El concejal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha denunciado que el expediente y las actuaciones de conservación del edificio situado en la calle Estébanes 12-14 fueron archivados en mayo de 2024, pese a que el inmueble acumulaba deficiencias desde años atrás y finalmente ha tenido que ser declarado en ruina inminente. Para Domínguez, esta decisión evidencia “la total desidia del Gobierno del PP en la defensa del patrimonio de la ciudad”.
El edificio, catalogado y deshabitado, fue declarado en ruina inminente el pasado 31 de octubre, después de que se produjera un desprendimiento en su fachada trasera, que da a la terraza de hostelería Libertad 6. La medida obligó a cerrar varias terrazas y parte del tramo de bares de El Tubo.
Este viernes, el Ayuntamiento ha decretado la reapertura parcial de los negocios afectados. En concreto, podrán retomar su actividad la Sala Kenbo, El Patio del Plata y la terraza de Casa Buisán, después de que los servicios técnicos comprobaran que la estabilización del medianil izquierdo del edificio garantiza la seguridad. Sin embargo, Bodegas Almau, Libertad 6 y parte de la calle entre Ossau y Bodegas Almau continúan clausurados provisionalmente.
Según ZeC, la situación actual es el resultado de años de falta de control municipal. El inmueble acumulaba expedientes por deficiencias de conservación desde 2017, cuando la Inspección Urbanística abrió un procedimiento tras una denuncia de la Policía Local. Aquel expediente derivó en una orden de ejecución aprobada en enero de 2018, que exigía actuaciones como el cerramiento de huecos, la colocación de sistemas antipalomas, el saneado de revocos en planta baja y el pintado de la fachada. “Se constata que no se realizaron”, ha señalado Domínguez.
Los técnicos municipales informaron en abril de 2024 de que no existía ninguna acreditación de que las obras exigidas se hubieran ejecutado, pese a que entre 2019 y 2020 hubo nuevas denuncias vecinales. ZeC critica que “no consta” ninguna inspección posterior ni que se trasladara el caso a la Unidad de Conservación del Patrimonio antes de que el expediente se archivara en mayo de 2024.
El concejal también ha subrayado que el titular del inmueble no ha abonado las sanciones ni las multas coercitivas, y que en muchos casos no fue posible ni siquiera notificarle las actuaciones porque constaba como ausente. No obstante, tras la declaración de ruina, el propietario sí respondió para solicitar la ejecución subsidiaria de las intervenciones, lo que, según ZeC, puede traducirse en que el Ayuntamiento acabe asumiendo el coste.
Para Domínguez, estas circunstancias “favorecen intereses especulativos” y no son un caso aislado. Ha recordado que la Asociación Vecinal de la Madalena ha alertado de la existencia de “decenas” de edificios protegidos en el Casco Histórico cuyos propietarios no estarían cumpliendo sus deberes de conservación a la espera de una declaración de ruina que permita construir sin rehabilitar.
ZeC ha reclamado “máxima transparencia” y que el Ayuntamiento tome todas las medidas necesarias para proteger el patrimonio, exigiendo el cumplimiento del deber de conservación y evitando la pérdida de edificios catalogados.
Mientras tanto, el área de Urbanismo defiende que las labores de apuntalamiento y estabilización han permitido reabrir parte de la actividad hostelera apenas dos semanas después del cierre, la mitad del plazo inicialmente previsto. El consejero municipal Víctor Serrano ha agradecido el “trabajo constante y eficaz” de los servicios técnicos y ha avanzado que esperan poder dar “buenas noticias” la próxima semana al resto de establecimientos afectados.
El edificio, privado y de interés arquitectónico grado B, está compuesto principalmente por estructura de madera y presenta una degradación severa. Pese a la demolición casi total que afrontará, el Ayuntamiento prevé preservar elementos como columnas de piedra, piezas de forjado y herrería, así como intentar mantener la fachada si las condiciones de seguridad lo permiten.