PSOE y Podemos recurrirán el archivo de una de las causas contra el Gobierno andaluz por los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas
El PSOE andaluz y Podemos recurrirán ante la Audiencia Provincial de Sevilla el sobreseimiento provisional y archivo de las querellas que presentaron contra la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega. Un movimiento ante la decisión del juez José Antonio Gómez en el proceso abierto contra el Gobierno de Juanma Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024.
María Márquez, vicesecretaria general del PSOE andaluz, manifestó este lunes, en unas declaraciones concedidas a los medios, que “hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez” y, por tanto, seguirán adelante con el recurso. “Moreno Bonilla contrató mal y se dañaron las arcas públicas. No fueron fallos técnicos, sino decisiones políticas, ya que se abrió la puerta a contratar sin control cuando ya no había emergencia en Andalucía”, reiteró. En todo caso, recomendó “prudencia” al Partido Popular, ya que, aseguró que son “plenamente consciente del enfado de los andaluces en materia sanitaria, así que vamos a llegar al final: sigue habiendo caso”.
A través de un comunicado, los socialistas indicaron que se “requiere de una investigación completa que está lejos de haber concluido”, ya que, indican, hay “un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final”. En alusión a lo derimido por la Intervención General de la Junta de Andalucía, sostuvieron que hay una “falta de fiscalización” previa a los contratos sanitarios concedidos. Pese a que no ponen en entredicho la urgencia inicial de la pandemia, “el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia”, criticaron.
Disculpas
Por ello, pidieron que “se llegue hasta el final” en las causas abiertas tanto en Sevilla como en las provincias de Cádiz y Córdoba, donde mantienen que los contratos con las empresas sanitarias se realizaron a precios superiores que los estimados en contratos ordinarios. A tenor de lo sucedido, advirtieron que el Gobierno de Juanma Moreno diseña una “estrategia política de privatización de la sanidad pública” a través de “un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia”, en donde se quitaron los controles previos, apuntaron.
Por su parte, Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, exigió a la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, unas “disculpas” a la ciudadanía “por mentir y por dañar la imagen de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios, a quienes han querido atacar directamente”. En este cruce de acusaciones tras conocerse la decisión del magistrado, la mano derecha de Juanma Moreno reiteró que “ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía”.
Archivo
El archivo de las querellas, adelantado por ABC, se debe a que el magistrado considera que “no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”. Además, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla dictó el pasado jueves 22 de enero que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.
La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra los dos exgerentes del SAS “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos en septiembre de 2025, cifraba en 243 millones de euros el valor de los contratos cuestionados. Sin embargo, el auto sostiene que “no puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”.
“Mayor agilidad y eficacia”
Los gerentes del SAS han justificado durante el proceso el uso de los contratos de emergencia con el fin de atender las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, restando importancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.
En este sentido, el magistrado menciona la Ley de Contratos del Sector Público y a las resoluciones del Consejo de Ministros para hacer frente a la amenaza del virus global, a la vez que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2010, donde se establece que “lo que ampara una normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar, o remediar en lo posible, las consecuencias del suceso en cuestión”.
De esta forma, el magistrado también resuelve uno de los elementos más críticos de la investigación: la retirada del control previo de la Intervención de la Junta a los contratos del SAS —por acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020— y su sustitución por auditorías a posteriori, que fueron las que finalmente sacaron a la luz las irregularidades que dieron pie a la apertura de diligencias.
El auto reconoce que el uso de la contratación de emergencia por parte del SAS con clínicas privadas disfrutó de “mayor discrecionalidad”, pero los gerentes “no tomaron decisiones que conculcaron directamente el Orden Jurídico”, añade. “Resulta cuanto menos jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia”, finaliza el auto.