Despoblación, el precio oculto de las macrogranjas

La polémica generada por el proyecto del grupo PINI para instalar 25 macrogranjas porcinas en el Bajo Aragón, con una capacidad de 21.600 Unidades de Ganado Mayor (UGM) —equivalentes a 180.000 cerdos de cebo o 86.400 cerdas reproductoras—, junto con el foro celebrado en Zaragoza por la interprofesional del porcino, con el respaldo del presidente de Aragón, quien ha declarado expresamente que van a defender “sin complejos” su crecimiento y a la ganadería intensiva como motor económico, han reabierto el debate sobre el modelo industrial de producción cárnica.

Es difícil dudar del peso de este sector en la economía, pero ese crecimiento necesita ser sostenible ambiental, económica y socialmente. Sin embargo, los datos apuntan en otra dirección: crece la desigualdad. Cinco de las diez empresas con mayor facturación en Aragón pertenecen al sector porcino, que acapara más del 40% de las ayudas de la PAC destinadas a la transformación y comercialización agroalimentaria.

El modelo de macrogranjas tiene impactos evidentes sobre el medio ambiente y la salud, por los que la Unión Europea ya ha sancionado a España. Pero se habla mucho menos de sus consecuencias en el empleo y el abandono del medio rural.

La producción estabulada, más intensiva, y la ganadería extensiva pueden ser compatibles en un modelo social, vinculado al territorio. El problema es que el capitalismo agrario no pone límites a las escalas, lo que lleva a que las explotaciones familiares queden anticuadas, se endeuden o no puedan competir.

En el foro de la interprofesional se expusieron datos que muestran el crecimiento del sector en Aragón, donde se producen más de 15 millones de cerdos al año, situando a la comunidad como líder nacional en un país que es el cuarto exportador de la UE y el séptimo del mundo, con una balanza comercial positiva de 19.500 millones de euros.

Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en empleo ni relevo generacional. Al contrario: se produce envejecimiento y abandono de las explotaciones familiares. En Aragón, según la UAGA, en 2024, a pesar del aumento de producción y la renta agraria, hay 344 personas menos trabajando en el campo.

La conclusión es clara: no está en crisis el sector en abstracto, está en crisis el modelo social agrario y la producción extensiva, más sostenible y más ligada al territorio.

Según el Ministerio de Agricultura, el 93,4% de las explotaciones tienen a una persona como titular, frente al 6,6% que pertenecen a empresas. Sin embargo, estas empresas concentran el 42% de la producción. Esta concentración de poder aumenta cada año, en parte debido a la entrada de fondos de inversión que acaparan los medios de producción y distribución.

La COAG ha denunciado esta “uberización del campo”, advirtiendo que caminamos hacia una agricultura sin agricultores, por la reconversión de profesionales independientes en asalariados de corporaciones. Ponen el foco en dos casos clave: la macrovaquería de Noviercas, con 23.500 vacas lecheras (más que todo Aragón), que ponía en riesgo la viabilidad de 600 explotaciones familiares. Y el modelo de integración en el porcino, ya mayoritario, que exige inversiones y especialización al ganadero, mientras deja en manos de la empresa el manejo y la comercialización. Es un claro ejemplo de falsos autónomos. El resultado es evidente: el sistema de macrogranjas precariza y destruye empleo, y contribuye a la despoblación.

El concepto de macrogranja no está legalmente definido. Pero la escala es ilustrativa: hace una década, con una granja de 300 madres podía vivir una familia en cualquier pueblo. Hoy se levantan instalaciones con 3.456 cerdas madres que apenas emplean a cinco personas.

Aragón es la comunidad con mayor concentración de grandes granjas. Se trata del subsector ganadero más sobredimensionado del país, en número y en tamaño de las explotaciones.

Lejos de poner límites a esta expansión, el Gobierno de Aragón y sus aliados —PP, VOX y PAR— han suprimido el límite de 720 UGM por granja, y han eliminado la distancia mínima entre explotaciones, que establecía la ya derogada Ley de Agricultura Social y Familiar. Esta ley buscaba priorizar las políticas públicas en favor de un modelo agrícola y ganadero vinculado al territorio, defendiendo a quienes trabajan la tierra y cuidan el ganado, frente al modelo que busca maximizar beneficios a costa de lo demás.

No se puede apoyar el crecimiento de las macrogranjas sin perjudicar el modelo social de producción. En los lineales de los supermercados, quienes consumen eligen en función de muchos factores, pero el precio es el más determinante. Por eso, la producción industrializada —menos exigente en lo ambiental y laboral, y con grandes ventajas de escala— termina imponiéndose, arrasando con las explotaciones que no pueden competir.

El modelo social se abandona. Y con él, el empleo rural se precariza y desaparece. El sector porcino es crucial para nuestra economía, sí, pero su sostenibilidad no puede medirse solo en toneladas exportadas o euros facturados, sino también en pueblos habitados, empleo digno y justicia social.