El Gobierno de España recurre al Tribunal Constitucional la Ley de derechos históricos de Aragón

El Gobierno de España ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional una veintena de artículos de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de derechos históricos de Aragón. 

Los artículos impugnados son 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartados d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto de la mención al “pacto”]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 y 3; 27; 32.a); 33.5, disposición adicional segunda, disposición adicional tercera y, por último, disposición final tercera.

El recurso, han señalado desde el Gobierno estatal, se produce “habiendo existido negociación previa y como consecuencia de la falta de acuerdo”.

La ley, han explicado, “incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad que, desde la perspectiva de su fundamentación, pueden estructurarse en torno a las siguientes vulneraciones: la vulneración de la Disposición adicional primera de la Constitución; la vulneración de los principios de soberanía nacional y constitucionalidad y del derecho a la autonomía (artículos 1.2, 2 y 9.1 CE); la vulneración de la reserva estatutaria del artículo 147.2 CE; la vulneración de la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE en relación con el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos ex artículo 23 CE y en relación con el régimen electoral general; y la infracción de las competencias estatales en tres ámbitos específicos: patrimonio, hacienda y justicia.