El reto de la Agenda 2030

Estos días se cumple un año de la aprobación de la ONU de una de sus más ambiciosas y necesarias cumbres, la de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. España es uno de los países firmantes de un documento que requirió hasta ocho rondas de negociaciones y que obliga a los países que lo ratifican a cumplir hasta 17 objetivos con 169 compromisos para hacer del planeta un país más habitable y justo. Un planeta en el que la educación y la sanidad estén garantizadas universalmente, en el que se erradique la pobreza infantil, el medio ambiente no esté deteriorado y las políticas estén basadas en la sostenibilidad o promover la paz y la Justicia.

Con motivo de este aniversario, Intermon Oxfam en colaboración con Unicef ha invitado a las cuatro formaciones políticas más votadas a una interesante jornada para evaluar el cumplimiento de esta agenda en su primer año de vida por parte del Gobierno español y conocer la posición de cada una de ellas. He participado dando a conocer la postura del PSOE, que es de un claro y firme compromiso con todos estos objetivos, de los que ocho afectan directamente a España. Tanto nuestro programa como nuestros hechos cuando gobernamos, demuestran nuestro compromiso absoluto (y ello también en el aparatado presupuestario) para cumplir con esos objetivos. Lo que resulta descorazonador y preocupante es ver qué ha hecho el Gobierno actual por cumplir con ellos. Nada. Los indicadores nacionales establecidos como referentes para definir el estado de los objetivos son palmarios. Suspendemos en todos, por la falta de voluntad política de un Gobierno que ha preferido mirar hacia otro lado. Es decir, no es solo cuestión de fondos, sino de saber cómo emplearlos. Un ejemplo: el compromiso 3 aborda la Sanidad pública y universal. Los dos parámetros que rigen este apartado, quedan en suspenso. Entre ellos, un dato esclarecedor: se considera que el gasto público en sanidad concertada con la privada tiene que ser menor del 3%. En España es del 11,6%. Cuestión de prioridades. Cuestión de intereses.

Oxfam solicita la creación de una comisión de Desigualdad que permitiera controlar y fiscalizar en el Congreso de los Diputados las políticas gubernamentales en las cuestiones relacionadas con esta agenda. Una propuesta que sería una buena opción y que nos permitiría hacer un seguimiento estricto de las políticas de sostenibilidad y de Justicia social. En una cuestión en la que los consensos entre partidos deben prevalecer sobre las posiciones ideológicas, esta propuesta puede ser un buen punto de partida para enmendar lo que ha sido, de nuevo y también en esto, una legislatura desastrosa.