Este jueves, el proyecto de Ley para la Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley de Refoma Local, llega al Congreso de los Diputados. 24 horas antes, cargos públicos de Izquierda Unida en Jaén, Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla han protagonizado este miércoles un encierro, durante toda la mañana, para protestar por el contenido de esta normativa. Para la coalición la reforma local atenta contra la democracia local al proponer “una recentralización de las competencias” y un “fuerte proceso de privatización de servicios públicos” que califica como “el más fuerte de la democracia en nuestro país”, ha explicado Manuel Pegalajar, responsable de política institucional de IULV-CA en Jaén, durante el encierro en la diputación jiennense.
Alrededor de un centenar de cargos públicos, mayoritariamente alcaldes, concejales y diputados provinciales pero también diputados -como José Luis Centella, que ha estado en el encierro de Málaga- o parlamentarios andaluces se han sumado a esta protesta. Se enmarca en las acciones que Izquierda Unida está realizando a lo largo de toda la semana para llamar la atención sobre la “laminación” de la administración local que el proyecto de Ley propone. La coalición no espera muchas modificaciones durante el trámite parlamentario, dada la mayoría absoluta del Partido Popular en ambas cámaras.
No obstante, han realizado una llamada a la movilización social por las repercusiones que la normativa pueda tener en el día a día de los municipios. El primer riesgo que ven es la pérdida de democracia local porque “se engordarán las competencias de las diputaciones”, señala Pegalajar, que son instituciones “de elección indirecta: los ciudadanos no votan a los diputados”.
El segundo riesgo es la privatización de servicios públicos. “Dejarán de ser eso, servicios públicos, para convertirse en un gran negocio para las grandes corporaciones de servicios y financieras; los ‘Florentinos Pérez’ de turno, para entendernos”, matiza. Desde su punto de vista “el primer riesgo es que muchos ayuntamientos ni siquiera van a llegar a la privatización: lisa y llanamente se van dejar de prestar servicios”. Cita explícitamente los puntos de información a la mujer, las guarderías o centros de mayores, es decir, todo lo que tenga que ver con políticas sociales, que “son los primeros candidatos a la externalización con la excusa de la reducción de costes”.
Sin embargo, Pegalajar advierte que el riesgo es mayor porque la reforma local “entiende los servicios públicos como una cartera de negocio impresionante para las grandes corporaciones económicas”, que a su juicio serán las que opten a la prestación de estos servicios. El dirigente de IU ha señalado que esta ley, que según las previsiones estará aprobada a finales de año, “sería una de las primeras que, con un cambio de Gobierno, habría que derogar”.
En Málaga, PSOE e IU
En Málaga, además de los representantes de IULV-CA, se han sumado a la movilización los diputados del PSOE -informa Europa Press- que han entregado al presidente de la Diputación, Elías Bendodo (PP), una carta en la que le solicitan que exija a Rajoy la retirada del proyecto de reforma local y que “se siente con los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los agentes sociales y los expertos en Administración pública para alcanzar un gran pacto local”. El portavoz del PSOE en la diputación malagueña, Francisco Conejo, ha declarado que “Bendodo debería de tener la valentía que están teniendo otros dirigentes del PP”, en Galicia y Castilla y León, donde se están oponiendo a esta reforma.
Además, durante el pleno del organismo provincial celebrado esta mañana, alrededor de medio centenar de alcaldes y concejales socialistas se han concentrado a las puertas de la sede de la institución para hacer constar su protesta. Por otra parte, esta previsto que esta misma tarde se sumen a la protesta de los cargos públicos la 'Marea Naranja' que forman trabajadores de los servicios sociales públicos malagueños. La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga, Antonia Morillas ha destacado que la reforma afectará especialmente a estos servicios que “desde que comenzó la crisis han visto multiplicado el número de usuarios”, y que dejarán de ser competencia de los ayuntamientos con la ley en proceso parlamentario. “Eso va a significar que los vecinos que tengan dificultades para pagar el agua, la luz o la alimentación, van a tener que venir a la Diputación”, ha alertado.