El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. A mediodía ha quedado en libertad provisional, informa Europa Press. La Audiencia Nacional lo juzgará el próximo 5 de noviembre por la causa por la que lo reclamaba, el caso 'Saqueo II', aunque todo apunta a una conformidad.
Fernández escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y su extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.
No era solo Malaya. Tal y como desveló en su día marbellaconfidencial.es, Fernández tenía diez causas pendientes ante la Justicia cuando se marchó de España, en 2006, para esconderse en Argentina. Los delitos de los que se le acusaban en cuatro juzgados de Marbella eran malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad. Cuando huyó ya había sido condenado por un jurado popular por delito de malversación en el “caso jugadores”, lo que le llevó a renunciar a su acta de concejal en 2005.
Pero su gran causa pendiente, la que amenazaba su libertad, era Malaya. Fernández huyó en julio de 2006, cuando fue llamado por el juez instructor Miguel Ángel Torres, que se quedó esperándole. La Policía fue a su casa y allí le dijeron que no estaba. Alegó que estaba recorriendo el Camino de Santiago y se le perdió la pista en León. Pocos días después estaba en Buenos Aires, donde ha residido durante casi veinte años. Desde que se entregó a la Policía de ese país, en 2017, a la vista de todos y sin ocultarse.
Su aspiración era dejar pasar el tiempo hasta que se levantasen las acusaciones contra él. Cuando apareció, el Consejo de Ministros remitió seis solicitudes de extradición a Argentina, incluyendo una por una causa ante la Audiencia Nacional, el Caso Saqueo II, en el que se investigaba el desvío de fondos públicos a particulares, por el que fueron condenados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros. Los otros casos, ante juzgados de Marbella, apuntaban a la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. Pero Fernández se salió con la suya y en la Navidad de 2022 logró que la Corte Suprema de Argentina zanjara la cuestión concluyendo que todos los delitos de los que se le acusaba en España habían prescrito.
En los últimos meses ha tratado de regresar a España en varias ocasiones, pero se encontraba con un obstáculo: cuando iba a subir al avión se le denegaba el pasaje y la Policía lo ponía en tierra. Aún pesaba sobre él una orden de detención internacional, pero cuando comprobaban que la Justicia argentina había declarado la prescripción de sus delitos, volvían a dejarlo libre. Ya era tarde para él: el avión había partido.
La huida a Marbella le evitó el mismo destino que para sus compañeros de corporación: la prisión preventiva y, en última instancia, una condena a penas de cárcel. En España afrontaba acusaciones de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir presuntamente 150.000 euros de Juan Antonio Roca. Las penas a las que se exponía podían sumar hasta diez años de cárcel. Tras la huida, entre sus compañeros de corporación condenados cundió la idea de que, si pudo llevarla a cabo, fue debido a su condición de confidente en el caso.
Fernández llegó a la política en pleno gilismo, ejerció como concejal del GIL tras las elecciones de 1991, 1995 y 1999, y alcanzó su cima en los años siguientes como teniente de alcalde y líder municipal del PA, una posición que, según confesó el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, le servía para obtener mordidas más altas que sus compañeros de siglas.
En los 90, con Gil al mando, gestionó el área de Deportes, de cuyo paso da cuenta su condena en el “caso jugadores”. Aunque no formaba parte de su partido, a Fernández se le veía como un cachorro de Gil, la cara amable de su gobierno, con una imagen de gestor cercano y eficaz.
Una fuente política que lo conoció en aquella época desmiente ese talante, y lo describe como el “clásico hijo político de Jesús Gil”: “Autoritario y cínico”. “Su entrada en el PA, una vez le echaron del Gil, fue una compra de un partido que en Marbella estaba en ruinas”. Con los tres concejales que consiguió se convirtió en llave de gobierno.
El post-gilismo acompañó su decadencia. En 2003 formó parte del grupo de ediles que aprobaron la moción de censura contra Julián Muñoz, entregando la alcaldía a Marisol Yagüe, que lo convirtió en segundo teniente de alcalde. Fue su cima, valiéndose del liderazgo del partido del que dependía la gobernabilidad. En septiembre de 2005, la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno, acusándole de extorsionar a trabajadores municipales para que pagaran una cuota al Partido Andalucista.
Menos de un año después, partió al Camino de Santiago para acabar en Argentina. El último fleco del Caso Malaya regresó este miércoles a España.
Desde este enlace puedes convertirte en nuevo socio/a de elDiario.es Andalucía y apoyarás económicamente un periodismo independiente y riguroso hecho desde nuestra tierra.
Si ya eres socio/a, puedes hacer una aportación extra destinada íntegramente a elDiario.es Andalucía desde el apartado 'Tu cuota'. Es importante para que podamos seguir contando noticias de Andalucía desde Andalucía. ¡Gracias por tu apoyo!