Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha demandado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto al que obliga la ley desde 2023. El departamento de Mónica García ya advirtió el pasado mes de noviembre que acudiría a los tribunales si la comunidad madrileña seguía sin poner en marcha la medida, pensada para que los centros sanitarios sepan con qué personal dispuesto a realizar abortos cuentan y puedan organizarse de cara a integrar completamente la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.

Sin embargo, Ayuso inició una batalla contra el Gobierno central y se ha negado reiteradamente a crearlo bajo el pretexto de que se trata de “listas negras” de médicos. “En Madrid no se va a perseguir ni señalar a nadie”, dijo la presidenta madrileña insinuando que estos listados tienen el objetivo de estigmatizar. Ahora, Sanidad acaba de formalizar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha adelantado El País y confirman fuentes del ministerio.

La intención ya fue adelantada por Mónica García, justificando que es “su obligación” ante lo que calificó de “rebelión” del Ejecutivo madrileño. En los últimos meses, Ayuso se ha opuesto de manera constante a crear el registro con declaraciones como las pronunciadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de octubre, cuando espetó “vayánse a otro lado a abortar”. Eso a pesar de que el acuerdo para concretar la medida fue aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con los votos a favor de todas las autonomías, también Madrid.

Ante la negativa reiterada de Ayuso, el Gobierno le advirtió de que se trata de una obligación contenida en la legislación y requirió formalmente a las comunidades que no lo tenían en vigor (entonces también eran Baleares y Aragón), pero, pasado el plazo, Madrid ha sido la única que no ha respondido al requerimiento y sigue sin ponerlo en marcha.

Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, está “acreditado” que la comunidad “no ha cumplido con la obligación” establecida en el artículo 19.ter de la ley del aborto, el que estipula la creación de los registros, y tampoco “ofrece duda” que “no ha contestado ni consta que haya efectuado actuación alguna” en relación al requerimiento hecho por el Ministerio de Sanidad. El texto recuerda que el protocolo al que el Consejo Interterritorial dio luz verde “es de obligado cumplimiento” para todas las comunidades.

El recurso se apoya en la legislación vigente y en sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la creación del registro de objetores. La que tumbó el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto de 2023 reza que la existencia de una medida así “cuenta con una justificación objetiva y razonable”. Además, el Alto Tribunal avaló en 2014 un registro similar desarrollado en Navarra en 2011 tras el recurso del PP. En el fallo, consideró que se trata de un medida “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestasción” y que “no resulta ni irrazonable ni desproporcionada”.

A pesar de que Ayuso y otros líderes populares han esgrimido en los últimos meses que los registros de objetores de conciencia tienen el objetivo de “estigmatizar” a los profesionales sanitarios y que van “contra la libertad de conciencia”, la realidad es que no son mecanismos de sanción ni control. De hecho, la norma estipula directamente que los poderes públicos deberán tomar medidas para evitar “cualquier discriminación”. Además, no es un listado al que pueda acceder cualquier ciudadano, sino que es algo reservado a los responsables de las consejerías y las direcciones de los hospitales, que solo podrán tener la información “estrictamente necesaria” para la organización del servicio.

Los registros están pensados para que, en última instancia, los centros sanitarios públicos lleven a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, algo que mayoritariamente sigue ocurriendo en centros privados concertados. De hecho, Madrid es una de las cinco comunidades en las que las que la cifra de abortos en la pública no llega ni al 1%, según los últimos datos. El del aborto no es el único registro que hay en España: en 2021 la Ley de Eutanasia también incluyó uno muy similar. Desde entonces, todas las autonomías los han creado, incluida Madrid, que lo hizo solo unos meses después de ser aprobada la norma.