Cancelaciones en cadena en Zaragoza de extraescolares por la muerte de un alumno: piden regular estas actividades
La imputación de dos profesores por la muerte de un alumno durante un viaje escolar ha desencadenado un efecto dominó en los centros educativos de Zaragoza. En cuestión de días, varios institutos han decidido suspender actividades extraescolares, especialmente aquellas que implican desplazamientos, ante el temor creciente del profesorado a asumir responsabilidades legales sin un marco claro.
El caso se remonta a 2022, cuando un estudiante falleció en un viaje en Bélgica. La reciente decisión judicial de imputar a dos docentes por presunto homicidio por imprudencia profesional ha cambiado por completo la percepción del riesgo en el ámbito educativo. Lo que hasta ahora se consideraba una parte habitual de la labor docente —organizar viajes, excursiones o intercambios— se percibe hoy como una actividad con posibles consecuencias penales.
La reacción en los centros no se ha hecho esperar. Equipos directivos y claustros han optado por la prudencia: cancelar o replantear actividades que, en muchos casos, dependen de la voluntariedad del profesorado. Esta retirada responde a un contexto de inseguridad jurídica que los sindicatos llevan tiempo denunciando.
Varios institutos han optado por suspender total o parcialmente las actividades extraescolares, especialmente aquellas que implican desplazamientos fuera del centro. Entre los primeros casos confirmados se encuentra el IES Ítaca, directamente vinculado al suceso, que ha decidido cancelar las salidas. A esta decisión se han sumado también el IES Ramón y Cajal y el IES Benjamín Jarnés, donde los claustros han acordado suspender este tipo de actividades como medida preventiva. Según informa 'Heraldo de Aragón', el alcance del fenómeno, además, ha crecido en cuestión de días hasta 15 centros educativos en Aragón —14 de ellos en Zaragoza— que han suspendido ya estas actividades o los viajes fuera del centro, en un goteo constante de decisiones adoptadas en claustros. Según la Asociación de Directores de Instituto de Zaragoza (Adizar), se han unido los institutos Valdespartera (Zaragoza), Cierzo (La Muela), Sabina Albar (Bujaraloz) y Rodanas (Épila). TAmbién hay más centros que tienen programados claustros extraordinarios para tratar el tema en los próximos días.
Reacción sindical
En este escenario, las organizaciones sindicales han mostrado una coincidencia en el diagnóstico, aunque con matices en sus estrategias. CGT Enseñanza Aragón considera que la imputación evidencia la falta de cobertura legal del profesorado y advierte de que, si no se establecen garantías claras, la negativa a realizar actividades extraescolares puede generalizarse. Además, ha reclamado medidas concretas como protocolos oficiales, ratios definidas, compensación por horas extra y asistencia jurídica para los docentes.
Por su parte, CCOO ha optado por trasladar el conflicto al terreno público e institucional. Ha impulsado una campaña de recogida de firmas para exigir la regulación de estas actividades, subrayando que actualmente dependen en exceso de la buena voluntad del profesorado. Su estrategia busca generar presión social y política para forzar una respuesta normativa.
Desde CSIF han recordado que ya había advertido previamente de esta situación. El sindicato había solicitado a la Administración una regulación específica y ahora insiste en la necesidad urgente de establecer protocolos y reforzar la protección jurídica de los docentes. Su discurso se centra en la prevención y en la responsabilidad de la Administración.
Otras organizaciones, como ANPE, coinciden en el diagnóstico y hablan abiertamente de “vacío legal”, mientras alertan de que están recibiendo avisos de centros que se plantean suspender actividades.
UGT se alinea con el resto de organizaciones en el diagnóstico general sobre la falta de recursos y de normativa clara está deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y poniendo en riesgo actividades complementarias clave para la formación del alumnado.
Los sindicatos coinciden en que el actual modelo no es sostenible porque las actividades extraescolares implican una responsabilidad elevada, una dedicación que excede el horario laboral y, en el contexto actual, un riesgo legal que muchos docentes no están dispuestos a asumir. El fenómeno se extiende de forma desigual, con decisiones que van desde la suspensión total hasta la renuncia individual de docentes a participar en viajes o salidas. La presión se dirige ahora al Gobierno de Aragón, que se enfrenta a la necesidad de clarificar las reglas del juego.