Un año después de su constitución, el Gobierno de Andalucía le ha dado forma a su concepción de la formación para el empleo, uno de los ejes sobre los que el PP y C's pivotaron su política de desgaste de los socialistas: “Vamos a pasar de la subvención, que se ha demostrado como ineficaz, a una licitación a través de la Ley de Contratos del Sector Público [en lugar de la Ley General de Subvenciones] que nos va dar seguridad, calidad y rapidez”, ha enfatizado este miércoles la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Ruiz.
Presentaba el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, que servirá de marco para la convocatoria de cursos desde 2020 y lo hacía justo el día en que se conocía que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años cárcel para la cúpula de UGT en Andalucía por supuesto fraude con subvenciones para acciones formativas sobre las que pesan varios años de sospechas.
La diferencia entre subvención y licitación
La diferencia se puede resumir en que, en lugar de convocarse las subvenciones y otorgarse a todos los que cumplan los requisitos en función del orden de petición y hasta que se agotan, se saca a concurso público la cuantía, presumiblemente en distintos paquetes [porque esto no lo ha aclarado la consejera], y se adjudican una vez valoradas las distintas ofertas que se presenten. Es decir, se eligen “las mejores” según los criterios que se hayan fijado en la convocatoria.
En concreto, en 2020 se calcula que se podrán licitar ciclos por unos 80 millones de euros -la mitad de lo que recibirá Andalucía el próximo ejercicio- y con los que se pondrá fin a la parálisis de estos fondos públicos entre 2012 y 2018 por la judicialización a la que ha estado sometida su gestión.
De hecho, en 2018 no se ejecutó tampoco ningún euro, y en 2019 los nuevos mandatarios de la Junta de Andalucía no han llegado a los 20 millones de euros. Hay 176 millones de euros para 2020, pero Rocío Ruiz ha dicho que, “por prudencia”, sólo garantiza que se puedan ejecutar los 80. “El salto es muy grande. No hemos venido a engañar”, ha justificado.
La licitación para estos fondos públicos se usa en la Comunidad de Madrid y en Galicia, pero combinado con la subvención. En Andalucía será por sistema, si bien la consejera no ha descartado que se pueda volver a la subvención, pero “sólo para casos puntuales en los que se vea que es lo mejor” o la “única manera”. De manera que esto significa que “se podrá presentar cualquier proveedor de formación de ámbito nacional o internacional”, una posibilidad que llega cuando tanto la gestión de estos programas por los sindicatos como por la propia Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha estado en entredicho y los ha dejado un poco fuera de juego.
Dudas
Con este cambio, el Gobierno de Andalucía pretende terminar con un modelo marcado por las denuncias durante la pasada legislatura. Pese a que en su mayoría están ya archivadas, cierto es que la gestión de estos fondos públicos ha sembrado dudas no solo en Andalucía, sino en el conjunto del país, y de hecho, hay una investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde hace un año.
“La experiencia de 2000 a 2009 muestran que el sistema de subvenciones no cumple con los objetivos de calidad y seguridad jurídica”, ha apostillado el viceconsejero, Miguel Ángel García, quien ha comentado que esta es la base de la nueva estrategia. También ha comentado: “El diseño de las políticas está pendiente porque queremos contar con los agentes económicos y sociales”.
“Los andaluces necesitan que haya formación”
De momento, estos se han ido ya pronunciando. En opinión del secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO en Andalucía, Sergio Santos, las medidas “no cubren las necesidades que tienen los trabajadores, que son muchas y urgentes”, después de que se hayan dejado de gastar cientos de millones de euros. Ha exigido también que el planteamiento se base en “un diagnóstico real de las necesidades formativas que tienen las empresas y los trabajadores para perfilar el sistema formativo adecuado”, tanto para ocupados como para desempleados.
Su homólogo de UGT, Óskar Martín, ha señalado que los sindicatos no han sido invitados todavía a participar en el proceso pero sabían que se iba a elaborar este documento. “Nos da igual que sea el modelo subvencional o el de licitaciones pero los andaluces necesitan que haya formación para el empleo porque es un derecho porque se financia a través de la cuota que pagan los trabajadores mediante su nómina y junto con los empresarios”.
En la misma línea, ha indicado que “en Andalucía es incluso más necesario por la situación de desempleo, parados de larga duración y tasa de pobreza y exclusión social”. Para concluir: “Entendemos que rechazar o no ejecutar estos fondos públicos es un lujo que no nos podemos permitir”.
Los mismos índices negativos que en 1995
Precisamente, el viceconsejero ha dado a conocer el diagnóstico que ha precedido la elaboración de este documento: “El nivel de renta media por habitante, la tasa de desempleo y la especialización de la estructura productiva en Andalucía son prácticamente los mismos que en 1995 (...), por lo que las políticas no han sido todo lo exitosas que deberían”. Y todo empeoró con la “demonización” del modelo, porque ha reconocido que las partidas para políticas activas de empleo asignadas a Andalucía “han sido 2.330 millones de euros entre 2012 a 2018, pero se han perdido 1.319 por no ejecutarse, de los que 1.013 corresponden a formación para el empleo”.
La fórmula cabe perfectamente dentro de la ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de formación para el empleo. La misma recoge que estas acciones formativas sean por “subvenciones en régimen de concurrencia competitiva”. Pero también habilita a las administraciones públicas para hacerlo en “régimen de contratación pública o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho que garantice la publicidad y la concurrencia”. La concesión directa de subvenciones solo la prevé para “becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento”, y para medidas para conciliar “la asistencia a clases con el cuidado de menores de 6 años o de familiares dependientes”.
El plan director presentado este miércoles recoge también otros dos ejes. Por un lado, los servicios públicos de empleo, que “necesitan una modernización” y que llevará, según ha vaticinado la consejera, a una nueva relación de puestos de trabajo en el SAE. Y por otro lado, a las relaciones laborales.