La Audiencia Nacional ha dado un severo revés a la estrategia de judicialización por parte del Ejecutivo de Jorge Azcón ante el reparto de menores migrantes por parte del Gobierno de España. En un auto, el tribunal desestima los contenciosos planteados por Aragón frente a sendas convocatorias de la Conferencia Sectorial por parte de la ministra de Juventud e Infancia para debatir esta iniciativa.
De hecho, la Audiencia impone las costas al Gobierno autonómico por 3.000 euros.
El tribunal hace suyos en el auto las alegaciones previas de la Abogacía del Estado, según la cual el Ejecutivo regional decidió impugnar “actos de trámite”, y por tanto “no impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. Se refiere a las convocatorias de las dos conferencias sectoriales de Infancia y Adolescencia el 28 de abril y el 5 de mayo.
El carácter decisorio que invocan los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, recuerda la Audiencia Nacional, solo se llegaría a producir “si se aprueba la propuesta adoptando la forma de un acuerdo”. “Pero esa circunstancia −incide el tribunal− es posterior y desgajada de la convocatoria, que deja abierta la posibilidad de que la misma no se apruebe”.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha comparecido ante los medios de comunicación tras dar a conocer este auto de la Audiencia. Tras recordar los procesos judiciales promovidos por el Ejecutivo autonómico ante distintos órganos, desde el Tribunal Constitucional hasta la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Beltrán ha lamentado la intención del Gobierno de Azcón de “enmarañar judicialmente cualquier tipo de actuación” en esta materia.
Son “competencias propias”
Fernando Beltrán ha rechazado la queja del Gobierno de Aragón por falta de recursos estatales, pero “son ellos los que tienen que ejercer competencias propias”
“Sería inconcebible decir que, en un momento determinado, el Gobierno de Aragón no escolariza a más niños porque no tiene dinero, cuando lo que se ha venido haciendo siempre, en materia de sanidad y educación, es priorizar a la hora de hacer los presupuestos de Aragón”, puntualizando la situación de prórroga presupuestaria por falta de acuerdo para sacar adelante correspondientes a 2025.
En este contexto, el delegado del Gobierno ha afeado al Ejecutivo autonómico la disponibilidad de financiación para “todo aquello que le interesa y le gusta”, como poner en marcha la sociedad de La Nueva Romareda con 50 millones, o “el tobogán gigante en Panticosa, para el que aparecen 7 u 8 millones”, frente a la “imposibilidad” de trabajar con menores no acompañados.
“Están manifestando su incapacidad de gestionar una cuestión que es absolutamente relevante y trascendente”, lo que es “motivo de preocupación para el Gobierno de España”, ha sentenciado.
Por último, ha criticado el desconocimiento de la cifra que cuesta atender a los menores y la cantidad que necesita el Gobierno de Aragón para hacer frente a los 251 menores que, previsiblemente, llegarán a la comunidad autónoma, según el reparto del Ministerio de Juventud e Infancia.