El pacto entre PP y Vox en Aragón incluye recuperar el embalse de Biscarrués, que la Justicia anuló por daño ambiental
El pacto de gobierno entre PP y Vox para la próxima legislatura en Aragón incorpora el compromiso de reactivar el proyecto del embalse de Biscarrués, pese a que fue anulado por la Audiencia Nacional en 2017. El acuerdo, dentro del apartado de Sector Primario, plantea iniciar estudios técnicos para justificar el “interés público superior” de la infraestructura. La alcaldesa de la localidad y portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, ha criticado la medida y la ha calificado de “sinsentido”, al entender que se recupera un proyecto ya descartado por los tribunales.
Según consta en el documento del acuerdo del gobierno entre PP y Vox, que se sellará definitivamente con la investidura de Azcón este miércoles, se plantea iniciar estudios técnicos para avalar la construcción del embalse “que permita aumentar la regulación del río Gállego para garantizar la culminación de la superficie regable en Riegos del Alto Aragón (20.000 hectáreas)”. La inclusión de este proyecto choca con las resoluciones judiciales que dejaron sin efecto su tramitación. En concreto, la Audiencia Nacional analizó la aprobación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse, que preveía su construcción en el río Gállego, en el término municipal de Biscarrués, con afecciones a varios municipios del entorno.
Giménez ha insistido en que la inclusión del embalse en el pacto es un “despropósito”, al tratarse de una obra que “la Audiencia Nacional ya sentenció hace años que era ilegal”. En su opinión, “no tiene mucho sentido” recuperar iniciativas que “ya no dan respuesta a ninguna necesidad” y que, además, no parten de un análisis real del territorio. Así, ha criticado que “no hay un análisis de las necesidades de la zona de la Galliguera, de las necesidades de la zona de los Monegros” y que, en cambio, se vuelva a plantear una infraestructura descartada por los tribunales. “Resucitamos un pantano declarado ilegal por la Audiencia Nacional”, ha lamentado. Giménez ha recordado además que el territorio lleva “40 años con esta amenaza”, un proyecto que “nunca se ha cumplido”, y ha asegurado que la oposición social se mantiene.
La sentencia de la Audiencia Nacional, emitida en 2017, recoge que el recurso se dirigía contra la resolución estatal que “aprueba el expediente de información pública y el Anteproyecto (…) del embalse de Biscarrués en el río Gállego”, así como contra la declaración de impacto ambiental del proyecto. Entre los argumentos esgrimidos por los recurrentes —y recogidos en el fallo— se señalaba que la infraestructura “no encuentra justificación desde la perspectiva de la planificación hidrológica y de regadíos” y que “incumplía normativa ambiental y comunitaria”.
Además, el tribunal subrayó que el embalse afectaría a espacios protegidos y especies de especial valor, dentro de áreas incluidas en la Red Natura 2000, lo que obligaba a una evaluación rigurosa de sus impactos. La resolución también pone de relieve la necesidad de que este tipo de proyectos se ajusten a la Directiva Marco del Agua y a la planificación hidrológica vigente, aspectos que fueron cuestionados en el procedimiento. En otra de las sentencias dictadas el mismo día, la Audiencia Nacional insiste en que el anteproyecto no podía considerarse un mero trámite, ya que fijaba elementos esenciales de la obra, como su presupuesto, características técnicas y ejecución, lo que permitía su impugnación judicial.
En 2020 el Tribunal Supremo confirmó la anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués (Huesca). Esta sentencia tuvo lugar tras más de 33 años de reivindicaciones en los que las poblaciones afectadas y los grupos ecologistas presentaron sus recursos. Estableció que hubo una vulneración de la Directiva Europea de Aguas, ya que el proyecto debería haber aparecido antes en el Plan Hidrológico de Cuenca, y no se justificaba el interés general.
El apartado del sector primario en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para la legislatura 2026-2030 se centra en el “blindaje” del campo frente a las normativas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo. Entre sus medidas estrella destaca el impulso a las infraestructuras hidráulicas, como la modernización de regadíos y la reactivación de estudios técnicos para el embalse de Biscarrués. También se comprometen a exigir al Estado la finalización de obras del Pacto del Agua como Yesa o Mularroya, a reformar la Ley de agricultura familiar y a aumentar hasta los 15 millones de euros la partida para seguros agrarios. A pesar de las numerosas declaraciones de Vox sobre el asunto, el documento no hace ninguna mención al trasvase del Ebro.