El PP se abstiene en una iniciativa de Vox en el Senado para ilegalizar a EH Bildu: “Hoy en día no puede llevarse a cabo”

“Nos guste o no”. Así ha lamentado el senador del PP Severiano Cuesta que la actual legislación española no permite ilegalizar a la coalición vasca EH Bildu, tal y como ha reclamado este miércoles Vox en la Cámara Alta. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en una moción de los ultras para sacar del juego político a los 'abertzales', aunque han asegurado que no es algo que decida el PP, sino los tribunales.

Vox ha defendido este miércoles una moción (un texto meramente declarativo y sin vinculación legal) que considera que la actividad de EH Bildu “vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada”.

El partido de Abascal se ha acogido a la ley de partidos, aprobada con José María Aznar en el Gobierno y ETA activa, y que permitió en su día la ilegalización de Herri Batasuna y las diferentes marcas con las que se intentó reconstruir el partido ligado a la organización terrorista. El motivo fue, precisamente, el “apoyo o justificación” a esa violencia.

Vox planteaba que EH Bildu “no puede disociarse de la trayectoria de ETA”, organización terrorista que no existe desde 2011. Para el partido ultra existe una relación por la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda o que su coordinador general sea Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por “enaltecimiento” del terrorismo.

La ley de partidos permite que el Congreso o el Senado insten al Gobierno a promover “la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista”. Y eso ha reclamado, sin éxito, este miércoles ante el Pleno.

Pactan revisar la política penitenciaria

La respuesta del PP ha sido ponerse de perfil. Ni a favor ni en contra, más allá de los límites legales que ha reconocido el senador Cuesta, quien, de hecho, ha apelado a la “frustración” que podría generar en la sociedad instar la ilegalización de EH Bildu solo para que el Tribunal Supremo o el Constitucional la tumben, como ya ocurrió hace tres lustros.

Tal y como ha recordado Cuesta, en 2011 y en 2012 se instaron las ilegalizaciones de EH Bildu y de Sortu (el principal partido de la coalición). Ambas iniciativas fueron tumbadas por el tribunal de garantías. Y hoy los “criterios no se cumplen”, ha asumido el senador.

“Nos gusten o no, no se cumplen”, ha lamentado, para añadir que “los españoles necesitan certezas, no brindis al sol”.

“Una cosa es la postura política y otra muy distinta la viabilidad legal”, ha apuntado, para plantear que eso “no implica que no se puedan tomar medidas para que los terroristas de ETA no campen a sus anchas en nuestras calles y sean tratados como héroes, se esclarezcan los asesinatos por ellos cometidos, se respete la dignidad de las víctimas, se eviten homenajes a los asesinos y se persiga la violencia callejera”.

Porque PP y Vox sí han coincidido en otro punto del orden del día en el Pleno del Senado: poner en marcha una ponencia de estudio dentro de la Comisión de Interior para revisar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que ha permitido que algunos presos de ETA puedan salir a la calle durante el día a realizar determinadas labores y en circunstancias muy concretas.

Para el PP, la aplicación de este artículo supone la concesión “encubierta” de semilibertades a estos reclusos. Así, el Senado ha aprobado una moción que, con el apoyo de Vox y UPN, pide revisar el reglamento porque “desde que el País Vasco asumió estas competencias” se han producido “salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas”.

La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario es una decisión del Gobierno vasco de acuerdo a las autoridades carcelarias, pero pasa también el filtro de la Audiencia Nacional. El tribunal madrileño solo ha tumbado dos de las decenas aprobadas.

Tellado pidió ilegalizar a los independentistas

No es la primera vez aue el PP coquetea con la ilegalización de partidos tras el final de ETA.

En enero de 2024, el entonces portavoz y hoy secretario general, Miguel Tellado, presentó una iniciativa legislativa que proponía la disolución de las organizaciones o personas jurídicas por promover consultas o referéndums de autodeterminación.

Así se recogía en una enmienda del PP a la ley de amnistía que, entonces, se debatía en el Congreso. La idea suponía, en la práctica, la ilegalización de partidos políticos como ERC, Junts, EH Bildu, el BNG o incluso el PNV.

Tellado tuvo que enmendarse a sí mismo un día después, y el PP al final renunció a su propuesta.

Un mes después, diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron que Feijóo había negociado con Junts su investidura tras las elecciones de 2023.

Según revelaron en febrero de 2024 fuentes cualificadas de la dirección, el PP estudió la amnistía, aunque la descartó, y sí planteó a los negociadores la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior , y fallida, declaración de independencia.