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El rescate de 8 millones al Real Zaragoza une al PSOE, Vox y ZEC en su crítica al PP: “Es tiempo de que cuenten la verdad”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a las obras del estadio el pasado mes de junio.

Luis Faci

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El pago al Real Zaragoza SAD el pasado mes de marzo de ocho millones de euros desde la sociedad La Nueva Romareda, en la que los socios mayoritarios –suman un 80%– son el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, ha unido a la oposición municipal: tanto el PSOE como Zaragoza en Común (ZEC) y también Vox se han mostrado críticos, en mayor o menor medida, con esta iniciativa. El equipo de gobierno lamenta el “ruido político” y destaca la “necesidad histórica para la ciudad” del nuevo estadio.

Como adelantó este periódico, la transferencia proviene de los diez millones de euros que Ibercaja traspasó a cambio de aportar el nombre al campo portátil –Ibercaja Estadio, en uso hasta la temporada que viene–, y al estadio definitivo –Ibercaja Romareda, cuyo estreno no se prevé hasta dentro de un año–. Según consta en el informe de auditoría y cuentas anuales abreviadas de La Nueva Romareda del ejercicio 2025, que se puede consultar en la web de la entidad, el club deportivo emitió el 4 de marzo una factura a su favor por ocho millones de euros derivada del contrato de 'naming rights'.

Se da la circunstancia de que la propiedad del Real Zaragoza cobró los ocho millones de euros por el nombre del estadio definitivo casi año y medio antes de la inauguración de la infraestructura, y en principio –porque el contrato de arrendamiento no se ha hecho público– antes también de que el propio club empiece a pagar el canon comprometido.

La respuesta de los grupos políticos de la oposición ha sido unánime.

El más vehemente ha sido el PSOE, cuya portavoz, Lola Ranera, y el representante en la Comisión de Presidencia, Horacio Royo, han comparecido para criticar la “falta de transparencia” del PP. “Es tiempo de que el equipo de gobierno nos cuente toda la verdad”, ha manifestado el edil socialista.

Esta formación ha anunciado, en boca de Royo, que solicitará en una comisión extraordinaria que se expliquen las cuestiones que generan dudas en este conflicto. Por un lado, el hecho de que se suscriba un contrato de arrendamiento por un negocio “que no existe”, dado que el estadio es hoy por hoy “unos armazones de hormigón y hierro”. En segundo lugar, tener conocimiento del contenido del mencionado contrato, para descartar la idea de que “se firmó exclusivamente para dar cobertura al pago de los ocho millones del contrato de patrocinio”. También si ha habido “algún tipo de carencia por el cual el Zaragoza no vaya a pagar hasta que nos entregue el estadio”, toda vez que ya ha cobrado por el 'naming'. Y, por último, “si se ha cumplido el pacto de socios en la parte en la que decía que el Real Zaragoza tenía que establecer garantías hipotecarias sobre el pago de esos arrendamientos”.

Por su parte, la portavoz socialista ha informado de que reclamarán en la junta de portavoces del próximo lunes “una copia de los contratos” que no se han hecho públicos. “La sensación que se da es que tienen mucho que ocultar”, ha lamentado Ranera, que ha planteado que el PSOE, como grupo mayoritario de la oposición, entre en el consejo de administración de La Nueva Romareda. “¿Para qué se creó esta sociedad? ¿Para no dar cuenta de nada? ¿Para no dar cuenta a nadie, a ningún grupo político? ¿Para no dar cuenta al final a los ciudadanos?”, se ha preguntado la edil socialista, quien ha criticado la firma de un contrato de explotación para “un campo que aún no está hecho”.

“Muy grave”

Mientras, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, considera “muy grave” las informaciones conocidas. “Esto demuestra que teníamos razones más que suficientes para exigir una auditoría externa y un control mucho más riguroso de la gestión de La Nueva Romareda”, ha expresado la edil, quien ha recordado que “esto no es fútbol, es dinero público”. “Y el dinero público no puede utilizarse para tapar agujeros de una sociedad deportiva privada mientras La Nueva Romareda acumula millones de pérdidas”, ha indicado.

“Zaragoza en Común seguirá fiscalizando y denunciando cada una de estas operaciones. Que quede claro: no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Seguiremos investigando, pidiendo información y exigiendo auditorías externas e independientes. Pese a no estar dentro de la sociedad, ya que no nos lo han permitido, tenemos voluntad política para defender a la ciudadanía y controlar al Gobierno”, ha abundado Tomás.

Finalmente, desde el grupo municipal de Vox también han mostrado su oposición, aunque de forma más escueta. Así, fuentes de la formación han querido manifestar su “total disconformidad” con el pago de esos ocho millones de euros al Real Zaragoza SAD desde la sociedad La Nueva Romareda “por entender que no vela por el interés general”.

La “obsesión” del PSOE

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha optado en su reacción por criticar al grupo socialista, del que ha destacado su “evidente obsesión” hacia el proyecto de la Nueva Romareda. “En lugar de ejercer una oposición constructiva y trabajar por el futuro de los zaragozanos, el PSOE ha decidido convertir un proyecto estratégico e ilusionante para la ciudad en una trinchera ficticia y partidista, demostrando una preocupante falta de proyecto propio para Zaragoza”, han señalado fuentes municipales, que han evitado aclarar en su respuesta el pago de los ocho millones a la sociedad anónima deportiva.

“La Nueva Romareda no es el capricho de un gobierno, es una necesidad histórica de la ciudad y una pieza clave para consolidar a Zaragoza como sede del Mundial 2030. La obsesión del PSOE por torpedear este proyecto demuestra que prefieren que a Zaragoza le vaya mal si creen que con ello pueden obtener algún rédito electoral”, han incidido desde el equipo de gobierno. Se trata, ha valorado, de “una cortina de humo para ocultar que carecen de un modelo de ciudad alternativo”.

Respecto a la información requerida, el Gobierno municipal se ha limitado a señalar que las cuentas de la sociedad La Nueva Romareda “son públicas y accesibles” y que pasan “todos los controles públicos exigidos, en los que no se ha encontrado ninguno de los grandes desastres que llevan anunciando los socialistas desde que nació el proyecto”.

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