El Consejo de Transparencia emite otra resolución por “incumplimientos” del Ayuntamiento de Castilblanco

Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

EP

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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha emitido una nueva resolución en la que declara que el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), gobernado por José Manuel Carballar (PSOE), ha incurrido en diferentes “incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa” a las que está sometido, al no haber dado cumplimiento efectivo a dos resoluciones previas de dicha institución emitidas en 2021 y 2018 con relación a la difusión de diferentes aspectos relacionados con la gestión municipal.

En una resolución emitida el pasado 23 de julio de 2021 y recogida por Europa Press, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos se hacía eco de una denuncia relativa a “la ausencia de determinada información en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, lo que se traduce en la no disponibilidad en sede electrónica, portal o página web de la correspondiente información”.

Tras cotejar el asunto con el Ayuntamiento y sus recursos, la citada institución no advertía “incumplimiento alguno de la obligación de publicidad activa relativa a la información sobre los contratos menores prevista” en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, “dejándose constancia en el expediente de las comprobaciones anteriores que así lo confirman, sin perjuicio de que la información publicada se corresponda o no con los contratos efectivamente publicados”.

Además, el Consejo había podido “confirmar al consultar varias secciones del Portal de Transparencia y del Perfil del Contratante del Ayuntamiento denunciado la disponibilidad de cierta información y documentación relativa a la gestión administrativa de los contratos desde 2018, ya sea mediante enlaces a la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien, directamente, a través de su propia publicación”.

Subvenciones y ayudas públicas

“A la vista de las comprobaciones descritas y dados los términos genéricos en los que se formula la denuncia, que no señala ningún hecho concreto que permita inferir un incumplimiento cierto en relación con la actividad contractual del ente local denunciado, este Consejo no puede concluir incumplimiento alguno al respecto, sin perjuicio de que la información publicada se corresponda o no con los contratos efectivamente publicados”, abundaba la institución.

Empero, avisaba de que tras consultar “tanto el Portal de Transparencia como la página web y la Sede Electrónica del Ayuntamiento, no ha sido posible localizar información alguna relativa a las subvenciones y ayudas públicas concedidas”, con lo que procedía “declarar el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía”.

Además, en otro apartado de su resolución, la entidad declaraba que “solo se ha podido confirmar la publicación de las resoluciones de Alcaldía en las que se acuerda la organización municipal y las retribuciones que corresponderían a los concejales de la Corporación para las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023”, cuando la citada Ley “exige la difusión electrónica de las retribuciones anuales realmente percibidas por los máximos responsables de la entidad local, teniendo en cuenta, además, que esta obligación se extiende a cualquier concepto retributivo, con independencia de la naturaleza jurídica que pueda revestir éste, como es el caso de asignaciones por kilometrajes, dietas por viajes o por asistencia a reuniones de órganos colegiados”.

Por eso, declaraba que el Ayuntamiento habría “incumplido la Ley de Transparencia Pública de Andalucía al no publicar las subvenciones y ayudas públicas concedidas”, incoando un proceso sancionador al respecto; reclamándole de otro lado la publicación expresa de “las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente” por los concejales.

Expediente sancionador

Ahora, merced a una nueva denuncia promovida precisamente en julio de 2021 con relación a aspectos similares a los descritos en la citada resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía, dicho organismo atribuye al Ayuntamiento de Castilblanco, en una nueva resolución de fecha 9 de mayo, diferentes “incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa” a las que está sometido, declarando que dicho consistorio no ha publicado “la información exigible” en la resolución de fecha 23 de julio de 2022 y en otra similar de fecha 9 de noviembre de 2018.

Así, la entidad acuerda “la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario, al constatar nuevamente el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, requiriendo “expresamente al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que proceda a publicar en sede electrónica, portal o página web la información” exigida en tales resoluciones previas.

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