Hace unos días se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que el terreno donde se construyó el hotel El Algarrobico, situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es un área medioambientalmente protegida. Esta sentencia ha ido precedida de otras 24 también favorables que avalan la ilegalidad del hotel, sobre: la Ley de Costas, el urbanismo en el Parque Natural cabo de Gata-Níjar, la nulidad de la licencia de obras y la ordenación urbanística del suelo en el municipio y la titularidad pública del suelo.
El triunfo conseguido por la plataforma ciudadana “Desmontando El Algarrobico”, de la que EQUO era parte junto a otros 22 actores sociales y políticos, ha sido una victoria sobre la pretensión de uso del patrimonio público para aumentar el patrimonio privado. Una victoria sobre los ataques al medio ambiente y a la sostenibilidad de los espacios protegidos asociados con corrupción política. Una victoria sobre la actuación corsaria y de colonización del territorio de una promotora inmobiliaria que actuó amparada por la Administración Pública. Ha sido la recompensa al tesón, a diez años de denuncias, juicios y sentencias contra uno de los doscientos hombres más ricos de España: el propietario de la Promotora Inmobiliaria Azata, cuyo nombre Greenpace vincula a operaciones de cambio de suelo de la trama Gürtel, al intento de talado de 1.500 encinas centenarias para construir doscientos chalets de lujo o relaciona con condenados de la trama malaya en Marbella.
La victoria del movimiento ecologista ha sido histórica, épica, tras años de incertidumbres, de amenazas, de cambios arbitrarios de tribunal enjuiciador. Han sido años de levantarse tras las caídas y las recaídas a veces. Como decía Kafka en Prometeo: “Los dioses se cansaron, se cansaron las águilas; la herida cerró de cansancio”. En El Algarrobico el cansancio será curativo, se traducirá en una intervención estética y reparadora del paisaje y del paraje para devolverlo a su estado natural original: demolición y restauración.
Pero es en el mirar el futuro, en la manera de abordar la patología y afrontar la cirugía, donde los caminos de la Administración y los ciudadanos vuelven a divergir. Para llevar a cabo este trabajo, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía firmaron en 2012 un acuerdo en virtud del cual el Ministerio de Medio Ambiente se haría cargo de la demolición física del hotel y la Junta de Andalucía del desescombro y la restauración ambiental de la zona. El acuerdo se ha materializado en una propuesta de actuación elaborada por Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa. El estudio prevé la gestión in situ de los residuos y una baja tasa de reutilización de éstos ya que el 67% serían traslado a vertederos y sólo un 33% sería reutilizado en la restauración del paisaje. La restauración ambiental prevista sólo es el 100% de la parcela ocupada por el hotel y del 50% y el 20%, respectivamente, en las parcelas afectadas por movimientos de tierras. Poco más que una extirpación, casi una amputación.
Greenpace y el movimiento ecologista, en cambio, apuestan por un modo distinto de abordar ambiental, social, técnica y económicamente la compleja situación de la playa del Algarrobico. Su apuesta es un proyecto socio-económico que priorice la implicación de los ámbitos locales: ciudadanía, instituciones, empresas y administraciones que se ha materializado en el proyecto realizado por la empresa n’UNDO.
El proyecto prevé la creación de un centro temporal de recuperación sostenible en el propio hotel, en el que el propio desmantelamiento de lo edificado, la reutilización y el reciclaje de sus residuos, muestre el proceso y los beneficios de la recuperación del entorno. Combina la demolición selectiva, la gestión de residuos y la recuperación ambiental integral, con un enfoque socio-económico, basado en la participación local, la formación y el desarrollo de nuevos sectores económicos y en la generación de empleo, con el objetivo de convertirse en un modelo de referencia de innovación y desarrollo. La restauración ambiental proyectada alcanza al 100% del área afectada, así como a la rehabilitación del arroyo que existe en la zona al que se le devolvería su salida al mar y en la repoblación se realizaría se utilizarían especies autóctonas.
El enfoque socio económico que adopta el proyecto es entendido como una oportunidad para los habitantes de la zona y la economía local. Ello es debido, en primer lugar, a que la decisión de reinvertir el coste del proyecto en múltiples pequeñas acciones de carácter local convierte en inversiones lo que serían costes. Y, en segundo lugar, porque para la realización del trabajo de recuperación se utilizaría mano de obra local capacitada y se implicaría a diversos agentes del ámbito social, empresarial y administrativo, para que el proyecto fuera un punto de encuentro entre profesionales, empresas y organizaciones, que generara un laboratorio de I+D e impulsara nuevas vías laborales y nuevos emprendimientos locales. Es, por tanto, un proyecto holístico, local y curativo.
Tras la finalización del proceso de recuperación –si finalmente fuera ejecutado– se habría conseguido un proceso participativo único, que en cifras supondría: 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas, 39.210 m3 de material recuperado (que representa el 98% del edificio, que podrían regenerarse cómo áridos, arrecifes artificiales u otros ejemplos que trasmitan “la idea de que con la deconstrucción se puede recuperar un ámbito natural”), 45.900 km de transporte ahorrado (por primar la gestión local de los residuos), la restauración de la playa y la desaparición del peor ejemplo de ilegalidad y destrucción de la costa. El proyecto de n’UNDO demuestra que la demolición de El Algarrobico es sostenible social y ecológicamente y acalla las voces que proclaman que con el derribo del hotel la zona sufriría un daño económico considerable.
Será necesario, sin embargo, que se siga manteniendo como hasta ahora la presión para que la restauración se realice con criterios de sostenibilidad y no se convierta en una simple justificación en un papel que aparenta cumplir la legalidad. Y será también necesario comenzar la presión sobre la Administración para que exija de oficio a sus autoridades las responsabilidades en que hubieran incurrido por sus actuaciones en la playa del Algarrobico. Sólo así esta victoria sobre la especulación salvaje servirá de aviso para quienes en el futuro pretendan utilizar arbitrariamente a favor de intereses espureos las potestades que han sido encomendadas a la Administración para favorecer y gestionar del bien común. Sólo con la participación activa de los ciudadanos podrá ser.
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