Centros de datos sí, pero no así: Villanueva de Gállego batalla en los tribunales ante la expansión de Amazon

Villanueva de Gállego está poniendo a prueba la otra cara de la carrera de Aragón para convertirse en uno de los grandes polos de centros de datos de Europa. Mientras el Gobierno de Jorge Azcón ofrece su 'alfombra roja' a las grandes tecnológicas y Amazon Web Services (AWS) amplía sus instalaciones en la Comunidad, el Ayuntamiento de este municipio zaragozano ha decidido llevar a los tribunales las condiciones en las que se está produciendo esa expansión.

El conflicto no gira en torno a si Villanueva quiere o no centros de datos, ya que la respuesta del municipio es positiva y, de hecho, ya cuenta desde 2022 con una de las instalaciones de AWS en Aragón. Lo que cuestiona ahora el Ayuntamiento es quién asume las consecuencias económicas y urbanísticas de seguir ampliando estas infraestructuras.

El pleno municipal ratificó el pasado 23 de julio la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra uno de los últimos proyectos de expansión de AWS aprobados por el Gobierno de Aragón. El primero se había presentado contra el PIGA aprobado en agosto de 2025. Ambos recursos plantean objeciones similares sobre el aprovechamiento urbanístico, el tratamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la conservación de la urbanización y las infraestructuras asociadas y las obligaciones que el Ayuntamiento sostiene que acabarían recayendo sobre las arcas municipales, así como las infraestructuras vinculadas al suministro eléctrico.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguran que el Ayuntamiento lleva meses intentando abrir una negociación con el Ejecutivo autonómico sin haber obtenido hasta ahora una respuesta concreta. “Ellos han hecho lo que han querido hacer”, resumen estas fuentes, que consideran que la tramitación de los nuevos proyectos se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades del municipio y ahora solo hay “silencio”.

El caso de Villanueva de Gállego pone así el foco en una cuestión que empieza a repetirse allí donde se está produciendo la expansión de estas infraestructuras, territorios que quieren saber cuánto cuesta acogerlas y cómo se reparten los beneficios y las cargas de esa actividad.

El coste de acoger los centros de datos

La principal preocupación municipal tiene una doble vertiente porque, por un lado, la localidad deja de ingresar determinados recursos fiscales asociados a la construcción de los centros. Por otro, tal y como denuncian, el planeamiento aprobado le atribuye responsabilidades de conservación y mantenimiento de una superficie de grandes dimensiones. “Se deja de percibir el ICIO y además se carga al Ayuntamiento con el mantenimiento de todas esas zonas”, explican las fuentes municipales.

El Ayuntamiento no ha cerrado todavía una estimación del coste que supondría esa conservación a largo plazo y las fuentes consultadas rechazan aventurar una cifra sin disponer de los cálculos técnicos. En cambio, sí señalan que el ámbito de la ampliación en Villanueva de Gállego supera las 80 hectáreas y consideran “desproporcionado” que el municipio tenga que asumir las obligaciones de conservación asociadas a ese nuevo desarrollo. “¿Cómo vamos a asumir el mantenimiento de otra zona más grande que la localidad que tenemos ahora?”, plantean.

Según la versión municipal, no existe actualmente una contraprestación específica por asumir esas tareas. Por ello, desde el Ayuntamiento reclaman que se negocie algún tipo de compensación antes de tener que incorporar esas obligaciones a sus cuentas.

La discusión lleva así a una cuestión que trasciende del municipio y que está relacionada con quién asume el coste de las infraestructuras públicas necesarias para hacer posibles estas inversiones privadas, desde las conexiones eléctricas y de agua hasta la urbanización, los accesos y la conservación posterior de los nuevos ámbitos.

De hecho, esta discusión ha empezado a aparecer en otros territorios que han apostado por convertirse en grandes polos de centros de datos. Mientras que las empresas llegan atraídas por la disponibilidad de suelo y energía, su implantación exige también ampliar redes eléctricas, garantizar el suministro y adaptar infraestructuras públicas. Por estos motivos, el debate ha dejado de ser tecnológico o empresarial y ha pasado a estar relacionado con cuestiones relacionadas con la política energética, el urbanismo y la situación fiscal.

Más en concreto, en Aragón ya se han producido conflictos similares en torno a otros proyectos como el de Villamayor de Gállego, donde se ha cuestionado la implantación del macrocentro de Azora y varios municipios han formulado alegaciones por las consecuencias fiscales y territoriales asociadas al mismo.

A su vez, la expansión de los centros de datos vinculados al crecimiento de la Inteligencia Artificial está generando también debates similares en Estados Unidos y Europa sobre quién debe financiar las redes necesarias para atender su demanda eléctrica y hasta qué punto esa nueva demanda puede competir con la de hogares y otras actividades económicas.

Un conflicto que contrasta con el precedente de Amazon

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego compara la situación actual con la primera implantación de AWS en la localidad. Como afirman fuentes municipales, durante el mandato de Javier Lambán se alcanzó un convenio de colaboración entre las administraciones que supuso una compensación de alrededor de 3,5 millones de euros.

Ese acuerdo se ha traducido en actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua del municipio, entre ellas un nuevo depósito, una balsa, edificios asociados y canalizaciones. Además, tal y como sostienen, las obras se encuentran actualmente en ejecución a través de Suelo y Vivienda de Aragón.

Para el Ayuntamiento, la diferencia es que aquella implantación estuvo acompañada de una negociación y de actuaciones compensatorias, mientras que en la nueva expansión no existe, hoy en día, un acuerdo equivalente.

Según las fuentes municipales, en una reunión mantenida hace meses con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se planteó estudiar la posibilidad de un nuevo convenio, pero, como aseguran desde el Consistorio, no se ha recibido ninguna propuesta concreta.

Por todo ello, aunque la vía de negociación sigue abierta, insisten en que ahora el Gobierno de Aragón deberá fijar su posición en el procedimiento judicial y “dar soluciones” para que la localidad no tenga que asumir “costes tan elevados”.

El ICIO: el ingreso que Villanueva reclama

Uno de los elementos centrales del recurso es el tratamiento fiscal de las nuevas construcciones. El Ayuntamiento sostiene que la aplicación del PIGA tiene consecuencias sobre el ICIO y que, por lo tanto, Villanueva de Gállego deja de percibir unos ingresos que considera “relevantes”, ya que puede ascender a hasta un 4% de la inversión privada en el proyecto constructivo. Como explican, el ICIO constituye un ingreso extraordinario, mientras que otros impuestos municipales, como el IBI, pueden generar ingresos recurrentes una vez que los inmuebles entren en tributación.

El municipio todavía no ha percibido, según las fuentes municipales, el IBI correspondiente al primer edificio de AWS. Por eso, el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones generen ingresos por este concepto cuando comiencen a tributar.

Por otro lado, existen expectativa respecto al IAE, aunque en este caso el importe dependerá de dónde quede localizada fiscalmente la actividad económica de la empresa.

“Si Amazon tiene la facturación aquí y no la tiene en Irlanda, por decirte algo, sí que se va a percibir bastante dinero de IAE”, detallan las fuentes, que subrayan que todavía desconocen cuál será el resultado final.

El debate económico, por tanto, no consiste únicamente en calcular cuánto dinero deja Amazon en el municipio. La cuestión es comparar los ingresos municipales que genera la actividad con los costes públicos asociados a su implantación y mantenimiento.

“Amazon no tiene la culpa”

Desde Villanueva de Gállego remarcan que Amazon no es el principal responsable del conflicto. Es más, tal y como señalan las fuentes municipales, “no tiene la culpa de absolutamente nada de esto”. A su juicio, la multinacional actúa dentro de las condiciones que le ofrece la Administración y es el Gobierno de Aragón quien tiene capacidad para establecer el marco urbanístico y administrativo en el que se desarrollan los proyectos.

Eso no significa que el Ayuntamiento no haya pedido a la compañía que participe, sino que además se ha trasladado a AWS que ejerza de empresa mediadora ante el Ejecutivo autonómico para tratar de encontrar una solución.

El Consistorio reconoce a su vez iniciativas de la compañía en el territorio, como colaboraciones con la Universidad San Jorge y actividades de divulgación tecnológica entre colectivos locales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha observado que las obras han generado una importante presencia de trabajadores de empresas contratistas en Villanueva. Es más, algunas de las personas empleadas en la construcción, explican las fuentes, proceden del propio municipio.

Sin embargo, el escenario durante las obras no necesariamente será el mismo que cuando los centros estén operativos. Por eso, el debate sobre el empleo estable es uno de los principales argumentos de las organizaciones que cuestionan la expansión de los centros de datos en Aragón.

Aragón, laboratorio de la nueva economía digital

Lo que ocurre en Villanueva no es un episodio aislado porque Aragón está intentando aprovechar su disponibilidad de suelo, su producción energética y su posición geográfica para convertirse en un gran nodo europeo de infraestructuras digitales.

AWS fue la primera gran tecnológica en apostar por la Comunidad y ahora su expansión se ha multiplicado. En base a esta decisión, empresas como Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS, Merlin y otros grupos forman parte de una cartera de iniciativas que ha situado a Aragón en el centro del desembarco de los centros de datos en España.

El Gobierno autonómico defiende esta estrategia por el volumen de inversión asociado y por la oportunidad de atraer una nueva actividad económica. La propia AWS ha elevado hasta 33.700 millones de euros su inversión prevista en España hasta 2035, con una parte sustancial destinada a Aragón.

No obstante, la dimensión de estas instalaciones también está provocando una creciente discusión sobre sus necesidades materiales porque los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad de forma continua y requieren infraestructuras específicas para garantizar su suministro. De hecho, Aragón produce actualmente aproximadamente el doble de la electricidad que consume, pero el crecimiento previsto de la demanda puede alterar esa situación.

Además, aunque los promotores se comprometan mayoritariamente a utilizar energías renovables, producir y transportar la energía requiere nuevas instalaciones, redes y ocupación de suelo.

Por eso el debate ha comenzado a desplazarse de la pregunta inicial sobre “¿cuánto dinero va a invertir Amazon o Microsoft?” a “¿qué recursos públicos y territoriales necesita esa inversión para funcionar?”. Y, en el caso de Villanueva de Gállego, la pregunta también está en qué ocurre cuando una inversión privada de escala internacional aterriza en un municipio pequeño y las infraestructuras y servicios necesarios para acompañarla quedan, al menos en parte, en manos de la Administración local.

Dos recursos y una negociación pendiente

Por ahora, Villanueva de Gállego mantiene sus dos recursos judiciales y, aunque no hay prevista ninguna nueva movilización municipal más allá de la vía judicial, el Consistorio espera que el Gobierno de Aragón vuelva a sentarse a negociar durante las próximas semanas.

“A ver si ahora en septiembre hay suerte porque no se entiende que no haga nada al respecto, y más cuando el segundo recurso fue aprobado por unanimidad del pleno, donde hay concejales del PP que forman parte del actual equipo de gobierno municipal”, subrayan. En este sentido, desde Villanueva de Gállego consideran que el respaldo de los distintos grupos demuestra que la reclamación trasciende las diferencias partidistas.

Mientras las obras de AWS continúan y Villanueva de Gállego quiere saber quién debe asumir su mantenimiento, la DGA tiene ahora que decidir si responde a esa presión con una negociación o mantiene su actual posición.

Si el municipio consigue una nueva fórmula de compensación o logra que se modifiquen las condiciones de conservación y aprovechamiento urbanístico, el resultado podría trascender al municipio. En una comunidad que ha apostado por atraer una de las mayores concentraciones de centros de datos de Europa, saber quién asume los costes de esa implantación puede acabar sirviendo de presente para otros ayuntamientos que afronten inversiones de esta escala.