Rosario de irregularidades con las obras de la nueva Romareda: sobrecostes, contratos con deficiencias y falta de transparencia
La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un duro informe de fiscalización sobre la gestión de La Nueva Romareda S.L., la sociedad creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón —a través de la Corporación Empresarial— y el Real Zaragoza SAD para construir el nuevo estadio. El informe, aprobado el 15 de abril de 2026, detecta incumplimientos en materia contable, contratación pública, transparencia y gestión operativa, hasta el punto de que ninguno de los once contratos revisados por los auditores se libra de irregularidades. Además, la Cámara rechaza todas las alegaciones presentadas por la sociedad y mantiene íntegramente las principales conclusiones del informe.
El órgano fiscalizador concluye que el coste global del proyecto alcanza ya al menos 173,2 millones de euros, una cifra superior a la inicialmente prevista y que ni siquiera incluye todos los gastos asociados a la operación. Y a esa cantidad habrá que sumar, entre otras partidas aún no integradas completamente en las cuentas de la sociedad, los 3,5 millones previstos para la urbanización del entorno del estadio y las tasas urbanísticas de la construción, lo que aproximará el gasto total a los 180 millones de euros, y eso sin contar con nuevos ajustes al alza.
La Cámara sostiene además que la sociedad ha funcionado durante su primer año “anticipándose” a sus propios acuerdos societarios. Las cuentas de 2024 registraron una ampliación de capital que no fue aprobada formalmente por la Junta General hasta junio de 2025. Mientras tanto, los socios públicos adelantaron 10,1 millones de euros y el Real Zaragoza incumplió la aportación de 6,8 millones prevista en el pacto inicial sin que conste reclamación formal alguna por parte de la sociedad. Para la Cámara, la contabilidad no reflejaba correctamente la situación jurídica existente al cierre del ejercicio.
Uno de los apartados más contundentes del informe afecta a la contratación pública. La Cámara revisó una muestra de once contratos y detectó deficiencias en todos ellos. Entre las irregularidades recurrentes figuran la ausencia del acuerdo formal de inicio de expediente exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, memorias justificativas insuficientes, falta de designación formal del responsable de contrato y defectos de publicidad y transparencia en los anuncios de adjudicación y formalización.
Las observaciones más graves se concentran en las obras del estadio modular y en el contrato principal de construcción del nuevo campo. En el estadio modular, la sociedad introdujo cambios sustanciales en el proyecto —como la eliminación de cubiertas o modificaciones estructurales— sin tramitar el correspondiente expediente de modificación contractual ni contar con aprobación formal del órgano de contratación. La modificación no fue regularizada hasta cinco meses después de ejecutarse los cambios. Además, IDOM recibió directamente la modificación del proyecto del estadio principal para adaptarlo a una construcción en fase única sin procedimiento ajustado a la legislación contractual y sin que conste el importe de esa adjudicación.
En el contrato principal de obras, adjudicado a la UTE OHL-Altuna-Ohla por 124,5 millones de euros, la Cámara detecta además contradicciones entre el procedimiento aprobado por el Consejo de Administración y el que figuraba realmente en los pliegos de contratación.
Falta de transparencia
La falta de transparencia constituye otro de los grandes reproches del informe. La Cámara concluye que la sociedad incumple diversas obligaciones previstas en la Ley de Transparencia de Aragón. Entre otras cuestiones, no publica la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de la plantilla ni las del máximo responsable ejecutivo. Tampoco facilita la información financiera y estadística exigida legalmente ni publicó correctamente la creación de su página web corporativa conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
El informe también cuestiona la ausencia de control sobre el Real Zaragoza SAD. El pacto parasocial vigente desde diciembre de 2023 obligaba al club a pagar un canon por utilizar tanto el estadio actual como el modular provisional, pero a fecha de cierre de la fiscalización no se había fijado ni reclamado cantidad alguna ni por 2024 ni por 2025. La Cámara señala además que ni el Real Zaragoza ni el Ayuntamiento respondieron a las solicitudes de información remitidas durante la auditoría sobre esta cuestión.
En materia de personal, la sociedad tampoco dispone todavía de instrumentos formales de ordenación interna pese a llevar más de un año operativa. La Cámara detecta además que trabajadores de Expo Zaragoza Empresarial prestaron servicios de apoyo a La Nueva Romareda durante 2024 sin convenio formalizado ni contraprestación económica registrada en la contabilidad.
La auditoría operativa advierte de que la viabilidad de la sociedad depende casi exclusivamente de las administraciones públicas. El Real Zaragoza no aportó capital en 2024 ni abonó canon alguno, mientras que el peso financiero de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, incluyendo préstamos participativos previstos, alcanza ya más del 90% de la financiación comprometida.
Sin plan de negocio
La Cámara de Cuentas también cuestiona seriamente la fiabilidad del plan de negocio del proyecto. El informe advierte de que la sociedad no dispone de un plan actualizado desde su constitución y que las previsiones de ingresos manejadas dependen en gran medida de variables imposibles de garantizar, especialmente de la evolución deportiva futura del Real Zaragoza. Los propios informes municipales manejan estimaciones económicas diferentes entre sí, lo que lleva al órgano fiscalizador a poner en duda la solidez de los cálculos utilizados para justificar la sostenibilidad económica del proyecto.
El informe de la Cámara recoge una larga lista de incumplimientos y deficiencias que afectan al control, la contratación, la transparencia y la gestión económica de uno de los mayores proyectos públicos actualmente en marcha en Aragón.