La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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El 12 de mayo pasado, fecha de apertura de la Oficina de Apoyo a la Maternidad, los medios de comunicación se hicieron eco de la contundente respuesta feminista al Ayuntamiento de Sevilla, con gobierno del PP, por crear y poner en manos de Vox lo que en términos populares llamamos un “chiringuito antiaborto”, impulsado a raíz del bochornoso pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025.
El pacto firmado por el PP con Vox titulado Transformar Sevilla y sus enmiendas presupuestarias son absolutamente antifeministas, xenófobos y retrógrados, ya que deja sin recursos al tejido asociativo feminista descartando proyectos y planes de igualdad, desviando los recursos hacia iniciativas como la de dicha oficina, iniciativa que no puede ser más que calificada como una agresión a los derechos fundamentales de las mujeres. Además, han arrasado también con la ayuda a la diversidad sexual, la cooperación al desarrollo, la memoria histórica y programas de ayuda a inmigrantes sin papeles, entre un largo etcétera.
Las asociaciones y colectivos contrarios a la Oficina de Apoyo a la Maternidad, entre ellas la APDHA, consideramos que suponía un significativo retroceso en los derechos reproductivos de las personas, sustentados en la necesaria igualdad y libertad de decisión, sin discriminación de género, etnia, origen social, orientación sexual y que ninguna ideología puede negar, tratar de condicionar ni tutelar. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo implica que la maternidad no puede ser impuesta ni restringida arbitrariamente, existiendo, además, tras una larga lucha feminista, el derecho a abortar de forma libre y gratuita, aunque sigamos sin lograr que pueda hacerse directamente en la sanidad pública.
El nombramiento de María Pastor (conocida antiabortista) como directora de esa oficina evidencia que no se trata de un recurso real y efectivo para la maternidad sino de una herramienta de marcado carácter ideológico que no responde a una demanda real ni a un objetivo concreto de apoyo a la maternidad. Asimismo, hemos denunciado que del presupuesto de 165.000€ que contempla la creación de esta oficina, 50.000€ se asignan directamente al sueldo que percibirá la mencionada directora. Es decir, hasta un 30% del presupuesto total de esta oficina irá al bolsillo de esta señora, otros 15.000€ a un convenio con la Asociación Provida y 100.000€ a una subvención de libre concurrencia, y no a la ayuda real y efectiva de las gestantes.
La mejor política para promover la natalidad no pasa por presionar a las más vulnerables para impedirles decidir en libertad sobre sus cuerpos, sino por acabar con la incertidumbre socioeconómica que sufren miles de familias en Sevilla
En lugar de crear espacios que buscan la tutela y control de nuestros cuerpos, especialmente de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad coartando su libertad de decisión, el Ayuntamiento debería centrarse en desarrollar políticas públicas que aborden las causas reales de la baja natalidad, tales como la falta de vivienda pública asequible -y no la barbaridad de VPO a más de 300.000€-, de empleo estable o salarios dignos, así como medidas que faciliten la conciliación familiar, con oferta pública de guarderías o becas de comedor, entre otras.
La mejor política para promover la natalidad no pasa por presionar a las más vulnerables para impedirles decidir en libertad sobre sus cuerpos, sino por acabar con la incertidumbre socioeconómica que sufren miles de familias en Sevilla, como denunciamos en el Informe Pobreza Sur.
La APDHA junto a las demás asociaciones firmantes del manifiesto contrario a esta oficina, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos reproductivos de todas las personas y nuestra oposición a cualquier iniciativa que busque coartar libertad de decisión. Reclamamos por tanto el cierre de dicha oficina y exigiremos la protección constitucional para el derecho al aborto contra todo este tipo de iniciativas.
Pedimos que se garantice el acceso a los servicios sanitarios públicos y de proximidad para la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando igualmente la protección y no coacción de usuarias y profesionales de las clínicas que practican la misma y, sugerimos al señor alcalde, que recuerde a Alberto Ruiz-Gallardón, aquel ministro de Justicia del PP que quiso reducir la Ley de Aborto y acabó dimitiendo ante la respuesta social feminista en defensa de los derechos alcanzados.
Una larga lucha social feminista ampara ese derecho. No volveremos a vernos morir a miles, en abortos clandestinos sin asistencia médica.
Porque nosotras parimos, nosotras decidimos.
Porque sobre mi cuerpo, yo decido.