación (y las que ni siquiera salen, porque parece como si se asumiera la poca importancia real que tienen los temas de emergencia social para la clase política y, muchas veces, son las propias familias las que se organizan para dar respuesta).

Es posible que existan razones técnicas y circunstanciales que hayan podido abocar a una situación de este calibre,  pero de ningún modo podemos aceptar dilaciones o esperas hasta que se llegue a acuerdos entre los diferentes actores. Estamos hablando de una emergencia y como tal debe ser abordada, dando respuesta inmediata a las necesidades de los menores.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía mostramos nuestra solidaridad con estos niños y niñas que se encuentran en una situación lamentable e injusta. Somos conscientes que mostrar nuestra solidaridad es bien poco y que es necesario exigir responsabilidades a quienes están permitiendo esta injusticia que va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración de los Derechos del Niño: el derecho “a una alimentación, a una protección especial para el desarrollo físico, mental y social”.  Es obligación del Estado garantizar la superviviencia y desarrollo del niño. No se trata de buena voluntad, se trata de cumplir con la Convención de los Derechos del Niño que aprobó la ONU el 20 de noviembre de 1989. Lo primero es garantizar el derecho a la alimentación de los menores y después solucionar los problemas técnicos o burocráticos que se puedan dar.

Denunciamos de forma clara a las administraciones responsables. Si no son capaces de dar respuesta a la emergencia social que se vayan y dejen espacio a aquellas personas que sean capaces. Exigimos que, más allá de los problemas puntuales, nacidos de posibles errores del pasado, se den respuestas contundentes, dirigidas a las causas que provocan estas situaciones.

¿Por qué existen zonas en Andalucía donde los colegios públicos son minoría con respecto a los concertados? ¿A qué intereses ha obedecido esta política? ¿Fue una estrategia dejar en manos privadas una tarea tan fundamental como era la educación y así se evitaban problemas en determinados barrios?

Estamos de acuerdo con que la Administración debe asegurar su gestión principalmente en los centros públicos. Sin embargo, en zonas de exclusión, el hambre no entiende de colores, públicos o concertados. Y ya que en los procesos de construcción de los barrios excluidos las administraciones permitieron la proliferación de colegios concertados en perjuicio de centros públicos, para de alguna forma no tener que asumir la responsabilidad de situaciones de marginación y pobreza, en el actual escenario de brutal desigualdad hay que hacer frente a la misma por encima de cualquier otra consideración.

Denunciamos que las administraciones condenen a los conocidos como “barrios ignorados” de nuestra comunidad a una marginación sistémica frente a esta y otras muchas necesidades, vulnerando  derechos fundamentales que nuestra sociedad viene reclamando  repetidamente: el derecho a un trabajo,  al uso de una vivienda digna y con los suministros básicos asegurados, a una renta básica contra la pobreza y la exclusión, a una educación pública, gratuita y de calidad, a una sanidad pública y universal y a una alimentación digna para todas las personas. Estamos hartos de parches y de que no se implementen planes integrales que vayan a las causas.

Exigimos a las administraciones que asuman sus responsabilidades, al tiempo que alentamos a la ciudadanía a salir a las calles a exigir sus derechos y no dejar que se los arrebaten. Con la comida no se juega.