Aragón reparte 13,6 millones por la crisis energética, pero paga por hectárea hasta ocho veces menos que Galicia o Baleares

El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa más dinero que ninguna de las comunidades que ya han convocado las ayudas de emergencia por la crisis de Oriente Próximo, pero lo reparte en porciones mucho más pequeñas. La orden del Ejecutivo, publicada este lunes, destina 13,6 millones de a agricultores y ganaderos afectados por la subida de los fertilizantes y del gasóleo tras el cierre del estrecho de Ormuz. Así, cada hectárea de secano recibirá 10 euros y cada hectárea de regadío, 21.

Las dos comunidades que se han adelantado con sus convocatorias, Galicia y Baleares, pagan sin embargo hasta ocho veces más por hectárea. Galicia abona 55,3 euros en secano y 145,5 en regadío, a los que suma 12 euros por hectárea para compensar el gasóleo. Mientras, Baleares paga 67 y 176 euros.

El Departamento de Agricultura ha agotado el margen que da Bruselas: su aportación es el doble de la europea, el máximo que permite el reglamento. Pero la cuantía por hectárea depende de cómo se reparte ese dinero, y Aragón ha optado por llegar a más explotaciones, incluida la ganadería extensiva, a costa de pagar menos a cada una. Tampoco descuenta la ayuda estatal ni exige presentar solicitud. Aun así, sumando lo que paga el Estado, el campo aragonés queda por debajo del sobrecoste que el propio Ministerio de Agricultura calcula para los fertilizantes, algo que no ocurre en Galicia ni en Baleares.

Cómo se reparte el dinero

De los 13.632.077,79 euros, 4,5 millones proceden de la reserva agrícola europea, que la Comisión movilizó mediante un Reglamento europeo, y los 9,1 millones restantes son fondos autonómicos. Se trata exactamente del doble de la asignación europea, el máximo que permite el reglamento como ayuda nacional complementaria.

Podrán cobrar los titulares de explotaciones que presentaron la solicitud única de la PAC 2026 y que a 15 de mayo estuvieran de alta en la Seguridad Social por actividad agraria o eran titulares de una explotación prioritaria. No tendrán que pedirla: la orden da por hecha la solicitud con la declaración de la PAC.

La ayuda se calcula con tres módulos: 10 euros por hectárea de secano, 21 por hectárea de regadío y 10 por unidad de ganado mayor (UGM) en ganadería extensiva y apicultura. Una oveja o una cabra reproductora y una colmena equivalen a 0,1 UGM, y una vaca nodriza, a 0,8. En la práctica, el Gobierno pagará un euro por oveja, un euro por colmena y ocho por vaca: un rebaño de 500 ovejas cobrará 500 euros.

Quedan fuera los barbechos y los pastos, por no ser superficies que se abonen. Cada explotación podrá computar como máximo 300 unidades, empezando por las de mayor importe, y no se pagarán ayudas inferiores a 100 euros. Si las solicitudes no agotan el crédito, la orden permite subir los módulos con un coeficiente lineal; si lo superan, se reducirán del mismo modo.

Entre cinco y ocho veces menos por hectárea

Galicia y Baleares han convocado ya sus ayudas con cargo al mismo reglamento europeo. Galicia dispone de 3.652.583,30 euros y Baleares, de 1.500.000, bastante menos que Aragón, pero ambas pagan mucho más por cada hectárea: en secano, Baleares paga 6,7 veces lo que Aragón, y Galicia, 5,5 veces. En regadío, la distancia es de 6,9 veces con Galicia y de 8,4 con Baleares.

La brecha se estrecha si se descuenta la ayuda estatal, que Galicia y Baleares restan a quien ya la cobró y Aragón no. Para ese agricultor, Galicia paga 29 euros netos en secano y 65 en regadío, incluido el gasóleo. Baleares paga 28,7 y 83,5. Aun así, es casi el triple que Aragón en secano y entre tres y cuatro veces más en regadío.

Euskadi ha elegido otro camino. Su línea para la crisis de Ormuz, anunciada en octubre por el Gobierno vasco, se limita al vacuno de leche y paga por cabeza: 36 euros por vaca, con 565.056 euros en total. De ellos, 394.615 proceden del fondo europeo y unos 170.000, del presupuesto vasco, menos de la mitad de la asignación europea.

La resolución gallega recoge el cálculo del Ministerio de Agricultura sobre cuánto se ha encarecido abonar una hectárea. Con la evolución de los precios de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados, en los casi cinco años que van de junio de 2021 a marzo de este año el sobrecoste estimado es de 55,3 euros por hectárea de secano y de 145,5 por hectárea de regadío.

La ayuda estatal, de 38,3 y 92,5 euros, cubre el 69,3% y el 63,6% de ese sobrecoste. Galicia decidió compensar el resto, y Baleares lo supera. Aragón no lo alcanza.

Sumando la ayuda estatal y la autonómica, un agricultor aragonés recibirá 48,3 euros por hectárea de secano y 113,5 por hectárea de regadío. Según el cálculo del Ministerio, le quedarán sin cubrir 7 euros por hectárea en secano y 32 en regadío: el 13% y el 22% del sobrecoste. Es en el regadío, que requiere de más abono, donde la diferencia pesa más.

Qué cobra una explotación de 100 hectáreas

El efecto se ve mejor con un ejemplo. En Aragón, una explotación de 100 hectáreas de regadío que ya cobró la ayuda estatal recibirá 2.100 euros del Gobierno autonómico, 11.350 en total si se suman los 9.250 del Estado. En Galicia cobraría 15.260 euros y en Baleares, 17.600.

En regadío, el agricultor aragonés cobrará en total 6.250 euros menos que uno balear y 3.910 menos que uno gallego. En secano, la misma explotación cobrará en total 4.833 euros en Aragón, frente a 6.732 en Galicia y 6.700 en Baleares.

El diseño aragonés llega, eso sí, a colectivos que las otras dos convocatorias dejan fuera. Es la única que paga a la ganadería extensiva de bovino, ovino y caprino y a la apicultura. Tampoco resta la ayuda estatal, de modo que quien ya la cobró recibe el módulo completo.

Los requisitos de acceso también son más amplios. Galicia exige estar de alta como autónomo y que los ingresos agrarios supongan al menos el 25% del total en 2025. Baleares limita la ayuda a explotaciones prioritarias, a perceptores de las ayudas de zonas de montaña o con limitaciones específicas y a productores de Formentera.

Aragón, en cambio, no pide justificar el gasto. Galicia obliga a declarar que se dispone de las facturas de abono y gasóleo y anuncia un plan de controles para comprobar el sobrecoste real. La orden aragonesa declara la ayuda compatible con otras “siempre que la acumulación no supere la pérdida económica estimada”, pero no concreta cómo se estimará esa pérdida.