La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha declarado ambientalmente inviable el macroproyecto eólico promovido por Capital Energy en las comarcas del Bajo Aragón y el Matarraña. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de julio de 2025, concluye que ni la configuración inicial ni las sucesivas modificaciones del proyecto han logrado garantizar su compatibilidad con la conservación del entorno natural, en especial con las especies protegidas y los espacios de la Red Natura 2000.
El proyecto preveía la instalación de tres parques eólicos —Paucali, Arlo y Céfiro— con una potencia total de 252 MW y 42 aerogeneradores repartidos entre los municipios de Maella (Zaragoza), Mazaleón, Alcañiz y Valjunquera (Teruel). La infraestructura de evacuación cruzaba también territorio catalán hasta conectar con la subestación de Ascó II. A lo largo del proceso administrativo, el promotor fue recortando la propuesta original —que incluía el doble de turbinas— en un intento de minimizar su impacto, sin éxito.
Los informes técnicos recogen una afección “alta e inasumible” sobre la avifauna, especialmente sobre el águila perdicera, especie en peligro de extinción tanto en Aragón como en Cataluña. Varios aerogeneradores estaban proyectados dentro del ámbito de aplicación de su Plan de Recuperación, y la línea eléctrica de evacuación cruzaba áreas prioritarias de alimentación, reproducción y dispersión. También se preveían impactos graves sobre el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos y diversas especies de quirópteros.
La resolución denuncia, además, que no se acredita con “suficiente rigor” en los estudios de campo realizados por la promotora, que no aportan información suficiente sobre grupos como anfibios, reptiles o flora protegida. La afección a hábitats de interés comunitario y a espacios Red Natura 2000 —como la ZEPA “Matarraña-Aiguabarreix” y los ZEC de los ríos Matarraña y Algars— ha sido determinante, así como la falta de medidas compensatorias efectivas.
El impacto paisajístico también ha pesado en la decisión final. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) considera que las instalaciones proyectadas habrían afectado a enclaves turísticos y zonas de alto valor visual, con implicaciones negativas sobre el turismo rural, uno de los motores económicos del Matarraña.
Asimismo, el Ministerio alerta de los efectos acumulativos del proyecto, que se suma a otros ya existentes o en tramitación en la zona, incrementando la fragmentación del territorio, la pérdida de conectividad ecológica y los riesgos para la fauna. Por todo ello, y a pesar de los intentos del promotor por adaptar el proyecto, la resolución concluye que este “puede producir impactos ambientales negativos y significativos” que lo hacen inviable desde el punto de vista ambiental.
La noticia ha sido bien recibida en la zona, ya que colectivos vecinales habían mostrado su rechazo a dicha instalación. El colectivo vecinal 'Gent del Matarranya' también lo ha celebrado con un mensaje difundido a través de sus redes sociales: “No os imagináis la emoción que nos embarga en estos momentos, todo el esfuerzo de mucha gente que hemos participado en esta larga y pesada faena al fin obtiene el mejor resultado posible. Nuestros hijos van a poder seguir disfrutando de esta magnífica tierra que es el Matarraña libre de masificación de renovables”.
La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha expresado en redes sociales su alegría y ha felicitado a todo aquel que ha participado en la lucha. El Sindicato Obrero Aragonés considera que es “una extraordinaria noticia” para “todo el mundo rural y las fuerzas que luchamos contra el colonialismo energético que pulula en Aragón”.