El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió; y el diputado autonómico y responsable jurídico de la formación en Aragón, David Arranz, han anunciado que iniciarán acciones legales contra el Ayuntamiento de Huesca en caso de no ser restituidas las vallas publicitarias con mensajes sobre la inmigración y se archive el expediente. El Consistorio retiró los carteles el pasado 3 de julio, por posible contenido xenófobo, dicha publicidad podría incumplir la Ordenanza de Convivencia y la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
La retirada se produjo tras una ola de protestas por los grupos de izquierda y en redes sociales, criticando las frases que aparecían en dichas vallas: “Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí. Tu seguridad, nuestra prioridad”. El Ayuntamiento solicitó a la Fiscalía Provincial de Huesca que valorase si estos contenidos pueden constituir “una posible infracción penal por incitación al odio”.
En febrero, Vox puso otro cartel de las mismas características en otro punto de la ciudad. En esa ocasión, el PP “deploró” la campaña, pero aseguró que no se podía hacer nada por no tener control sobre los contenidos publicitarios. El teniente de alcalde, Ricardo Oliván, manifestó en junio que “la responsabilidad de la valla y su contenido es de Vox”. Sin embargo, finalmente han tomado medidas y han actuado para que se retiren los carteles.
Alegaciones
Desde Vox han reaccionado y han presentado un escrito de alegaciones contra el Decreto de Alcaldía --firmado el 30 de junio y notificado el 2 de julio-- que “inicio del expediente de la retirada de dos vallas publicitarias contratadas legalmente y ubicadas a la entrada de la ciudad”. José Luis Rubió ha explicado que el Decreto de Alcaldía inicia un expediente “profundamente injusto, ideológico y contrario a derecho”, y ha añadido que supone “un ataque frontal contra la libertad de expresión, contra el pluralismo político y contra los derechos fundamentales de Vox y los miles de oscenses que nos votaron”.
Las alegaciones de Vox se sustentan en cinco apartados. La primera de ellas señala que el citado decreto “vulnera” la libertad de expresión y el derecho a difundir ideas políticas. Rubió ha trasladado que los mensajes en las vallas --'Tu seguridad, nuestra prioridad' y 'Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí'-- son “opiniones políticas legítimas, que podrán gustar más o menos, pero están amparadas por el artículo 20 de la Constitución Española”.
Por otro lado, consideran que “se vulnera” el derecho a la participación política en igualdad de condiciones. El portavoz de Vox en Huesca ha recordado que “Vox es una fuerza política legal, legítima y con representación institucional” y que “la campaña está dirigida a los ciudadanos que nos votaron y comparten nuestras ideas”. Por tanto, “quitar nuestras vallas es también quitarles la voz a ellos, excluirnos del debate público y someternos a una censura ideológica que demuestra muy poco respecto por el pluralismo político que debería regir cualquier democracia sana”, han deducido.
La tercera alegación señala que el Ayuntamiento de Huesca “se inmiscuye” en un contrato privado sin base legal alguna. Rubió ha hecho constar que “las vallas fueron contratadas legalmente con una empresa”, con la que existe un “acuerdo comercial vigente” y que da derecho a Vox para instalar más vallas publicitarias en 2025 y 2026. No obstante, pese a que “no existe ninguna resolución legal de retirada, la empresa retiró unilateralmente los carteles tras una supuesta mediación con la Alcaldía”. Una mediación que, a criterio de Vox, “no es válida ni neutral, dado que el partido no fue llamo ni escuchado y se nos privó del derecho a alegar en tiempo y forma como marca la ley”.
Para Vox la actuación del Ayuntamiento de Huesca “carece de motivación, pruebas y proporcionalidad”, ha dicho Rubió, ya que el Decreto “no explica por qué los mensajes serían discriminatorios ni en qué artículos concretos se basan”. Ha añadido que “no nos dan copia de las supuestas denuncias ni se identifica a los supuestos concentrados que han generado la alarma social que alega el consistorio”. “Es evidente que estamos ante una actuación arbitraria, improvisada y desproporcionada, que busca silenciar a Vox por decir verdades incómodas”, ha apostillado.
La quinta y última alegación exige la restitución de los derechos de Vox y, en su defecto, la compensación correspondiente. Rubió ha advertido de que, en caso de no ser restituidas las vallas y archivado el expediente, iniciarán acciones legales contra la Alcaldía“ y también contra la empresa publicitaria por ”incumplimiento de contrato“.
Por su parte, David Arranz ha expresado que las alegaciones “están fundadas en derecho y en el sentido común”, por lo que ha apelado a la empresa a “rectificar y al cumplimiento de un contrato privado que está vigente”. Ha recordado que la difusión de las mencionadas vallas publicitarias “forma parte de una campaña nacional” y “no hemos sido condenados en ninguna otra provincia” con la misma iniciativa“.
Por lo tanto, han confiado en que Huesca “no sea la excepción”, a la par que ha subrayado “no tener miedo a los tribunales”. En cualquier caso, la primera opción para la formación es “evitar el litigio con el Ayuntamiento y con la empresa implicada que ha incumplido sus obligaciones contractuales”, ha reiterado.
Arranz ha afirmado que “en el hipotético caso” de una supuesta “presión” de la Alcaldía contra la empresa contratada sería “un escenario más feo que todos querríamos evitar”. El responsable jurídico de Vox en Aragón ha trasladado que los carteles “reflejan una sincera preocupación del partido ante el aumento de delitos”.
Ha informado, que, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior hasta el primer semestre de 2024, de 2023 a 2024, “la criminalidad convencional en Aragón ha crecido un 8,3 por ciento y la criminalidad total --incluye también la ciberdelincuencia-- un 8,2 por ciento”.