Responsables de CCOO han denunciado este viernes cuatro nuevas privatizaciones de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y más en concreto la externalización del control de accesos de cuatro edificios emblemáticos del Ayuntamiento de Zaragoza: la Casa de Amparo, la Casa de las Culturas, el Túnel y la Azucarera. Además del coste de la privatización, de casi 1,6 millones de euros en tres años, supone que ocho trabajadores municipales no verán renovado su contrato y otros once funcionarios no conocen su destino o convivirán con los nuevos trabajadores de las contratas, a partir de febrero en que se prevé la incorporación.
A juicio del sindicato, que ya ha anunciado su primera movilización en el próximo pleno municipal del 28 de enero, donde se debatirá una moción del Grupo Socialista en la que se va a exigir la ampliación de plantilla, todo obedece a una estrategia planificada para dejar en manos privadas los puestos de trabajo de categoría inferior, lo que auguran que generará una precarización del empleo. CCOO asegura que este tipo de privatizaciones ya afecta a 20 centros municipales.
Begoña Pérez, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha asegurado que están “seriamente preocupados por la deriva que se está teniendo, no solo en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino en todas aquellas administraciones gobernadas por partidos de derechas respecto a cómo se va a manejar el futuro de los servicios públicos. Hay algunos que son claramente básicos, como son la sanidad y la enseñanza, pero hay otros que también redundan en beneficio de la ciudadanía en general y que se van privatizando de esta forma cada vez menos tapada y cada vez más clara respecto al plan que, desde luego, tienen dentro de la situación global y hacia dónde nos quieren llevar”.
El sindicato avanza que, además de mostrar su preocupación, van a ofrecer resistencia a cada una de estas actuaciones “porque no puede ser que se siga inflando el bolsillo de grandes multinacionales, de empresas multiservicios en detrimento de la calidad de los servicios públicos que se pueden ofrecer con empleados públicos”.
Por su parte, Juan Tamarit, secretario de la sección sindical de comisiones soberanas en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha explicado que 2 de enero se publicó la adjudicación de la externalización del control de accesos de los cuatro edificios citados, de los cuales, el Túnel y la Azucarera son, además, los dos buques insignia del nuevo modelo del Gobierno municipal de Natalia Chueca para el servicio de juventud, tras el cierre este verano de siete zonas jóvenes. “Por tanto, cierran zonas jóvenes y externalizan el control de accesos de sus centros estrella. Una cosa bastante peculiar”, apunta.
La externalización denunciada se ha producido en tres lotes. Dos de ellos han sido adjudicados a la empresa Integra, el que corresponde a los edificios de la Azucarera, el Túnel, por 508.317 euros, y el de la Casa de Amparo y la Casa de las Culturas, por 673.903 euros para tres años. El tercer lote, que ya se venía prestando ese servicio para los centros de servicios sociales municipales, ha recaído también en una empresa del grupo Clece, que es Eulen, por un importe de 398.925 euros.
Todas estas empresas, tanto Integra como Eulen, “están curiosamente vinculadas con Florentino Pérez, y se van a embolsar solo con estos tres contratos 1.581.147 millones de euros, casi medio millón de euros al año”, denuncia Tamarit.
Desde CCOO también recuerdan que en agosto de 2025 se externalizó el control de accesos del seminario, también al grupo Clece, por 416.000 euros anuales.
Para Comisiones Obreras, esto es un “sobrecoste innecesario” para las arcas municipales, ya que existe personal propio que hace estas funciones. De esta forma, “el Ayuntamiento de Zaragoza le va a pagar el sueldo a Vinicius Jr. durante 15 días al año, gracias a estas externalizaciones”, sostienen con ironía.
Nos preocupa mucho la deriva que lleva el gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca en el desmantelamiento de los servicios públicos municipales, lo que supone un sobrecoste, “no hay un ahorro económico en partidas presupuestarias; simplemente, se coge dinero y se destina a empresas externas”, concluyen.
Tamarit explica que lo que antes era una pirámide de puestos de trabajo, eliminan los puestos inferiores y están creando puestos superiores. “En las plantillas del 2024, 2025 y 2026 hemos visto cómo ha suprimido puestos de operario y puestos de oficial, que son los que abrirían estos centros de trabajo, para crear puestos superiores en la estructura. Comisiones -han aclarado- está a favor de que existan estos puestos superiores, pero no a costa de suprimir los puestos de las personas que abren puertas y que hacen otro tipo de tareas. El consejero habla mucho de la tasa de ocupación que tiene, pero para nosotros no es importante la tasa de ocupación, sino si es suficiente esa tasa de ocupación para poder prestar un servicio adecuadamente a la ciudadanía y no tener que pasar por la externalización que están haciendo”.
También se refiere a que durante el tiempo en el que están realizando la licitación de estos lotes, utilizan la figura del acúmulo de tareas, que está pensado en la legislación laboral de funcionarios y de personal de las administraciones públicas para asumir picos de trabajo, no para tapar un agujero durante un tiempo mientras se resuelve el expediente de la adjudicación.
Además, muestran su preocupación por las condiciones de trabajo de los nuevos trabajadores, peores que las que tiene el personal de las administraciones públicas. “Por tanto, se precariza el empleo y, a futuro, creemos que puede acabar siendo perjudicial o una forma de dar el servicio peor de lo que se estaba dando”. Citan como ejemplos las ambulancias deportivas o las propias zonas jóvenes y en todos se han hecho licitaciones con unas subidas salarios muy limitados, con problemas a la hora de negociar los convenios, incluso con convenios bloqueados durante muchísimos años.
En vez de externalizar mediante empresas del tercer sector, CCOO propone que la administración impulse la creación de plazas de personal subalterno para personas con discapacidad u otras capacidades y no abocarles a condiciones de trabajo insuficientes o precarias en empresas externas.