Renovables, centros de datos y corrupción
Llevamos varias semanas envueltas en la polémica por la trama de corrupción en torno a Forestalia, por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo y organización criminal, en relación a la obtención de permisos de parques eólicos y fotovoltaicos de forma irregular.
Y es que, bajo la coartada de la transición energética, fundamental para afrontar la crisis climática y nuestra propia supervivencia como especie, el modelo de implantación de las energías renovables se ha convertido nuevamente en un elemento para aumentar su capacidad de extracción y su lucro.
Vemos así que, lejos de suponer una democratización del acceso a la energía, a partir de la desconcentración y la descentralización en multitud de comunidades energéticas, se produce una nueva reconcentración en favor de los oligopolios energéticos. Estos se aprovechan de la falta de regulación y planificación por parte de la administración, cuando no directamente de su connivencia, para incrementar su negocio a costa de lo que sea, generando un caldo de cultivo perfecto para que la corrupción aflore.
La gestión por parte del INAGA de los permisos ambientales para estas instalaciones es más que dudosa. Algunos funcionarios habían denunciado la existencia de propuestas de resolución que se presentaban de un día para otro sin informe técnico de ningún especialista en energías renovables.
También asistimos al cambio de criterio del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza (CPUZ), que ha decidido abrir la puerta a la instalación de proyectos energéticos en estos espacios, beneficiando los intereses de las empresas promotoras frente al interés general.
O a lo sucedido en Zaragoza con la implantación de plantas solares en entornos esenciales como la Huerta de Movera, la estepa zaragozana y los montes de Torrero y Peñaflor, que cuenta en algunos casos con informes contrarios de los propios técnicos municipales, ante la pasividad del Gobierno de Natalia Chueca.
Todo va en la misma dirección. Una dirección que las entidades ecologistas y de defensa del territorio vienen denunciando desde hace tiempo, la especulación y un modelo de desarrollo económico vinculado a un uso energético totalmente depredador e insostenible.
Recientemente conocíamos cómo Aragón está duplicando el alza la demanda nacional de energía debido, precisamente, a los centros de datos. Solo el consumo de 8 de los 13 centros de datos anunciados por Amazón Web Services (AWS) en Aragón equivale a todo el consumo de la comunidad en 2025. Pero es que, en la actualidad, existe una treintena de proyectos en diferentes fases de desarrollo: tres de estos centros (los de Amazon, Blackstone y Microsoft) tendrán un consumo estimado de 25 Gigawatios/hora, triplicando el consumo energético de todo nuestro territorio.
Aquí se da el trinomio perfecto: renovables, centros de datos y la corrupción que nace al olor de los grandísimos beneficios y amparada por la falta de transparencia, participación y planificación.
Un consumo tan elevado de energía supone la necesaria ampliación de la capacidad energética para sostenerlo, y esto es algo que, so pena de incrementar el de fuentes de combustibles fósiles, centrales térmicas, o peor aún, nucleares, con impacto en el medio ambiente y el cambio climático, solo puede hacerse mediante un aumento exponencial de las energías renovables. Estas también impactan en el territorio: presas hidroeléctircas, parques eólicos o plantas fotovoltaicas.
Lamentablemente, este es un modelo que ya conocemos en el territorio aragonés. Un desarrollo con un fuerte impacto en nuestros paisajes, sin ofrecer a cambio un retorno social justo ni un empleo generalizado.
Un impacto tal que ciudades como Dublin, Amsterdam, Singapur, Frankfort, e incluso Virginia, la “meca de los centros de datos” a la que peregrinó el presidente Azcón, están estableciendo moratorias, restricciones y regulaciones.
Las grandes corporaciones multinacionales están especulando y haciendo negocio con nuestro aire, nuestro sol y nuestra agua sin dejar un retorno social equivalente. Una política extractivista feroz que convierte Aragón una vez más en un territorio de sacrificio para beneficio de los de siempre.
Nos negamos a que Aragón se convierta no solo en la granja y la pila de España y de Europa y nos negamos a que ahora se convierta también en la nube. Es necesario para nuestros paisajes, recursos y sostenimiento de la vida, que el desarrollo digital se haga de forma democrática, sostenible, justa y equitativa.