En este país se viene sufriendo, y mucho, las consecuencias dramáticas de un proyecto político neoliberal que ha venido consolidando en los últimos años cambios culturales importantes y que, aprovechando las especiales circunstancias del contexto de crisis económica, intensificó un programa reformista de enorme calado ideológico. El mundo del trabajo se ha visto especialmente enmendado por esta apuesta política, especialmente por la vía de una reforma laboral en serie que constituyó una agresión sin precedentes a los derechos conquistados por la población trabajadora, perjudicando los intereses de la mayoría social y damnificando de forma especialmente cruenta a jóvenes y mujeres.
Poco se ha dicho sobre los efectos que la precarización del trabajo en nuestro país tiene para la salud, la de quienes trabajan y la de quienes conviven con ellos. A qué y quienes nos referimos: están en situación de desempleo o salen y entran en ella de forma intermitente y periódica; trabajan en condiciones de temporalidad, jornadas parciales involuntarias y desarrollan tareas inferiores a su nivel formativo; se ven obligados a asumir la condición de falso autónomo o autónomo dependiente; se ganan la vida en la informalidad o la economía sumergida; echan largas jornadas que no les alcanzan para apenas llegar a fin de mes, trabajan sin salir de la pobreza, etc.
El componente de dominación y explotación que conlleva una relación laboral conflictiva como es la laboral se intensifica hasta hacernos mucho más vulnerables bajo este nuevo paradigma de precariedad laboral que nos quieren imponer. No es una particularidad de tal o cual colectivo, aunque se cebe más en jóvenes, mujeres e inmigrantes, sino que hablamos de una apuesta por configurar un modelo estructural que va extendiéndose cada día. Una apuesta de futuro. Y la salud nos va en ello.
Últimamente, y gracias a una intensa labor de denuncia y sensibilización acerca de las condiciones de trabajo del colectivo de camareras de piso en hoteles, mucha gente supo que estas mujeres padecen de forma general trastornos musculoesqueléticos que les obligan a automedicarse para acudir a cumplir su intensa jornada a cambio de muy bajos salarios, y que muchas sufren episodios depresivos de forma recurrente. Podemos ampliar el objeto de estudio. Qué pasaría si seguimos preguntando en otros sectores. Cuántas personas experimentan de forma habitual estrés en su trabajo y presentan cuadros sintomáticos de insomnio, cansancio y dolor crónico, trastornos de salud mental, mayor colesterol sanguíneo, aumento de presión arterial, de peso corporal, complicaciones cardiovasculares, peor estado de salud autopercibida, etc. En su mayor parte estos síntomas se relacionan con factores de riesgo relacionados con el trabajo y las condiciones en que se desempeña, y son riesgos que persisten en el tiempo y acaban por cronificarse.
A medida que se implantan determinadas formas de trabajo y se consolidan las condiciones precarizantes, los indicadores de salud empeoran: las personas con contratos temporales tienen 2,5 veces mayor riesgo de sufrir un accidente mortal en el trabajo que quienes tienen un puesto estable, 3 veces más en el caso de accidentes no mortales. Esto obedece a diversas razones: se les asignan tareas de mayor peligrosidad por la vía de la externalización y subcontratación, reciben menos formación en materia de prevención de riesgos, se reduce la organización sindical y aumenta el miedo a reclamar medidas y equipos de protección; se extienden fenómenos como el del presentismo: personas que acuden enfermas a trabajar por miedo a perder, de nuevo, el empleo, incrementando el riesgo de accidente.
La propia situación de desempleo conlleva perjuicios para la salud: paraliza carreras profesionales y genera miedo por un futuro incierto, reduce la autoestima personal e incrementa el riesgo de padecer depresión y enfermedades cardiovasculares, además de aumentar el consumo de drogas y alcohol; en suma, un problema de salud pública que se padece en mayor medida en “barrios obreros” y en colectivos poblacionales como el de madres solas con hijos o inmigrantes. La desmoralización y sufrimiento que soporta una persona que pierde su empleo se suma a la pobreza, la desesperación y puede desembocar en casos de violencia familiar. Según cada vez más numerosos estudios científicos, las personas desempleadas mueren antes (hasta un 20% más en algún estrato social), enferman con mayor frecuencia y padecen más trastornos psicológicos (5 veces más riesgo de peor estado de salud mental), practican peores estilos y hábitos de vida en general.
Qué decir de quienes trabajan fuera del ámbito formal, en esa enorme bolsa de actividad económica sumergida que les sitúa en condiciones de especial vulnerabilidad, peores salarios y ninguna protección. Cada año sorprende el número de accidentes laborales que sufren personas que desempeñaban su actividad fuera de cualquier ámbito regulado.
El deterioro generalizado de las condiciones de trabajo va a seguir extendiendo, cada día, a más sectores productivos y colectivos si no se le pone coto a este nuevo paradigma. Se sitúa a cada vez más personas en un estado de inseguridad laboral crónica que acaba por perjudicar su estado de salud físico y mental. Por ejemplo, la capacidad adquirida por el empleador de distribuir de forma irregular la jornada, modificando turnos u obligando a alargar jornadas provoca importantes secuelas: más fatiga dentro y fuera del trabajo, trastornos del sueño, dificultades para conciliar con nuestra vida personal y familiar, lo que provoca un incremento de accidentes, más y nuevas enfermedades laborales, y más riesgo de muerte prematura. Por no hablar de la violencia que genera en el entorno social y familiar, además de incidir de forma negativa sobre las tasas de intentos de suicidio (en Andalucía tras el inicio de la crisis se multiplicó por cuatro la tasa de intentos de suicidio, de forma especial en la franja de edad entre 35 y 54 años).
El estado general de salud de un país se determina por diversos factores, muchos de ellos de orden social y económico: políticas sociales, distribución justa de riqueza, nivel educativo, condiciones de trabajo, seguridad alimentaria, vivienda, transporte, justicia ambiental, etc. España se ha situado ya en el top ten de países con mayor nivel de desigualdad de nuestro entorno, así que podemos dar por seguro que nuestra salud pública sufrirá un deterioro grave y persistente que se prolongará a las próximas generaciones. Si no se ponen en práctica políticas eficaces, integrales, que pongan freno a esa forma intensa de dominación basada en “un estado generalizado y permanente de inseguridad”, intuimos cómo será nuestra salud futura.
(( Este artículo recoge una obsesión personal, la de denunciar una multitud de situaciones laborales que a diario deterioran o acaban con la salud y la vida de cada vez más personas en este país, también con su libertad y capacidad de participación democrática desde su condición de trabajador o trabajadora. Es una obsesión comprendida en un proyecto colectivo, la de la organización sindical –Comisiones Obreras— que comparto junto a mujeres y hombres ejemplares, de quienes se aprende cada día. También es fruto de lecturas apasionadas de gente muy valiosa como Joan Benach, Marcelo Amable o Fernando G. Benavides. Gracias mil )).
Carlos Aristu Ollero, secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla.
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