La regularización de migrantes aterriza en una Andalucía inmersa en la campaña electoral: “No vengo a destrozar el país”
Andalucía, inmersa en la precampaña para las elecciones del 17 de mayo, se ha sumado este lunes al despliegue habilitado por el Gobierno de España para gestionar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes. El cálculo oficioso, aportado por algunas ONG, habla de unos 60.000 beneficiarios potenciales.
A las nueve de la mañana, el paseo de viandantes es ligero en Sevilla. Los turistas aún no llenan la Avenida de la Constitución y la oficina de Correos ubicada en esta céntrica arteria de la capital andaluza abre sus puertas sin colas. Es el primer día para normalizar la situación familiar y sociolaboral de muchos extranjeros mientras, en paralelo, los candidatos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) defienden la medida; y los candidatos de derechas (PP y Vox) la demonizan.
Un total de 372 oficinas de Correos facilitarán el trámite, junto a las 60 oficinas de la Seguridad Social y las cinco de Extranjería en todo el país. Dentro de la oficina de la Avenida de la Constitución, Edwin espera a un lado a que le atiendan con la cita programada: “Llevo en España un año y siete meses y necesito los papeles para trabajar”, dice.
Procedente de Perú, donde trabajaba como taxista, huyó del país a causa de “la inseguridad que había en las calles” de su pueblo. “Llegan con la moto y te piden el dinero, el primer día pasan y dices que no puedes, vale, vienen el segundo día, no pagas y te dejan ir, vale, al tercero ya te meten la bala”, asegura sin alterar un ápice su semblante.
Con 35 años, salió de Perú con su esposa y, al poco que pudo, trajo a sus dos hijos adolescentes. “Tal vez echen raíces aquí, hagan su familia, quién sabe, a mí me gustaría volver cuando todo se calme”, dice. Entre la incertidumbre y las decisiones dolorosas, ha surgido esta oportunidad para encauzar su vida en Sevilla, ciudad en la que ha encontrado una oportunidad laboral que espera que pronto se legalice después de que abandonara Barcelona. Frente a quienes atacan esta regularización extraordinaria, encoge los hombros y zanja: “Si yo voy a un país, no voy a destrozarlo”.
“El 86% de las personas que se van a regularizar son hispanoamericanas”, afirma Jorge Serrano Paradinas, director de la Fundación para la Ciudadanía Global. La organización, que ha sido una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que finalmente fue recogida en el Real Decreto publicado el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado, estima que se esperan unas 90.000 solicitudes de regularización en Andalucía, aunque lo más probable es que se acepten 60.000 solicitudes.
A partir de los datos que manejan, Andalucía se convertiría en la tercera comunidad con más demandantes, después de Cataluña y Madrid, mientras que, a nivel nacional, la entidad cuantifica que habrá 751.200 solicitudes, aunque habrá que esperar a junio para saber el cómputo final. Entre las nacionalidades con más población, auguran que son Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Paraguay, cayendo hasta el noveno puesto Marruecos.
“Venimos a aportar”
Roberto sale de la oficina tras casi media hora: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”, asegura. Desde que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos en enero, ha estado atento a cada una de las actualizaciones. Un hito que cambió su perspectiva, ya que, de repente, ha acortado los tiempos de la petición de asilo por razones humanitarias (casi dos años) a apenas unos meses.
Este venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico y tiene los conocimientos digitales para que le haya parecido ágil y rápido este procedimiento, al contrario que a muchas otras personas migrantes que acuden a las asociaciones y sindicatos para pedir ayuda con todo el papeleo.
Roberto aterrizó en Sevilla tras hacer la intentona en Colombia y Santiago de Chile y, por el momento, no se arrepiente de la decisión. “La gente es muy cálida, aunque uno siempre vive con esa nostalgia y duelo por vivir fuera de su país... Pero me focalizo y tengo buena actitud”, sonríe, con la esperanza de que vengan pronto su madre y su hermana, tanto sea de visita como de forma definitiva.
A la espera de que su título se homologue, estudia un curso de climatización a través de Cáritas -la ONG vinculada a la Iglesia Católica- con tal de conseguir más oportunidades laborales desde que se apruebe su solicitud. “Este proceso acorta los tiempos y así tampoco se aprovechan de ti”, dice basándose en el testimonio de los compañeros con los que comparte clase, que se han visto afectados por la explotación laboral o las condiciones precarias de vivienda a causa de la desprotección que soportan.
Así, observa que tanto en los países sudamericanos en los que ha vivido como en España, donde la regularización extraordinaria ha sazonado la precampaña andaluza y ha sido la punta de lanza de los partidos de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez, se establece la misma dinámica: el discurso contra la población migrante para buscar el rédito electoral. “En Santiago de Chile, como aquí, los políticos culpan a la migración por no asumir la realidad, tanto para explicar por qué aumenta la delincuencia como para decir que no hay trabajo. Te venden el discurso y mucha gente cree que somos así... Hay gente mala, como en todas partes, pero venimos a aportar”.
La sede de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está saturada. Fuentes de la organización explican que atienden llamadas de teléfono cada 30 segundos y la gente acude a sus puertas “desesperada”. Cuando ven que las puertas están cerradas, se quedan fuera esperando. Por ello, han decidido organizar una charla informativa en su sede de Sevilla, con tal de que se acerque cualquier interesado y, así, facilitar los recursos a quien lo necesite.
Es más, la calma que rezuma la oficina de Correos en los alrededores de la Catedral de Sevilla contrasta con las colas que ha habido durante la mañana en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, junto a los jardines del Prado de San Sebastián, lugar al que se ha trasladado el grupo municipal de Vox para atacar el proceso de regularización.
El partido ultraderechista ha priorizado, por encima de todas las políticas que defiende en el Parlamento andaluz (14 diputados), su discurso antiinmigración, un área sobre la que el Gobierno autonómico apenas tiene competencias. Es una guerra cultural de Vox que da votos: vincular al extranjero con la delincuencia, sin aportar datos oficiales y en contra de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
Ha sido una constante en el discurso de Vox durante toda la legislatura y, ya en campaña, es una preocupación tanto para el PP de Juan Manuel Moreno como para el PSOE de María Jesús Montero porque, el hecho es que el discurso antiinmigrante moviliza votos, sobre todo en tres provincias donde más trabajadores extranjeros hay, ligados al trabajo en el campo: Huelva, Jaén y Almería. En esas tres provincias se juega Moreno la mayoría absoluta con el avance de Vox, según cálculos de los populares.
La cola en el registro municipal hispalense fluye. Juan Bueno, concejal del PP y portavoz del gobierno municipal, ha aclarado que los trámites se han realizado con “normalidad absoluta”: “Se va a atender a todas las personas en los horarios en los que trabajan nuestros funcionarios, pero me gustaría recordar que otros puntos de registro público también están disponibles y que el plazo es amplio”.
El informe de vulnerabilidad
Desde la asociación Adhara también ha habido dos charlas informativas a un total de 36 usuarios para aclarar las cuestiones más técnicas del trámite. Con este apoyo intentan agilizar el proceso, ya que no tienen trabajadores sociales ni pueden realizar informes de vulnerabilidad.
Un punto sobre el que Rosa Berges, secretaria de Política Migratoria de CCOO, entraña varias dudas: “Todavía no hay ninguna saturación en las oficinas del sindicato, pero sí mucha desorientación, sobre todo con el certificado de penales y el informe de vulnerabilidad, que está generando mucha controversia”, siendo las provincias de Almería, Málaga, Sevilla y Huelva donde ha habido más atenciones.
Aparte de que es imprescindible carecer de antecedentes penales, para solicitar la regularización hay que basarse en uno de los siguientes tres supuestos: el laboral, para lo que se debe presentar una oferta de trabajo o una declaración responsable sobre el negocio a abrir; el familiar, demostrando que vive en España en una unidad familiar; o el supuesto de situación de vulnerabilidad, para lo que se precisará un informe social que acredite la condición. “Hay ayuntamientos que no están dando este documento o están sobrecargados y nos derivan. Y entonces existe un desconcierto por un documento que genera incertidumbre”.
Además, aclaran que para aquellas personas solicitantes de asilo no es necesario renunciar a esta condición antes de registrar la petición para regularizar su situación, pero sí cuando hayan recibido la respuesta positiva. “Es normal esta desorientación al comienzo de un proceso de tal magnitud porque hay que trasladar lo que pone el BOE a una solicitud concreta”, comenta Berges, quien espera que en las próximas jornadas se agilice la atención en las oficinas.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026, tanto de manera presencial o telemática a través de la plataforma 'Mercurio'. En los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia se han abierto las oficinas de la Seguridad Social de 16.00 a 19.00 horas; luego, en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de Extranjería de 16.00 a 19.00 horas, lugares a los que acudirán las personas sin papeles que, al no tener documento electrónico, no podrán acceder por su propia cuenta a la vía telemática.