La concentración parcelaria, tradicional herramienta para modernizar y ordenar las explotaciones agrícolas, vive en Aragón un momento de contradicciones. Mientras desde instancias oficiales se impulsa el proceso en áreas concretas, desde el sector agrario y la oposición política se denuncia una “paralización” que está lastrando la actividad rural y la competitividad del campo.
La concentración parcelaria es un procedimiento técnico y jurídico que reorganiza la propiedad rústica, agrupando parcelas dispersas en fincas de mayor tamaño y mejor configuración para la producción agrícola. El objetivo es optimizar explotaciones, reducir costes y generar infraestructuras rurales —como caminos o acceso a regadíos— que faciliten el trabajo en el campo.
En un territorio como Aragón, con una agricultura muy diversificada y en muchas zonas todavía marcada por parcelas minifundistas, la concentración parcelaria se presenta como una herramienta “fundamental” para avanzar hacia un entorno rural más competitivo y sostenible.
Proyectos en marcha, pero con el freno de mano puesto
Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón, hay varias zonas donde la concentración parcelaria sigue en ejecución. Calcón (Huesca), con más de 3.200 hectáreas en reordenación y las obras en marcha desde mayo de 2024. Gurrea de Gállego (Huesca), un proyecto de más de 6.600 hectáreas previsto hasta finales de 2025. O Bello (Teruel), en la fase I con más de 4.200 hectáreas también en desarrollo.
Además, varios municipios en Huesca, Zaragoza y Teruel también se encuentran inmersos en procesos en fase de exposición pública de documentos o toma de posesión de fincas de reemplazo, pasos previos a la ejecución definitiva de la concentración parcelaria.
En total, a día de hoy, el Gobierno de Aragón tiene abiertos 51 procesos de concentraciones parcelarias correspondientes a 48 municipios: 22 en Teruel, 17 en Huesca y 9 en Zaragoza, con una superficie afectada de 140.751 hectáreas, de ellas 86.303 se encuentran en la provincia de Teruel, 30.778 en Huesca y el resto en Zaragoza provincia.
Denuncias de paralización y críticas políticas
La gestión de la concentración parcelaria en la comunidad en los últimos años ha sido criticada por el sector político. El PSOE ha denunciado que la ejecución de concentraciones parcelarias en Aragón está “prácticamente parada desde 2024”. El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Marcel Iglesias, señalaba en una de sus comparecencias en las Cortes que “la falta de presupuesto y voluntad política” es la causa por la que muchas zonas han quedado paralizadas.
También la diputada Pilar Buj, portavoz de Teruel Existe en la Comisión de Agricultura de las Cortes, apuntaba recientemente a “la falta de voluntad política” del actual gobierno al que urgió agilizar los procesos de concentración parcelaria en la provincia, que acumula “26 expedientes abiertos en 22 municipios y que afectan a decenas de miles de hectáreas en fases muy dispares de tramitación”. Además, Teruel Existe ha solicitado a la consejería un informe actualizado sobre el estado de la concentración parcelaria, las actuaciones pendientes, los motivos de la paralización y los plazos previstos para su reanudación y finalización.
Las críticas no solo provienen de partidos políticos, también las organizaciones profesionales agrarias han advertido de retrasos en la ejecución de pistas y caminos previstos dentro de las concentraciones, así como de procesos extremadamente lentos y burocráticos.
Dichos procesos de concentración parcelaria beneficiarán a 15.101 profesionales del campo: 2.532 en la provincia de Zaragoza, 3.106 en la de Huesca y 9.463 en Teruel, según corroboran fuentes de la consejería del Gobierno de Aragón, que también subrayan que “por primera vez se van a destinar más de 1,5 millones de euros, procedentes del FITE, para concentraciones parcelarias y caminos en Teruel”.
Conflictos territoriales: el caso de Muniesa
Y precisamente en esta provincia, además de las dificultades técnicas y presupuestarias, la concentración parcelaria se ha cruzado con “otros intereses territoriales”. En octubre de 2025, se paralizó el parque eólico 'Valdenebro Solar', cuyo proyecto contemplaba su construcción en las inmediaciones de Muniesa, porque parte de su trazado se ubicaba en una zona de concentración parcelaria, lo que obligó a denegar la autorización administrativa para no vulnerar la protección del patrimonio agrario, cumpliendo así con la Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.
Otro paso más para “desatascar” la concentración parcelaria en este municipio turolense es la última moción, aprobada en la sesión plenaria de diciembre del Ayuntamiento. Una iniciativa presentada por el grupo municipal Teruel Existe “para instar al Gobierno de Aragón a solucionar la falta de personal técnico y administrativo que mantiene paralizada la concentración parcelaria del municipio”. La propuesta, que salía adelante con los tres votos a favor de Teruel Existe y la abstención del Partido Popular, actualmente en el Gobierno municipal, permite avanzar a “una iniciativa largamente demandada por el sector agrario local”, tal y como apunta Raúl Blasco, concejal de Teruel Existe.
La formación turolense apunta que la falta de personal en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcañiz y en el Servicio Provincial de Agricultura de Teruel han causado que el proceso de concentración parcelaria del municipio se encuentre paralizado. Un escenario similar que se repite en otras zonas de Aragón.
Con la mirada puesta en el futuro
“La concentración parcelaria es una reivindicación histórica y una herramienta fundamental para modernizar la agricultura, mejorar la competitividad de las explotaciones y optimizar el uso de los recursos naturales”, subraya Raúl Blasco.
Sin embargo, el impacto real de la concentración parcelaria sobre el campo aragonés todavía no es medible, ya que, como apuntan desde el propio sector, depende de que los proyectos en ejecución puedan concluirse con eficacia y de que nuevos planes se pongan en marcha con agilidad. En lo que sí coinciden expertos y agricultores es que mejorar la competitividad del campo, reducir la dispersión parcelaria y facilitar infraestructuras rurales son objetivos necesarios para fijar población en el medio rural y atraer inversiones.
La actual percepción de paralización y la persistente queja de sectores agrarios, a lo que se suma la complejidad de compatibilizar políticas agrarias con las energéticas o ambientales, especialmente tras la entrada en vigor de leyes que buscan proteger tanto la agricultura familiar como el moderno uso del territorio, sugieren que aún hay un largo camino por recorrer para que la concentración parcelaria se convierta en un motor efectivo para la modernización en el rural aragonés.