El Gobierno de Aragón rebaja los impuestos de Transmisiones y de Sucesiones en cientos de municipios
El Gobierno de Aragón ha rebajado el Impuesto de Transmisiones Patrimioniales y Actos Jurídicos Documentados y en el tributo de Sucesiones y Donaciones en casi 700 municipios de la Comunidad. Se trata de una de las últimas decisiones de calado del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, que la aprobó unos días antes de las elecciones autonómicas.
La resolución es una orden del Departamento de Hacienda que rebaja los coeficientes que deben aplicarse a las valoraciones catastrales de los bienes inmobiliarios, básicamente viviendas, locales y terrenos, para calcular esos tributos, y que modifica la emitida el año anterior. Las nuevas normas rigen para los cambios de propiedad, ya sea por venta, herencia o entrega gratuita, que se efectúen a lo largo de este año.
Las modificaciones de los coeficientes afectan a 698 municipios incluidos en el Anexo I de la Orden, en la práctica totalidad de los cuales se producen rebajas de entre el 5% y el 20%. El listado incluye 181 pueblos de Huesca, 233 de Teruel y 284 de Zaragoza, entre los que no se encuentran las capitales ni las principales poblaciones y en los que la práctica totalidad de las modificaciones tienden a la baja. La resolución, no obstante, revisa al alza los índices en unas pocas localidades.
Valoraciones teóricas sin peritar los inmuebles
La legislación tributaria permite aplicar un sistema de coeficientes para calcular esos impuestos en lugar de peritar el inmueble para afinar el impuesto. Se aplican sobre el valor catastral del bien, y de la cifra resultante se deriva el porcentaje que recauda la Administración cuando cambia de propietario. Ese sistema provoca desajustes en las zonas rurales, ya que los valores teóricos del Catastro no siempre son acordes con la realidad material, explicaron fuentes jurídicas.
Suele ocurrir, por ejemplo, con edificios viejos y con tierras calificadas como regadío cuando son expectantes y están pendientes de transformación. En estos últimos casos es relativamente frecuente pagar un IBI elevado por basarse en una catalogación de zona regable que, por el contrario, no permite que las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) dejen de ser de secano. En el de los inmuebles, el encarecimiento de los últimos años se debe a que las ponencias de revisión aplicaron estimaciones propias de la burbuja inmobiliaria cuando esta ya se había desinflado.
La orden señala que “para esta actualización se han calculado unos coeficientes específicos de ajuste relativos a la superficie, calidad y antigüedad” que han tirado a la baja por estar basados en “las compraventas de dicho tipo de viviendas de los municipios de Aragón para el periodo 2010-segundo trimestre de 2014”, periodo en el que cayeron los precios.
Paralelamente, los índices se elevan para “determinados municipios, con ponencias [de revisión catastral] de los años 2006, 2007, 2008 y 2009”, ya que experimentaron “una disminución de sus valores catastrales”. Sin embargo, añade que, en estos casos, “el incremento de este coeficiente resulta suficientemente ponderado en cuanto a su resultado final, precisamente por esa revisión a la baja de los valores catastrales, por cuanto de la consideración global de ambos factores del producto -coeficiente y valor catastral- resulta finalmente una disminución del valor estimado a efectos fiscales”.
Régimen especial para los pueblos turísticos
La orden aplica “un régimen especial para el grupo de localidades calificadas como municipios turísticos, que mantendrán temporalmente los coeficientes aprobados para 2014, salvo para los municipios de Villanúa y Sallent de Gállego”, ambos en el Pirineo oscense.
Y, por último, modifica las normas para valorar a efectos tributarios los locales y naves en 22 localidades. Suben en Barbastro y en Monzón y bajan en Aínsa, Bielsa, Binéfar, Boltaña, Fraga, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite, Alcañiz, Andorra, Calamocha, Alagón, Ateca, Borja, Calatayud, Caspe, Ejea, La Almunia, La Muela y Tarazona. La revisión afecta a oficinas, almacenes, industrias y comercios, con la excepción de los mercados y los supermercados
Desplome de los ingresos
Los impuestos afectados por la orden del Departamento de Hacienda que dirige Javier Campoy han sufrido un notable retroceso en los últimos años, principalmente por el desplome de las transacciones inmobiliarias tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Durante la bonanza, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales llegó a superar los 500 millones de euros.
La previsión de liquidación del Ejecutivo autonómico del año pasado apunta a unos ingresos de 150 millones por Sucesiones y Donaciones y de 82 por Transmisiones Patrimoniales, 62 menos de los previstos y 43 por debajo del año anterior.
Antes de la crisis, en 2008, los presupuestos consignaban partidas de, respectivamente, 135 y 518 millones. Era casi el triple. Solo el segundo de esos tributos cubría, aproximadamente, la décima parte de las necesidades económicas de la comunidad autónoma.
