“Es una maquinaria administrativa y política en marcha sin freno”. El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha acogido con entusiasmo la aprobación definitiva para la ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS), publicada este lunes y que supone una inversión de unos 15.700 millones de euros en una década por parte de la multinacional estadounidense.
Esta iniciativa cuenta con la oposición mostrada por organizaciones ecologistas tanto por el fuerte aumento en los consumos de agua proyectados como por el desarrollo de infraestructura de media tensión. En general, el fuerte impulso de centros de datos en Aragón concita cada día más oposición entre los colectivos sociales de la comunidad.
El Ejecutivo de Jorge Azcón, sin embargo, ha recibido la noticia con alborozo. “Los PIGA [planes de interés general de Aragón, que ahorran costes y tramitación a las empresas solicitantes] van a llevar un ritmo, una velocidad y un impulso como no se ha conocido nunca en Aragón”, ha manifestado solemne López, quien se ha hecho eco también de la publicación también de la aprobación inicial para el plan de Blackstone en Calatorao.
López ha restado importancia a las protestas por los consumos de energía eléctrica y de agua que requieren los centros de datos. Respecto de esta última cuestión, el consejero ha hecho de portavoz de las empresas y ha afirmado que las entidades están “profundizando cada vez más en el tratamiento del agua”. Así, ha dejado claro que “las inversiones no van a ir en contra de criterios de sostenibilidad ambiental y de un uso desmesurado del agua”. En su opinión, “va a ser un consumo muy racional”.
Los cinco centros de datos que va a ampliar AWS están situados en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca; en Villanueva de Gállego (dos de ellos), y en El Burgo de Ebro, estos dos en el entorno de Zaragoza capital. Supondrá, según prevén los promotores, la creación de unos 1.000 empleos directos.
Para el consejero de Fomento, la iniciativa “demuestra que la apuesta del Gobierno de Aragón empieza a rodar en la buena dirección”. Y ha recordado que hay pendientes de revisión otros 34 PIGA con “grandes inversiones”. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque todos esos expedientes van a llevar una velocidad y un impulso como no se ha conocido nunca en nuestra Comunidad autónoma”, ha dejado claro Octavio López.
Para el consejero, que ha comparecido junto a la directora general de Planificación Estratégica y Logística, Raquel Campos, frente al “cierto escepticismo lógico” de la ciudadanía, “esto confirma que lo que se anunció es una realidad”. “Nuestra apuesta de extender una alfombra roja a las inversiones es una realidad y toda la maquinaria institucional del Ejecutivo está a disposición de la inversión, de la generación de empleo y de la transformación de nuestra comunidad autónoma”, ha destacado.
Luz verde a las obras
Con la aprobación definitiva, el gigante tecnológico estadounidense ya puede iniciar de los trabajos de movimientos de tierras para acometer las ampliaciones proyectadas en los centros de datos. Hay una quinta instalación en el barrio rural de La Cartuja (Zaragoza) cuyo futuro está pendiente del plan de reparcelación.
El PIGA, tramitado en quince meses desde la declaración de interés y gestionado en ocho meses, ha cumplido con las autorizaciones administrativas pertinentes y “ha respondido una a una a las cerca de 30 alegaciones”, en un proceso en el que han intervenido el INAGA, la Dirección General de Carreteras y la CHE, entre otros organismos. La aceptación de las alegaciones ha conllevado únicamente “algunos ajustes” que no han supuesto una “modificación sustancial” de la aprobación inicial, según ha declarado Raquel Campos.
Con este planteamiento la compañía aportará a los municipios y al Gobierno de Aragón el 10% de la cesión del aprovechamiento medio, lo que se cuantifica en algo más de 5 millones de euros, según ha recordado Octavio López.
Respecto a la garantía de conexión a la red eléctrica, el consejero ha reconocido que esa cuestión escapa al ámbito del PIGA y depende del Departamento de Energía y principalmente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque ha asegurado que le consta que “para las primeras fases, antes del escalamiento que tienen que hacer cada uno de los proyectos, disponen de energía suficiente para poder en marcha la actividad”.