El pleno del Parlamento andaluz ha expresado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, su rechazo a “la ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo de financiación autonómica”, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue negociando con la Generalitat de Catalunya. Hasta el momento, no se conoce ningún documento oficial del Ministerio de Hacienda en el que figure expresamente este concepto, pero su posible inclusión ha desatado la polémica porque las comunidades con menos recursos temen perder capacidad de financiación.
La aplicación del principio de ordinalidad en el modelo de financiación forma parte del pacto suscrito entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La fórmula plantea una solidaridad limitada por ese principio, según la cual Catalunya contribuirá al sistema para nivelar los ingresos del conjunto de comunidades, pero lo haría garantizando que, tras esa redistribución, no perderá posiciones respecto a su capacidad de recaudación.
De modo que el principio de ordinalidad garantiza que una comunidad autónoma mantenga su posición relativa en el ranking de renta per cápita después de aplicar los mecanismos de nivelación de fondos en el reparto de riqueza del país. Es decir, que quienes más reciben sigan recibiendo más con el nuevo modelo de financiación. Una condición que Montero, cuando ejercía como consejera andaluza de Hacienda en el último gobierno de Susana Díaz, rechazó de plano por considerar que vulnera el principio de igualdad en el reparto entre territorios.
Por todo ello, en plena negociación entre el Gobierno central y el catalán, el PSOE andaluz ha evitado votar en contra de uno de los elementos que figuran en el pacto con el Govern de Catalunya. De ahí que haya votado no a la propuesta de Adelante Andalucía —respaldada por el PP-A de Juanma Moreno— que instaba a rechazar expresamente la aplicación del principio de ordinalidad en el nuevo modelo de financiación.
Esa iniciativa formaba parte del paquete de propuestas de resolución debatidas este viernes en el debate sobre el estado de la Comunidad, el último de la legislatura, en el que el presidente de la Junta confronta con todos los grupos y se miden las prioridades políticas de cara al próximo ciclo electoral. El PP-A ha sacado adelante, gracias a su mayoría absoluta, las 35 propuestas que registró para esta sesión, entre ellas la que reclama “seguir defendiendo los intereses de Andalucía mediante la reforma urgente del actual sistema de financiación autonómica, tal y como aprobó el Parlamento en 2018”, y que ha sido rechazada por la oposición al completo.
En total, el pleno ha aprobado 44 de las 167 propuestas calificadas por la Mesa: cinco de Vox, dos de Por Andalucía, dos del Grupo Mixto–Adelante Andalucía y las 35 del Grupo Popular, en virtud de su mayoría absoluta. Ninguna de las iniciativas presentadas por el PSOE-A ha logrado el respaldo suficiente.
En su propuesta de resolución, el PP también insta a la Junta a reclamar al Gobierno que “promueva el diseño de un nuevo modelo justo y equitativo en el reparto de fondos entre comunidades”, y “la puesta en marcha de un Fondo Transitorio de Nivelación hasta que entre en vigor el nuevo modelo”.
Asimismo, el Parlamento de Andalucía rechaza con esta propuesta de resolución “la ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo de financiación autonómica por intentar perpetuar este los desequilibrios de financiación de los servicios esenciales que reciban los ciudadanos y los territorios, sin atender a principios de racionalidad, eficiencia, igualdad y estrategia de crecimiento solidario conforme a la organización territorial del Estado consagrado en la Constitución”.
Por su parte, el Grupo Socialista había abordado también la cuestión de la financiación autonómica entre sus propuestas de resolución, de las que no se ha aprobado ninguna, merced al rechazo del PP-A a las mismas. Entre dichas propuestas, desde el PSOE andaluz pedían a la Junta que se siente con el Gobierno de España y apoye un nuevo sistema de financiación autonómica que proporcione a Andalucía “los recursos suficientes, refuerce la solidaridad entre territorios e impidan el 'dumping fiscal', garantizando que la ciudadanía andaluza tiene acceso a los mismos servicios públicos de calidad que el resto, vivan donde vivan”.
Además, los socialistas también planteaban en esta propuesta –rechazada por el PP-A y Vox y apoyada por el grupo Por Andalucía, con la abstención del grupo de Adelante– que el Gobierno andaluz acepte “de manera inmediata las condiciones de alivio de deuda propuestas por el Estado, que benefician especialmente a Andalucía al ser la comunidad con mayor condonación –18.791 millones de euros– reduciendo su nivel de deuda sobre el PIB a la mitad y generando, según estimaciones de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) un ahorro de 2.655 millones de euros en intereses hasta 2030”.
Del mismo modo, los socialistas proponían “dar marcha atrás en la política injusta de regalos fiscales a las rentas más altas” del Gobierno de Juanma Moreno. En especial, “a aquellas obligadas a liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, y a “adoptar los pasos necesarios para avanzar en progresividad fiscal, redistribución de la renta y reducción de las desigualdades sociales”.
Por otro lado, el Parlamento ha acordado, en virtud de una propuesta de resolución de Adelante apoyada por el resto de grupos salvo Vox, que la ha votado en contra, instar al Consejo de Gobierno de la Junta a “pedir las competencias en transporte de cercanías, así como la financiación asociada correspondiente, para poner en marcha un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía”.
Por otra parte, de Vox ha sido rechazada por parte de todos los grupos una propuesta relativa a la “corrupción” en el PSOE y PP. Se instaba a la Junta a intensificar “la lucha contra la corrupción en todo el territorio regional, más aún, cuando recientemente se han producido escándalos de una trama que traen como consecuencia la detención de altos cargos de la Diputación de Almería, vinculados al PP”.
Vox también quería que el Parlamento condenara “los presuntos casos de corrupción que en el momento presente están salpicando Andalucía vinculados al PSOE y, en particular, el 'caso Parcela', que afecta a la Delegación del Gobierno en Andalucía, y al referido al exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en el Ayuntamiento de Dos Hermanas por delito de malversación, tráfico de influencias y prevaricación”.
También se ha rechazado de Vox que la Junta pusiera fin “a la promoción de efemérides, símbolos o figuras históricas que no representen de forma auténtica la tradición andaluza ni el legado común de la nación española, unidad en la que nuestra región desempeña un papel esencial”, y que derogara la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
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