Los rectores cifran en 79 millones la “infrafinanciación” de las universidades públicas andaluzas
Las universidades públicas andaluzas han puesto cifras a la “infrafinanciación” que llevan dos años denunciando ante la Junta. Tras meses de trabajo en la comisión técnica constituida junto a las consejerías de Universidad y Hacienda, los rectores han concluido ahora que el Gobierno andaluz debe “al menos” 38 millones de euros adicionales antes de que termine 2026, mientras que el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio deja otros 41 millones sin cubrir.
En total, 79 millones de euros que consideran necesarios para cumplir íntegramente el modelo de financiación autonómico y evitar que el déficit se convierta en un problema “crónico” para el conjunto del sistema universitario público andaluz. Así lo han advertido los nueve rectores en un comunicado conjunto, donde insisten en que si no se corrige “de inmediato” esta “infrafinanciación estructural”, el sistema se verá abocado a “consecuencias enormemente injustas e inasumibles para el personal y el estudiantado universitarios, algo del todo incomprensible en el momento de mayor bonanza económica en la historia de Andalucía”.
Se trata, no obstante, de estimaciones que han avanzado este viernes las universidades públicas y que todavía no cuentan con el aval de la Junta. La Consejería de Universidad asegura a este periódico que la comisión técnica sigue trabajando y que sus integrantes aún no han terminado de analizar toda la documentación.
El anuncio llega después de que las universidades cerraran 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, un resultado que confirmó los avisos que los rectores venían trasladando desde hacía tiempo: la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente por el aumento de los gastos de personal.
38 millones pendientes para cerrar 2026
La primera reclamación tiene carácter inmediato. Los rectores estiman que la Junta debe transferir “al menos 38 millones de euros” antes de que finalice el año para cumplir la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación correspondiente a 2026. Este mecanismo establece que ninguna universidad puede recibir cada año menos financiación que en el ejercicio anterior y debe tener en cuenta, entre otros factores, los incrementos salariales y las obligaciones retributivas de las plantillas (es decir, para poder atender las nóminas “en su totalidad”).
De acuerdo con fuentes universitarias, la cantidad se ha calculado siguiendo los criterios técnicos acordados en la comisión integrada por representantes de las gerencias universitarias y de la Consejería de Universidad, en colaboración con Hacienda. El dinero, además, debería llegar mediante un segundo reparto presupuestario antes del cierre del ejercicio, tal y como se acordó en el Consejo Andaluz de Universidades del pasado 17 de abril. A menos de dos meses de terminar el año, ese reparto “sigue sin materializarse”, según trasladan los rectores.
La advertencia tiene una consecuencia directa sobre las cuentas de las instituciones: las universidades deben afrontar íntegramente las obligaciones retributivas con sus trabajadores, pero siguen sin conocer con certeza todos los ingresos con los que podrán hacerlo. De ahí que los rectores alerten de que, si no se corrige la situación de inmediato, el déficit dejará de ser un problema puntual para instalarse de forma estructural en el conjunto del sistema.
Un presupuesto de 2027 “insuficiente”
La segunda parte de la reclamación se remite al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027. Las cuentas, aprobadas en Consejo de Gobierno hace una semana, contemplan 1.979 millones de euros para las universidades públicas andaluzas, un incremento del 10,5% respecto al ejercicio anterior, como destacó el propio consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela. Los rectores reconocen el aumento de la dotación, pero aseguran que sigue siendo “insuficiente para cumplir” todos los compromisos recogidos en el modelo de financiación.
En concreto, calculan que faltan al menos otros 41 millones de euros: 15 millones para completar la cláusula de salvaguarda y más de 26 millones correspondientes a la actualización de los gastos corrientes de las universidades, recogidos en el capítulo II. Esta última partida incluye suministros y servicios esenciales para el funcionamiento de los campus, como la electricidad, la limpieza o la seguridad.
A todo ello habría que sumar la partida correspondiente al mecanismo de nivelación, contemplado en el modelo para corregir desigualdades entre universidades y garantizar una calidad homogénea en el sistema universitario. Las universidades piden que se dote con recursos suficientes y que se negocie teniendo en cuenta las singularidades de cada institución, especialmente aquellas que “arrastran años de infrafinanciación y que no pueden equilibrar sus cuentas únicamente con medidas de ajuste del gasto”, según denuncian los rectores.
Otras discrepancias en los presupuestos para 2027
Las universidades públicas también cuestionan otras decisiones incluidas en las cuentas autonómicas para 2027. Una de ellas es la línea de 50 millones de euros en préstamos públicos para inversiones extraordinarias en infraestructuras, con intereses de entre el 1% y el 1,9%. Una fórmula que los rectores consideran que “no sustituye al plan plurianual de infraestructuras” que le vienen reclamando a la administración autonómica “en el ejercicio de sus competencias”. Además, lamentan que la Junta no haya atendido su petición de eliminar los intereses.
A estas reivindicaciones se suma la revisión de la cota de personal, al considerar que los límites de gasto contemplados en el proyecto presupuestario “no se corresponde con la realidad” de la evolución de las plantillas ni las obligaciones retributivas que han asumido las universidades, en buena medida derivadas de decisiones “ajenas” a sus propias instituciones.
La última advertencia afecta a la investigación. Los rectores alertan de que la inversión prevista para esta actividad sufre una “fuerte caída”, al pasar de 158 a 127 millones de euros en 2027, un descenso cercano al 20% que consideran “incompatible” con el objetivo de impulsar una economía basada en el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico desde Andalucía.
Dos años de conflicto y una nueva prueba para la Junta
Las reclamaciones trasladadas este viernes marcan un nuevo capítulo en el desencuentro entre las universidades públicas y el Gobierno andaluz. El conflicto se intensificó en 2024, cuando los rectores llegaron a plantear la vía judicial por una deuda que cifraban entonces en cerca de 50 millones de euros, derivada del “reiterado incumplimiento” del modelo de financiación aprobado en 2023.
La constitución de la comisión técnica abrió meses después una nueva vía de diálogo para determinar las necesidades reales del sistema y calcular las cantidades que correspondían a las universidades. Los rectores confiaban en que sus conclusiones permitieran reconducir la situación y elaborar los presupuestos de 2027 con una financiación suficiente. Ahora, tras meses de trabajo, han puesto sobre la mesa sus propias estimaciones: 38 millones adicionales para 2026 y otros 41 millones que consideran necesarios para el próximo ejercicio.
Estas cantidades, sin embargo, todavía deben ser validadas por la administración autonómica. Preguntada por este periódico, la Consejería de Universidad sostiene que aún no existen resultados de la comisión técnica, por lo que las cifras presentadas por los rectores no cuentan por el momento con el visto bueno de la Junta.
Mientras tanto, los rectores exigen que “el cumplimiento del modelo no puede seguir produciéndose solo de forma parcial y mediante dotaciones extraordinarias que no se consolidan”, apuntando a la necesidad de que la financiación se ajuste de forma estable al modelo autonómico. De lo contrario, advierten, el desequilibrio financiero terminará afectando tanto a las plantillas como al estudiantado y a la capacidad de los campus para mantener su actividad académica e investigadora.
Pese a reconocer el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno andaluz y reiterar su disposición a negociar, advierten de que varias instituciones han llegado “al límite”, tras agotar ya su margen de ajuste y no poder seguir absorbiendo con recursos propios el desfase entre ingresos y gastos. Entre las universidades más afectadas, se encuentra la Hispalense, que ha recortado distintas partidas presupuestarias para tratar de garantizar el pago de las nóminas hasta final de año, afectando al profesorado y a programas emblemáticos como el Aula de la Experiencia para mayores.
Por todo ello, desde los rectorados apelan “a la responsabilidad de la Junta de Andalucía” de dotar al sistema universitario público andaluz de “una financiación suficiente, estable y previsible”. En caso contrario, fuentes universitarias deslizan que “habrá que tomar otras decisiones más adelante”.