Las Cortes de Aragón han aprobado hoy el Decreto Ley que establece medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la provisión de puestos de difícil cobertura de médicos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria en todo Aragón. Lo han hecho con los votos a favor de PP, Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR y las abstenciones de PSOE, CHA, Podemos e IU, sin ningún voto en contra. Esta norma, de carácter excepcional, implica que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza considerada de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del SALUD.
Las plazas consideradas de difícil cobertura afectan sobre todo al medio rural y a los hospitales periféricos. Corresponden a puestos de los sectores sanitarios de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza III, tanto del área de Atención Primaria como de Hospitalaria. El departamento de Sanidad señala que con zonas donde la escasez de profesionales es precisa la puesta en marcha de medidas urgentes, como la que permite este Decreto Ley, para garantizar la atención sanitaria a la población tanto en el área de Atención Primaria como en el de los hospitales periféricos.
La norma exige que esta difícil cobertura debe acreditarse con criterios objetivos, como el desfase entre la plantilla organiza de un centro y los efectivos reales; las circunstancias demográficas y poblacionales de los ámbitos citados; la falta de cobertura en concursos de traslados previos; la falta de aspirantes inscritos en bolsas de trabajo temporal; el tiempo que los puestos hayan permanecidos sin ser cubiertos; la no disponibilidad de profesionales en el ámbito laboral o cualquier otra circunstancia que refleje, de una forma objetiva, los impedimentos que existen para la cobertura efectiva de los puestos.
Los profesionales médicos que accedan, por concurso de méritos, a estas plazas consideradas de difícil cobertura podrán adquirir la condición de personal estatutario fijo, y, una vez transcurridos tres años de tiempo trabajado efectivo podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría y/o especialidad. Por supuesto, además de acreditar los tres años de permanencia en situación de servicio activo en el centro elegido y adjudicado como destino del concurso, debe disponer de los requisitos comunes, como la especialidad.
El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha destacado “la necesidad urgente de seguir adoptando medidas extraordinarias” para cubrir los puestos de difícil cobertura, indicando que el decreto pretende dar a los ciudadanos la asistencia sanitaria “necesitaria”, realzando “las dificultades” para encontrar médicos especialistas que quieran ir a estos puestos ya que hay “una crisis de recursos humanos sanitarios”.
“Nos encontramos con graves dificultades” para llevar especialistas, especialmente en Atención Primaria, en los sectores de salud de las zonas periféricas, como Barbastro (Huesca), Calatayud (Zaragoza) y Teruel, también en los hospitales, creándose “un panorama complejo” en estas zonas, llamando la atención sobre “las peculiaridades” de los puestos, como la exigencia a los especialistas de “flexibilidad y capacidad de respuesta integral”.
José Luis Bancalero se ha remitido a un documento del Ministerio de Sanidad para defender una “personalización de las condiciones laborales” para “ser competitivo en la captación de talento”, de forma que mejorar las condiciones laborales no resolverá por sí solo esta situación, sino que hacen falta “medidas específicas” y “un nuevo modelo” de selección, adaptado a “la realidad del siglo XXI”, más allá del tradicional concurso-oposición.
La regulación propuesta “no es arbitraria”, sino que incluye “garantías” para seleccionar al personal y mantiene “íntegramente” los criterios constitucionales de selección de personal para la Administración, mérito, igualdad y capacidad, al tiempo que se enmarca en “las tendencias europeas” para asegurar la permanencia del personal, ha dicho Bancalero.
“La salud de los aragoneses no puede esperar a reformas estructurales” para evitar que haya ciudadanos “de primera y segunda” porque “todos los aragoneses merecen personal cualificado”, ha zanjado.
Ha representado al PP la parlamentaria Susana Gaspar, quien ha llamado la atención sobre “la estructural falta de profesionales sanitarios” en el sistema público de salud de toda España, no solo de Aragón, emplazando a “trabajar para solucionar este problemas” y ser “imaginativos”.
El Departamento “comenzó a tomar medidas a corto y largo plazo” desde el inicio de la legislatura, con medidas como la implantación del grado de medicina en la USJ y en el campus de Teruel de Unizar, reclamando también al Ministerio “que tome medidas” como el aumento de las plazas MIR y la agilización de los trámites para homologar títulos extranjeros, lamentando que el Gobierno de España no busca soluciones.
No se pueden retrasar las medidas recogidas en el decreto, ha continuado Gaspar, recalcando que el Gobierno de Jorge Azcón quiere dar una atención sanitaria “de calidad” a todo el territorio. Ha descartado “la política de cuanto peor mejor”.
El diputado del PSOE Óscar Galeano ha dejado claro el compromiso “inquebrantable” de su partido con todos los aragoneses sea cual sea su lugar de residencia y ha defendido el sistema público. “Apoyaremos nuevas y extraordinarias medidas que desde lo público traten de solucionar las graves deficiencias actuales”, ha aseverado.
“Deseamos que sea la solución” este decreto, pero el PSOE tiene “dudas”, reclamando a Bancalero que explique si esta norma va a ser “útil” para resolver estos problemas, aunque aprobarlo por decreto sea “una opción legítima”, como ya ha hecho la Comunidad Valenciana, siendo el decreto aragonés “un copia-pega literal” del de la comunidad vecina.
Galeano ha asegurado que el decreto “reconoce el fracaso de la gestión” y es “una enmienda a la totalidad” de la política del propio Bancalero. “¿Dónde está el informe de Función Pública?”.
Ha intervenido el portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha resaltado “la necesidad de garantizar una asistencia sanitaria en igualdad de condiciones” y ha reclamado que se garanticen los principios de mérito y capacidad, tras lo que ha criticado que PP y PSOE no impulsan la sanidad pública.
“No podemos conformarnos con este procedimiento extraordinario”, urgiendo a llevar a cabo “una planificación sanitaria” para dotar al sistema público de salud de los recursos suficientes, rechazando convertir este mecanismo en “una práctica habitual” para acceder a la función pública, y ha defendido el sistema de formación MIR.
El diputado de Vox ha recomendado excluir de forma expresa que los profesionales que ingresen por concurso de méritos puedan sumar a su antigüedad los periodos de excedencia o comisión de servicios.
Un problema complejo
La diputada de CHA Isabel Lasobras ha considerado que “este decreto no responde a la complejidad y la magnitud del problema” porque se limita a seis sectores excluyendo zonas con “carencias crónicas” y no se garantiza el arraigo profesional ni ofrece soluciones “a largo plazo”, ni aborda la creación de nuevas plazas estructurales, aunque ha compartido “la necesidad urgente de garantizar una asistencia digna y equitativa en todo el territorio”.
Lasobras ha observado que los agentes sociales no han participado “en un proceso de negociación real”, manifestando que se debería haber llegado a un acuerdo en la mesa sectorial, tras lo que ha indicado que se introduce “una vía excepcional” para acceder a la función pública, lo que abre la puerta a “la arbitrariedad” al ser “un régimen extraordinario” que puede llegar a “la normalización”. Ha exigido que el Departamento elabore un plan “integral” y no consolidar “la precariedad y la improvisación”.
En el turno de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno ha criticado “el análisis superficial” que realiza el Departamento respecto a este asunto, “uno de los retos de esta legislatura” porque atañe “al derecho de toda la población al servicio sanitario” y a la vertebración territorial. Ha propuesto diferenciar según la intensidad de la dificultad de cobertura de los puestos.
Ha señalado que las ventajas que tendrán estos profesionales para investigar no están claras y tampoco se recogen algunas ventajas sociales, y ha recomendado facilitar “cierta movilidad” a los facultativos, tras lo que ha cuestionado si los profesionales que ya están en estas zonas van a poder acceder a estos beneficios o en un mismo equipo sanitario habrá facultativos con diferentes condiciones laborales.
Para el diputado del Grupo Mixto-Podemos, Andoni Corrales, “con este decreto no se resuelven los problemas estructurales existentes”. Ha opinado que “se pretende implantar este sistema únicamente porque hay dificultad para cubrir los puestos”, de forma que el Gobierno de España “lo recurrirá por que es inconstitucional”, echando en cara al consejero que no resuelve los problemas, sino que crea otros nuevos.
Desde el Grupo Mixto-IU, Álvaro Sanz, ha preguntado si con este decreto “va a poder convocar todas las plazas necesarias”, lo que ha negado por la tasa de reposición y, además, “no han hecho la auditoría” para conocer cuántas plazas son de difícil cobertura. “¿Por qué solo seis sectores?”, ha cuestionado, asegurando que “esto es un pozo de arbitrariedad”.
En representación del Grupo Mixto-PAR, Alberto Izquierdo ha señalado que “algo hay que hacer”, añadiendo: “Veremos el recorrido de este decreto” porque el Gobierno de España “le dirá que no es constitucional”. Ha apoyado “premiar a la gente que va a los puestos de difícil cobertura”, no solo en materia de sanidad, sino también en otras profesiones, como la de secretario-interventor municipal.