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El Gobierno del PP en Zaragoza abre la puerta a convertir en hotel el histórico Palacio de Fuenclara, del siglo XVI

Palacio de Fuenclara

Candela Canales

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El histórico Palacio de Fuenclara, construido en el siglo XVI, podría convertirse en un hotel. Varias cadenas hoteleras han mostrado su interés por visitar este inmueble, situado en el centro de la ciudad y que lleva años sin un uso definido. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha enseñado el estado actual del edificio a varias empresas que se han puesto en contacto con el Consistorio.

La posibilidad ha sido criticada por Zaragoza en Común (ZeC). Suso Domínguez ha manifestado la oposición frontal de su formación: “Simplemente pensar en la posibilidad de ceder el Palacio Fuenclara para un nuevo pelotazo de una empresa privada nos enseña dónde están las prioridades de este Gobierno de Natalia Chueca: no en salvaguardar el patrimonio, no en defender los intereses municipales, sino directamente en poner los bienes públicos al servicio del beneficio privado”, ha señalado.

El concejal ha asegurado entender “muchas cosas” al conocer esta opción: “Como la supresión de cualquier partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de este espacio, o la negativa a instalar allí el Museo de la Semana Santa, echando de su espacio al Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal. Utilizar la fórmula de la cesión de superficie para instalar un hotel puede además ser directamente contrario a la legalidad y pondremos todas las medidas para evitarlo”, ha concluido.

Por su parte, el Ayuntamiento ha asegurado que, pese a haber mostrado el edificio a grupos hoteleros interesados, “no hay ninguna intención especial ni un plan para convertirlo en hotel”. Fuentes municipales recuerdan que se trata de un inmueble en el que no ha fructificado ningún proyecto en los últimos 30 años y cuya adecuación es “altamente costosa”.

La posible reconversión también ha generado críticas en redes sociales. El historiador Daniel Aquilué ha expresado su desacuerdo: “Zaragoza parece empeñada en seguir maltratando su patrimonio histórico renacentista. Ahora enajenando patrimonio municipal, público, común, en vez de los mil usos para todos que podría tener el palacio de Fuenclara”. Otros usuarios, por su parte, han planteado alternativas como ubicar en el edificio el Archivo Histórico Provincial.

Alto valor patrimonial

El Palacio de Fuenclara cuenta con un notable valor patrimonial. El edificio, erigido en el siglo XVI en pleno casco histórico —a escasos metros de la calle Alfonso I y de la plaza de San Felipe—, formaba parte de uno de los principales enclaves aristocráticos de la ciudad.

De estilo renacentista, presenta una fachada de ladrillo cara vista con marcada horizontalidad y cuatro alturas —aunque originalmente fueron tres—, rematada por un alero de madera de tradición goticista. La planta baja, hoy ocupada por locales comerciales, habría ocultado el acceso original en arco de medio punto. En el interior, muy transformado por los distintos usos a lo largo de los siglos, se articula en torno a un patio central con cuatro columnas toscanas de fuste liso y un destacado arrimadero de cerámica de Muel. La escalera monumental, cerrada en altura a modo de cimborrio, es uno de los elementos más singulares del conjunto.

El inmueble tiene además una larga trayectoria histórica. Fue propiedad en el siglo XVI de la familia Agustín —en cuyo seno nació el humanista Antonio Agustín— y, posteriormente, pasó a manos de los condes de Fuenclara tras diversas reformas en el siglo XVII. Ya en el siglo XIX cambió su uso residencial para convertirse en sede de iniciativas sociales vinculadas al Arzobispado de Zaragoza.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2002, el palacio pasó a ser de titularidad municipal en 2003. Desde entonces ha sido objeto de intervenciones de consolidación, aunque sin llegar a culminar un proyecto estable de uso. Esta falta de definición durante décadas es uno de los argumentos que esgrime el Ayuntamiento para abrir la puerta a nuevas propuestas, mientras que sus detractores insisten en la necesidad de preservar su carácter público y patrimonial.

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