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ARAGÓN

"¡Hay que coger 40 melocotones para pagar un cortado!": pueblos de Aragón y Catalunya unen fuerzas para defender el sector de la fruta

Alcaldes y organizaciones agrarias de Huesca y Lleida acuerdan una estrategia común ante la crisis de precios, que ha llevado a que las explotaciones familiares acumulen cinco años de pérdidas

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Amadu (Mauritania), Marin (Bulgaria) y Hamid (Marruecos), podando en Albalate de Cinca; aunque la recolección supone el pico de trabajo, los frutales exigen cuidados todo el año.

Hamid (Marruecos), Amadu (Mauritania) y Marin (Bulgaria), podando en Albalate de Cinca; aunque la recolección supone el pico de trabajo, los frutales exigen cuidados todo el año.

Los agricultores repiten estos días una anécdota, ocurrida en una visita al Parlament de Catalunya para exponer su problemática: uno de ellos, al pedir en la cafetería de la Cámara, no pudo evitar exclamar: "¡Hay que coger 40 melocotones para pagar este cortado!". Una imagen muy gráfica de la situación que atraviesa el sector, con precios por debajo del coste de producción (en la última campaña se han llegado a pagar 0,17 euros por kilo de piezas de primera categoría, luego a la venta en supermercados a más de dos euros), en una tendencia que lleva cinco años repitiéndose. Esta crisis, que golpea especialmente a las comarcas limítrofes de Huesca y Lleida, ha logrado reforzar la unión entre unos pueblos que ven sus economías y sociedades peligrar.

En total, 14 pueblos de Huesca y 42 de Lleida se han adherido a un manifiesto con el que tratan de elevar su grito a las más altas instancias. "Las comarcas del Bajo Cinca y El Segrià compartimos un problema común: la crisis del precio de la fruta y el consecuente cierre de explotaciones familiares", explica Óscar Moret, responsable de UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón) para la fruta dulce. El sabor es más amargo cuando, tal como relata, los productores afrontan diferenciales de hasta el 600% entre el precio que reciben ellos y el que paga el consumidor. A esto se añaden retrasos en los pagos que alcanzan los seis meses.

La reivindicación de los pueblos de La Franja lleva gestándose varios meses, si bien ha coincidido con el estallido de la protesta de los agricultores en otros puntos de España. Moret opina que, "lejos de quienes interesadamente tratan de vincular las manifestaciones con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", el ambiente está especialmente caldeado ahora por la negociación de la PAC (Politica Agraria Común). En el caso de la fruta dulce, esta está excluida de estas ayudas desde 2013, algo que ahora piden revertir.

Melocotones que asientan población

Marco Ibarz, alcalde de Zaidín y presidente de la comarca del Bajo Cinca, cuenta que "no hay quien aguante cinco años con los precios por debajo del coste de producción", lo que ha llevado a que tanto en su pueblo como en otros "la gente joven se plantee dejar el campo e irse a la ciudad". Manuel Ezquerra, alcalde de Alcarrás (Lleida), coincide en el diagnóstico y las reivindicaciones de sus vecinos aragoneses: "Empezaron a abandonar los pequeños, luego los medianos y ahora ya hay incluso alguna gran explotación en dificultades".

En esta zona, delimitada por los ríos Cinca y Segre, predominan las explotaciones de 15 o 20 hectáreas, extensiones pequeñas, comparadas con las requeridas por el cereal, que habían permitido en los últimos 50 años el sostén de las familias de productores y la integración de los temporeros. Tal como explica Ibarz, Zaidín, con 1.700 personas censadas, suma 1.000 habitantes durante la campaña de recolección. "Muchos de los que han venido por la fruta se han quedado a vivir, y eso nos ha permitido mantener en el colegio el primer ciclo de la ESO", expone.

El modelo empezó a saltar por los aires en 2014, con el veto ruso a las exportaciones agroalimentarias desde Europa. La búsqueda de la rentabilidad hizo que hayan cobrado fuerza los grandes operadores, con fincas de más de 100 hectáreas, en expansión a costa de los pequeños agricultores que tiran la toalla y arriendan sus tierras. "Detras hay fondos de inversión que con un 5% de rentabilidad tienen el negocio resuelto. Las decisiones las toma gente que está en Londres o Arabia Saudí, a quienes les importa poco lo que les pase a estos pueblos y sus vecinos", lamenta Moret.

Recolectar sin precio

Los agricultores piden, como medida prioritaria, que se les facilite la financiación para poder iniciar la próxima campaña. La situación es acuciante, ya que Ibarz augura que, ante el panorama sombrío, "los bancos van a denegar la renovación de los créditos que permiten a los agricultores afrontar la temporada (gastos de sulfatos, nóminas...) hasta que empiezan a llegar las liquidaciones". Otro punto importante es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, algo que no está ocurriendo: "Coges los melocotones sin saber a cuánto te los van a pagar; si supieras que va a ser a 10 céntimos por kilo, como ha ocurrido, podrías valorar si te sale más a cuenta dejar la fruta en el árbol, porque tiene un coste de producción de 30 céntimos", denuncia Ibarz.

Las organizaciones agrarias también abogan por un plan para arrancar árboles, con jubilaciones incentivadas, de manera que se retiren del mercado las 300.000 toneladas de excedente que provocó el veto ruso. ¿Qué ocurrirá con los que vengan detrás? "Trabajamos en alternativas como la valorización de los purines [en la zona abundan las granjas de cerdo como complemento al frutal] o el aprovechamiento de los restos de poda", explica el alcalde de Alcarrás, que sin embargo reconoce que "sin la fruta se nos cae todo el tejido económico". Y es que otros cultivos como el almendro, cuya recolección se hace con cosechadoras en lugar de a mano, "dejarán a mucha gente sin trabajo".

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