La propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, sitúa a Andalucía como la principal beneficiaria de los recursos extraordinarios que el Gobierno destinará a las comunidades para “blindar” los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia, sanidad...
De los 21.000 millones adicionales que el Ministerio de Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa. La cifra es significativa por dos razones: porque supera la aportación a Catalunya (4.686 millones), en cuyo nombre ha negociado bilateralmente esta reforma del modelo ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero sobre todo, es importante porque rebasa notablemente el cálculo de 4.000 millones que reclamó el Parlamento andaluz al Estado en 2018 (bajo el Gobierno de Mariano Rajoy), con el consenso de PSOE, PP, Podemos e IU, y que a día de hoy sigue defendiendo el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno.
Esos 4.000 millones extra formaron parte de la propuesta de reforma del modelo que diseñó la propia María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz, y que contó con el apoyo Moreno como líder de la oposición. Hoy la vicepresidenta primera del Gobierno y el mandatario andaluz se disputan la presidencia de la Junta en unas elecciones inminentes, con el cisma de la financiación andaluza como leit motiv principal de la contienda política.
No hace ni dos meses -el pasado 27 de noviembre- el presidente de la Junta pronunció un discurso en el Parlamento, durante el debate del estado de la comunidad autónoma andaluza, en el que volvió a reclamar esos 4.000 millones de financiación extra al Gobierno, afeando a la ministra Montero su negociación bilateral del sistema con sus socios independentistas catalanes. “¿Qué pacto con un independentista puede salirle bien a Andalucía? ¿Quién puede pensar que pactando con un independentista, que lo quiere todo para ellos, Andalucía va a salir ganando?”, se preguntó Moreno en la Cámara.
El presidente andaluz recordó su gran acierto político como líder de la oposición, cuando se sumó in extremis -y para sorpresa de muchos- a un acuerdo de financiación diseñado por Montero y negociado con Podemos e IU. Un acuerdo que implicaba reclamar a un Gobierno del PP, con Rajoy en la Moncloa, 4.000 millones extra para Andalucía.
“Yo voté afirmativamente ese acuerdo, pero yo no puse esa cantidad. Esa cantidad salió de aquel escaño donde estaba sentada la actual ministra de Hacienda, y lo defendió con vehemencia, como lo más justo para Andalucía, algo absolutamente necesario para los servicios públicos de Andalucía. Fueron 4.000 millones de la época, que ya srán por encima de los 5.000”, subrayó Moreno.
De aquel discurso, de hecho, sorprendió que el presidente de la Junta recuperase la reivindicación de los 4.000 millones, porque los técnicos de la Consejería de Hacienda y su propia titular, la portavoz Carolina España, ya habían dejado caer en alguna ocasión que la cifra estaba “desactualizada”, que ahora los recursos debían ser más que los que se calcularon hace siete años.
Pero Moreno justificó su decisión de volver a hablar de 4.000 millones para poner en valor el pacto político salido del Parlamento andaluz, con el consenso de todas las fuerzas, excepto Ciudadanos. El dirigente popular ha señalado la infrafinanciación de Andalucía como principal trinchera electoral con Montero, a quien acusa de inflingir un “agravio permanente” a su tierra, en beneficio de sus socios independentistas catalanes para mantener a Sánchez en el poder.
La líder del PSOE andaluz es muy consciente de ello, de ahí que ella misma, sin esperar a las preguntas, ha colocado al Gobierno de Moreno en la tesitura de rechazar esta propuesta y explicar a los electores, en pocos meses, por qué da un portazo al dinero que lleva años reclamando, con el aval del Parlamento andaluz. “Me cuesta pensar que Andalucía renuncie a 4.850 millones de euros en financiación, cuando el Parlamento andaluz reclamó 4.000 millones. Sería una cuestión de sectarismo político”, ha avanzado.
La propuesta de financiación de Montero es incómoda políticamente para Moreno, precisamente por la dificultad que comporta explicar en campaña que Andalucía renuncia a 4.850 millones extra para mejorar su sanidad, su educación, su dependencia o sus políticas de vivienda.
Es la misma tesitura a la que se vio abocado el presidente andaluz cuando dio un portazo a la oferta del Ministerio de Hacienda para condonar casi 19.000 millones de euros de la deuda autonómica, un mecanismo también pactado a priori con el independentismo catalán que, sin embargo, volvió a situar a Andalucía como la principal beneficiaria en términos absolutos y porcentuales. En el PP andaluz y en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, admitieron entonces la “complejidad” de ganar el relato del rechazo a la quita de deuda, aunque Moreno persistió en su rechazo aludiendo al “chantaje” del soberanismo catalán.
Con la propuesta de reforma del modelo ocurre algo parecido. El presidente de la Junta ya ha avanzado su rechazo, no por la cantidad que le correspondería a Andalucía, sino por la propia estructura del reparto de fondos entre comunidades, que preserva el llamado “principio de ordinalidad”, una exigencia de ERC, Junts y la Generalitat catalana gobernada por el socialista Salvador Illa. Moreno está radicalmente en contra de esta cláusula (como lo estuvo la propia Montero siendo consejera andaluza) porque “rompe la igualdad entre territorios” y “beneficia a las comunidades más ricas frente a las más pobres”.
“Tendente a la ordinalidad”
La propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, presentada hoy en Madrid, es muy compleja técnicamente, porque modifica los criterios de reparto de recursos, amplía el porcentaje de cesión de la recaudación de algunos impuestos a las comunidades -como el IRPF, que pasa del 50% al 55%, y el IVA (del 50 al 56,5%)- e introduce nuevos mecanismos de corrección para preservar la “solidaridad interterritorial”.
Es un sudoku de equilibrios difíciles, que cada comunidad interpretará a su manera cruzando sus números con sus intereses políticos. Y el grueso de las comunidades están ahora gobernadas por el PP, a las que corresponderían el 70% de los 21.000 millones extra que plantea la reforma.
Montero ha comparecido durante una hora larga desgranando los detalles de su fórmula, sin mencionar en ningún momento el llamado principio de ordinalidad, que garantizaría que, con el nuevo reparto, ninguna comunidad perderá su posición en el ranking de recursos que recibe del Estado.
Fue lo primero que mencionó Oriol Junqueras, líder de ERC, tras reunirse el jueves con el presidente Pedro Sánchez: que la ordinalidad se mantiene para Catalunya, tercera en la financiación estatal. También ha sido lo primero por lo que le han preguntado los periodistas en el turno de preguntas a la vicepresidenta, que ha reconocido que este nuevo modelo de financiación autonómica “tiende al principio de ordinalidad”.
Aunque luego ha matizado que esto dependerá de cómo quede el equilibrio entre lo que aporta y lo que recibe cada comunidad. Con Cataluña se cumplirá la ordinalidad, con Cantabria -la principal beneficiada con el modelo actual- no se cumplirá, porque su “status quo” es un elemento que distorsiona el reparto, y que ha obligado al ministerio a introducir diversos elementos correctores (tanto para no perjudicar a las que están por debajo de la media en financiación, como para que no desescalen las que están muy por encima).
La Junta: “Esto es propaganda electoral”
Moreno ha comparecido en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) mientras la ministra desgranaba el nuevo modelo, pero ya ha avanzado su escepticismo ante una propuesta de “reforma integral del sistema a escasos meses de unas elecciones”. “Es poco creíble y tiene un objetivo electoral”, ha sentenciado.
El presidente andaluz ha centrado su crítica en la reunión previa de Sánchez con Junqueras, recordando que el líder de ERC está “inhabilitado para cargo público por una sentencia del Tribunal Supremo”, y subrayando que “no puede representar a nueve millones de andaluces”. El dirigente popular ha exigido a Montero que convoque a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -ya previsto para el próximo miércoles-.
La consejera andaluza de Hacienda tampoco ha hecho una crítica específica de la propuesta de Montero, ni de las cantidades ni de la nueva estructura del modelo de financiación, pero ha dejado claro su rechazo absoluto. España ha insistido en que el Gobierno adeuda a Andalucía 1.528 millones al año por la mala aplicación del actual modelo de financiación, vigente desde 2009, y ha afeado a la ministra que no haya accedido nunca a darles un fondo de contingencia con esta cantidad.
La consejera ha tildado la propuesta de “humo, promesa y propaganda electoral”, ha admitido que “hay más recursos para todos, pero también más desigualdades para todos”, y concluye que el nuevo sistema aportará “más recurosos a las comunidades más ricas”. “Esto es un misil a la igualdad de los ciudadanos que dicta nuestra Constitución”, advierte.
Por último, España ha sido especialmente dura al cuestionar la llamada “armonización fiscal” que Montero ha incluido en su propuesta, y que considera un riesgo para la “autonomía fiscal de las comunidades, obligadas a subir los impuestos”. “Los ciudadanos están cansados de pagar tantos impuestos, que el Gobierno se apriete el cinturón”, ha sentenciado.