Ecologistas en Acción presenta alegaciones por las instalaciones de media tensión de Amazon en Aragón

La organización Ecologistas en Acción ha presentado nuevas alegaciones a la tercera modificación del proyecto de Amazon en Aragón, esta vez centradas en la infraestructura de media tensión que alimentará los centros de datos previstos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. Denuncian que estas infraestructuras, necesarias desde el inicio del plan, no se incluyeron hasta ahora “para evitar, pensamos, realizar una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto completo, que podría implicar impactos importantes”.

El pasado 19 de junio, el Gobierno de Aragón publicó en el BOA la Orden FOM/667/2025, que modifica el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para incorporar los proyectos de reparcelación en varios municipios. En ella se confirma también la urgencia para la expropiación de terrenos en Zaragoza, Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y La Sotonera, con el fin de facilitar la ejecución del proyecto “Expansión Región AWS Aragón”, promovido por Amazon Data Services Spain SL. La empresa ha sido reconocida formalmente como beneficiaria de la expropiación forzosa.

Ante las protestas, fuentes consultadas del Gobierno de Aragón aseguran que las declaraciones de interes general o los planes de interés general “no traen aparejadas la eliminación de la obligatoriedad de las declaraciones de impacto ambiental”.

Desde Ecologistas en Acción critican esta decisión y denuncian el uso de fondos públicos para una infraestructura que beneficiará directamente a una empresa privada. “Es preocupante que el Gobierno de Aragón siempre apoye a Goliat contra David”, denuncian. Añaden que el Ayuntamiento de Huesca asumirá 1.187.682 euros de los 1.467.842 del coste de las obras, lo que implica que “la mayor parte será pagada por la administración”. En su opinión, “este proyecto no es interesante para Aragón, sino una carga”.

Por todo ello, piden que no se tramite como PIGA y exigen que Amazon costee íntegramente las infraestructuras. “Solicitamos que no se den ayudas públicas a una empresa que factura 637.959 millones de dólares al año y que contribuye muy poco a la recaudación aragonesa, cuyo presupuesto anual es de 7.173 millones de euros”, señalan. Consideran que la empresa dispone de recursos suficientes para afrontar estas inversiones sin recurrir a financiación pública.