El Gobierno reactiva las ayudas de la Ley de Memoria para indemnizar a la familia de García Caparrós con 250.000 euros
El Gobierno de España ha modificado en tiempo récord una ley estatal para garantizar el reconocimiento de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista.
A través de una reforma ad hoc de la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar se corrige a sí mismo en apenas una semana. El martes pasado, la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, comunicó por carta a la familia que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado a García Caparrós, alegando que su caso “no tenía encaje” en la ley.
Para enmendar esa decisión, que desató un terremoto político en la izquierda andaluza a las puertas del 28F (Día de Andalucía), no se ha modificado la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que dejaba fuera a García Caparrós, sino la Ley de Memoria Democrática, ampliando el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.
La primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, y el Real Decreto ley aprobado este martes amplía el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, cuando entra en vigor la Constitución Española. Sin embargo, esta prolongación del plazo legal no es la que mete dentro a García Caparrós, puesto que él fue asesinado el 4 de diciembre del 77 y ya estaba dentro del periodo recogido en la legislación anterior.
La reforma legal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros recoge un artículo único, que modifica la segunda Ley de Memoria Democrática (2022), y añade seis disposiciones finales. Es en esas disposiciones donde se incluye el derecho a una indemnización “a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”, siempre que no hubieran sido ya indeminizadas con la primera Ley de Memoria.
La Ley de Memoria de 2022 suprimió las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, recogidas en el artículo 10 de la ley anterior. El Real Decreto ley recupera esas ayudas, con 250.000 euros por víctima fallecida (la misma cantidad que contempla la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que esgrimieron las hermanas de García Caparrós para exigir una compensación al Estado).
La reforma legal incluye como perceptores de las ayudas a hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad, y añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez. Estas ayudas no podrán recibirlas “quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”.
Las hermanas García Caparrós -Purificación, Dolores y Francisca- tienen ahora un año de plazo para presentar la solicitud de su indemnización, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real-Decreto ley, lo dispuesto en la norma entra en vigor de inmediato (en cuanto se publique en el BOE), pero deberá ser convalidado por el Congreso en 15 días. Entonces, serán los grupos quienes se retraten votando a favor o en contra.
El PSOE andaluz, que anunció la semana pasada en el Parlamento esta modificación ad hoc de la Ley de Memoria, ya ha conminado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que ejerza su influencia en el PP de Alberto Núñez Feijóo para que todos sus diputados voten a favor en la Cámara Baja, garantizando así el reconocimiento como víctima de García Caparrós y la compensación económica a sus hermanas, que llevan reclamando casi 50 años.