Condenan al Ayuntamiento de Zaragoza a indemnizar a CGT por vulnerar el derecho a una huelga municipal
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha aceptado el recurso presentado por CGT y ha fallado a su favor al estimar que el Ayuntamiento de Zaragoza vulneró el derecho fundamental de huelga al no publicar los decretos de servicios mínimos durante el conflicto laboral de las instalaciones deportivas municipales. La sentencia obliga al Consistorio a hacer públicos esos decretos y fija una indemnización de 3.000 euros a favor de la organización sindical.
La controversia surgió durante una huelga indefinida convocada en junio de 2024 por trabajadores de instalaciones deportivas municipales. El sindicato denunció que los decretos que fijaban los servicios mínimos nunca fueron publicados ni comunicados formalmente al comité de huelga, sino únicamente trasladados al jefe de instalaciones para su comunicación verbal a los empleados.
En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza desestimó la demanda al entender que había existido negociación suficiente y que los trabajadores conocían de facto los servicios mínimos mediante llamadas telefónicas. También aceptó la justificación del Ayuntamiento, que alegó problemas de protección de datos para no publicar los decretos.
Sin embargo, el TSJA revoca esa resolución. La Sala sostiene que los servicios mínimos, al limitar un derecho fundamental, deben estar motivados y ser públicos para permitir su control jurídico y garantizar que trabajadores, sindicatos y ciudadanía conozcan las razones de esa limitación. El tribunal se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional que exige motivación y publicidad suficiente cuando se restringe el derecho de huelga.
La sentencia considera que la ausencia de publicación convierte los decretos en ineficaces, porque afectan a una pluralidad indeterminada de personas y deben someterse a publicidad conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común. También rechaza que la normativa de protección de datos pueda justificar la omisión de esa publicación porque la administración debía anonimizar los datos personales, pero no dejar sin publicidad el acto administrativo.
El tribunal no entra a valorar finalmente si los servicios mínimos eran abusivos o si era ilegal incluir a delegados sindicales en ellos, porque la estimación del recurso por falta de publicación ya basta para declarar la vulneración de derechos fundamentales.
Además, el TSJA reconoce una indemnización de 3.000 euros al sindicato convocante de la huelga al entender que la falta de publicación pudo afectar al derecho de huelga de una pluralidad de trabajadores.
Huelga de 654 días
CGT ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una victoria sindical y judicial frente a la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza tras una huelga de más de 650 días.
El sindicato sostiene que el Ayuntamiento intentó desgastar y aislar a CGT durante el conflicto mediante distintas actuaciones que el sindicato considera irregulares. Entre ellas cita la exclusión de CGT de reuniones con otros sindicatos, la imposición de nuevos decretos de servicios mínimos para las temporadas de verano e invierno y la creación de unos supuestos “servicios mínimos máximos” para limitar el impacto de la huelga.
La organización también denuncia presiones al personal municipal en momentos sensibles, especialmente durante procesos de oposiciones. Según CGT, circularon rumores de que no se concederían permisos para acudir a los exámenes, lo que llevó al sindicato a suspender temporalmente la huelga para evitar que los trabajadores fueran enfrentados al conflicto.
Otro de los ejes de su crítica es la acusación de “esquirolismo interno” al Ayuntamiento. CGT asegura que se utilizaron trabajadores de otras categorías para sustituir a huelguistas y que incluso se produjeron movimientos de personal de servicios mínimos entre instalaciones deportivas, hechos que derivaron en denuncias policiales.
CGT concluye con un tono combativo y reivindicativo al afirmar que la sentencia demuestra que sus denuncias eran fundadas y anuncia que continuará la huelga y la presión sindical, defendiendo que seguirá utilizando “todos los derechos” que, a su juicio, el Ayuntamiento ha tratado de limitar.