El vicepresidente andaluz de Vox rechaza acoger a niños migrantes de Ceuta ante el silencio de Moreno: “Así lo pactamos”
El Gobierno andaluz ha dejado pasar las horas sin responder oficialmente a la solicitud del reparto de menores migrantes llegados de forma irregular a Ceuta, en la crisis humanitaria provocada por la entrada masiva de 70.000 personas en territorio español.
El presidente Juanma Moreno “está de vacaciones” y ni la Consejería de Presidencia ni la de Política Social e Igualdad, que tiene las competencias sobre menores, han respondido a este periódico si la Junta de Andalucía acogerá a una parte de esos niños -en torno a un millar, según los datos del presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas-, después de que el número dos del PP nacional, Miguel Tellado, anunciase el miércoles que ninguna comunidad gobernada por el PP los aceptaría.
La primera respuesta oficial del Gobierno andaluz a la crisis humanitaria de Ceuta -con 80 fallecidos por el momento- ha sido la del vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, anunciando que Andalucía “se va a oponer” a un futuro reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta. “Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo hemos pactado”, ha escrito en su cuenta de la red social X.
El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local se ha remitido al pacto de Gobierno PP-Vox firmado hace poco más de un mes, que sirvió para investir presidente a Moreno, y que recoge literalmente “No más MENA”, y un rechazo frontal al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, algo que provocó la ruptura de los gobiernos de coalición PP-Vox en 2024.
Entonces, la acogida de niños era voluntaria para los gobiernos regionales, en virtud de un principio de solidaridad que tensionó (y terminó por romper) los ejecutivos de la derecha y la ultraderecha (Aragón, Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valenciana). El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto en la primavera de 2025 haciendo “obligatorio” ese reparto entre comunidades, atendiendo siempre a la capacidad y el volumen de menores que ya gestionaba cada comunidad.
El Ejecutivo ceutí, del PP, apoyó ese Real Decreto e instó a la solidaridad de sus compañeros de partido, presidentes autonómicos. Moreno, entonces con mayoría absoluta, defendió en el Parlamento andaluz el acogimiento de esos niños por razones “humanitarias” y por el cumplimiento de la ley. Las elecciones andaluzas del 17 de mayo le arrebataron esa mayoría absoluta y, poco más de un mes después, selló un pacto de Gobierno con Vox que recogía todas sus cláusulas antiinmigrante, desde la “prioridad nacional” hasta el veto explícito a acoger menores extranjeros.
El punto 12 de ese acuerdo, firmado por Moreno Bonilla y el propio Gavira, recoge el “rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía”. “Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, añade el documento.
El vicepresidente andaluz considera que lo ocurrido en Ceuta es “una invasión”. “Quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos”, ha escrito Gavira, que ha añadido: “Y, si son menores, con sus padres”.
Por su parte, Alejandro Hernández, exportavoz de Vox en el parlamento andaluz y actual delegado de Justicia del Gobierno en Córdoba, se ha preguntado en un mensaje en redes sociales “qué razones humanitarias nos obligan a hacernos cargo” de los menores. “¿Hay guerra en Marruecos? ¿Hay hambruna en Marruecos? ¿Hay alguna catástrofe natural en Marruecos? ”, ha reiterado Hernández, que igualmente ha acusado a Rabat de no querer asumir su responsabilidad con los menores cuando “se va a gastar 600 millones de euros en construir un estadio de fútbol para albergar la final de un mundial”.
Antes del anuncio de Gavira, los gobiernos de Aragón, Extremadura o Castilla y León –en los que el PP gobierna en coalición con la extrema derecha– ya habían anunciado que se opondrían a ese futuro reparto. Aragón ha anunciado que pondrá “todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos” a su alcance para ello. La vicepresidencia primera de Castilla y León, en manos de Vox, ha asegurado que se opondrá “frontalmente”.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que esta es una crisis de “seguridad nacional” y no una cuestión migratoria. Aunque el Partido Popular ha estado defendiendo el no acogimiento de los menores, su vicesecretaria de Coordinación Sectorial ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.
Las autoridades ceutíes calculan que hay un millar de menores extranjeros que necesitarán atención, aunque se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos todavía estaban “en barriadas y calles” y no se han incorporado al sistema de protección.