El matrimonio que fue detenido, el pasado mes de abril, acusado de mantener encerrados a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- durante casi cuatro años en su vivienda familiar en Toleo, en la zona rural de la capital asturiana, permanecerá en prisión provisional.
Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que ha denegado los dos recursos de apelación que interpusieron los abogados de Christian S., alemán de 53 años, y su esposa, Melissa Ann S., de 48, con doble nacionalidad estadounidense y alemana, contra los autos del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo del pasado 7 de mayo, por los que se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
La titular del juzgado dictó el auto de prisión contra ambos en virtud del atestado policial que les atribuye los delitos de abandono de menores y maltrato psicológico en el ámbito familiar.
El riesgo de fuga
En el recurso que presentó la defensa de Christian S. se alegaba que la prisión provisional se dictaba por la posible existencia de riesgo de fuga, cuando, por el contrario, su representado carece de antecedentes penales y no ha mostrado “intención de eludir la acción de la justicia”.
La defensa añade que, además, el cabeza de familia colaboró “en todo momento con las autoridades”, teniendo interés “como padre de sus tres hijos” en permanecer en España para recuperar el vínculo con ellos, “no siendo suficiente para acordar la prisión la falta de arraigo o de personas, familiares, amigos o conocidos, cuando está viviendo de forma estable en su residencia en Oviedo desde noviembre del año 2021”.
“Una medida desproporcionada”
La representación legal del padre considera que de esta forma el auto de prisión vulnera, desde su punto de vista, el principio de proporcionalidad y estima que la finalidad que se pretende alcanzar con la medida cautelar, “puede lograrse sin acudir a la privación de libertad”.
En su recurso de apelación, también apunta a que esta medida “no es necesaria para la protección de los menores”, pues sus hijos se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias y residen en un Centro de Menores.
Duplicidad de medidas cautelares
Esta es la base para que argumente que, al haberse suspendido la patria potestad, no existe prueba alguna de su intención de trasladar a los menores fuera de España.
En definitiva, estima que las medidas adoptadas por el Principado con la prohibición de contacto no supervisado o comunicación regulada por los Servicios Sociales, son suficientes para garantizar la protección de las víctimas, “no existiendo indicio alguno -afirma la defensa- de que realizara conductas tendentes a menoscabar la integridad de sus hijos de forma dolosa, encontrándonos ante una duplicidad de medidas con idéntico fin, estimando excesiva la medida que conlleva el obligado abandono de su actividad empresarial”.
Las defensas pedían que se sustituyera la medida cautelar de cárcel por medidas "menos gravosas", entre las que citan comparecencias semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico
El miedo al Covid
Por ello, solicita al tribunal de la Sección Segunda que deje sin efecto la medida de prisión provisional y se le impongan medidas “menos gravosas”, entre las que cita las comparecencias apud actas semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.
En el recurso de apelación, también pide que se realice una evaluación psiquiátrica adecuada para determinar a qué puede deberse su conducta y sugiere que puede tener alterada la percepción de la realidad, por alguna enfermedad o trastorno psicológico al justificar el confinamiento de los menores y de toda la unidad familiar por temor a contagios, e infecciones.
Evaluación psiquiátrica
Para realizar esta evaluación psiquiátrica y garantizar su tratamiento médico, propone su ingreso en un centro hospitalario.
En el recurso de apelación de la madre, Melissa Ann, se argumenta en términos similares a los de su marido, se pide que se sustituya la medida de prisión provisional por otras medidas “menos gravosas” con comparececias semanales, retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.
De forma subsidiaria, pedía que se acordase el ingreso en un centro hospitalario para garantizar un tratamiento adecuado a sus patologías o trastorno mental, debiendo realizarse una evaluación psiquiátrica adecuada para asegurar su bienestar, “bajo las medidas que se estimen necesarias”.
Ausencia de escolarización
La Sala, sin embargo, ha descartado todos estos extremos en ambos recursos y justifica el mantenimiento de la prisión provisional del matrimonio “por la gravedad de los hechos” que se le imputan.
Los magistrados se basan en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.
A todo ello se le añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.
Reiteración delictiva
La Audiencia admite que en estos momentos el riesgo de reiteración delictiva es “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subraya que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.
El matrimonio residía en una vivienda tipo chalé en el pueblo de Toleo, en la zona rural de Oviedo con sus tres hijos menores de edad. Una vecina de la zona alertó a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana porque le parecía que había menores en la casa que no estaban escolarizados. En el consistorio comprobaron que solo el padre estaba empadronado.
Estupor de los vecinos
Tras unas vigilancias discretas sobre la vivienda, la Policía Local decidió intervenir. Tras arrestar a los padres, liberó a los menores y éstos pasaron a estar bajo la custodia del Principado.
La situación de la familia causó un auténtico estupor entre los vecinos del matrimonio que, a pesar de vivir a escasos metros de su chalé, desconocían por completo su situación, la de los menores y las condiciones de insalubridad en las que vivían. Uno de estos vecinos era Marino Guardado que lleva 23 años residiendo en Toleo y que en los últimos cuatro años jamás vio a la familia, ni a los padres, ni a los menores. Él mismo lo relató así a elDiario.es Asturias.
El Principado se personará en la causa penal
El Principado se personará en la causa penal abierta contra sus padres al asumir la administración autonómica la tutela de los tres niños.
El Gobierno del Principado continúa buscando a familiares de los menores para ver la posibilidad de que se hagan cargo de ellos y no se pierda el vínculo con algún miembro de la familia.
Búsqueda de familiares
El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.
Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.
Hasta el momento no ha sido posible localizar a personas vinculadas a la familia, lo que ha llevado a contactar con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos, pero las gestiones aún no han fructificado. No obstante, fuentes del Principado han confirmado que los menores “están bien”.