Cansina discordia

“La ampliación y reforma del hospital Royo Villanova será el próximo gran reto de la sanidad aragonesa para los próximos años”. Estas palabras las pronunció el expresidente Javier Lambán el 30 de marzo de 2023 en un acto en el centro sanitario, acompañado de la entonces consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Entonces se planteó reformar el actual edificio y construir uno nuevo anexo para ampliar la cartera de servicios, la UCI y las camas hospitalarias. Se barajó la cifra de 100 millones de euros de inversión con el propósito de iniciar los trámites del plan funcional en 2024.

Han pasado dos años y medio y nada se ha avanzado en lo que tiene que ser un equipamiento hospitalario necesario y urgente para los alrededor de 200.000 habitantes que residen en la Margen Izquierda del Ebro.

En el reciente debate sobre el estado de la comunidad autónoma, el presidente Jorge Azcón quiso subrayar que será un nuevo hospital y que la inversión será de 200 millones de euros. El doble de la anunciada por el anterior Gobierno. Solo que estamos a mitad de legislatura y con la aprobación del Presupuesto, cuando se presente, pendiente de la decisión de Vox y de que Azcón acepte el rechazo a la acogida de menores inmigrantes.

En el acto de marzo de 2023, el expresidente Lambán afirmó que estas inversiones “trascienden a los Gobiernos, no son de un Gobierno y lo deseable sería acortar los plazos lo máximo posible”. De sentido común. 

Sin embargo, ni en Aragón ni en España, salvo excepciones, suele ser habitual que los Gobiernos reconozcan el trabajo de los anteriores. Al contrario, machaconamente solo se amplifica lo negativo y se vive a diario en el agravio permanente si, como es el caso, son de diferente color político el autonómico y el de España. En la sanidad aragonesa se pueden poner más ejemplos como los de las obras y accesos a los nuevos hospitales de Teruel y de Alcañiz. La apropiación partidaria de las inversiones públicas es una pulsión irrefrenable.

Podemos citar más ejemplos en otros departamentos como los del proyectado Museo del Ferrocarril con sedes en Canfranc-Casetas y Caminreal-Fuentes Claras para revitalizar el eje norte-sur ferroviario de Aragón. En la última estación, diseñada por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto en 1933, se han invertido durante cuatro años alrededor de 2,5 millones de euros para rehabilitarla como albergue, sala de exposiciones y cafetería. 

Pues bien, desde finales del año pasado las obras están finalizadas sin que se haya movido un papel. No se ha concedido la gestión, la maleza ha asaltado el edificio y algunas tejas de la cubierta ya se han levantado.

El edificio está vallado pero está latente el riesgo de que un Bien de Interés Cultural (BIC) vuelva a ser vandalizado. Nueve meses después de que las obras fueran entregadas, el consejero de Fomento, Octavio López, anunciaba en las Cortes de Aragón hace unos días que hasta dentro de ocho meses no van a mover ficha.

Largo me lo fiais pero más largo lo fía el director general de Cultura, Pedro Olloqui, con el Museo de la Guerra Civil y de la Batalla de Teruel que no estará listo hasta 2028. Alguien podría interpretar que está diciendo que el que venga detrás que arree porque la legislatura termina en el mejor de los casos en el 2027. Ese año se conmemorará el 90 aniversario de la Batalla de Teruel que se inició el 15 de diciembre de 1937.

El edificio está prácticamente terminado a falta de algunos trabajos exteriores y, lo más importante, de dar vida a un museo. Los contenidos se han dejado para el final. En un contexto de enfrentamiento sobre el enfoque que se debe dar a la guerra civil no va a ser fácil llegar a un consenso sobre cómo divulgarla. Todo un reto para los historiadores José Luis Ledesma y Carlos Gil. Una sugerencia. A mí me ha resultado atractivo y útil el recorrido histórico que hace David Uclés en su libro “La península de las casas vacías”.

La mayor parte de la inversión, alrededor de 4,5 millones de euros, se ha financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite): 60 millones de euros anuales al 50 por ciento el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón.

Aún hay más ejemplos de colisiones como el reparto de la tarta eléctrica 2025-2030 que durante dos meses estará en periodo de alegaciones. Para el ministerio de Transición Ecológica Aragón multiplicará por siete su actual punta de demanda de electricidad. Para el Gobierno de Aragón no va a poder garantizar la conexión de los centros de datos. ¿No se debería pensar también en modular y exigir más transparencia a las granjas de datos, grandes consumidoras de agua y electricidad, para que no se repitan los excesos de la burbuja de las energías renovables?

Y si miramos hacia las aulas de madrugadores, que amplían la cobertura de la escuela infantil, más de lo mismo. Que si la competencia es tuya porque la conciliación no es una competencia educativa (Gobierno de Aragón), que si yo ya he destinado 50 millones de euros en los últimos años y ahora te corresponde a ti complementar la subvención del servicio tan valorado en el medio rural (Gobierno de España).

En fin, una cansina discordia que no valora que las decisiones de interés general deberían trascender a los Gobiernos. Los ciudadanos queremos que haya acuerdos y, si no es mucho pedir, con el reconocimiento de unos y de otros.