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Alejandro Chehtman

Alejandro Chehtman es Marie Curie Fellow en la Facultad de Derecho de University College London, profesor investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Es autor del libro Fundamentación filosófica de la justicia penal extraterritorial, publicado por Oxford University Press (2010) y recientemente traducido al español y publicado por Marcial Pons (2013). Sus trabajos de Derecho internacional público, Derecho penal y filosofía del Derecho han sido publicados en importantes revistas internacionales, como Stanford Journal of International Law, Journal of International Criminal Justice, New Criminal Law Review y Law and Philosophy, entre otras. Actualmente está trabajando en un proyecto sobre Derecho internacional humanitario y teoría de la guerra justa en conflictos armados asimétricos.

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Justicia universal en la cuerda floja

España y sus tribunales han liderado, durante las últimas dos décadas, la lucha por que los responsables de atrocidades a escala internacional rindan cuentas por sus crímenes a través del principio de justicia universal. La petición de extradición del exdictador Augusto Pinochet que el juez Garzón hizo a Reino Unido supuso un duro golpe a la sensación de impunidad de varios dictadores. La actuación de los magistrados españoles en casos vinculados con Argentina, Chile o Guatemala ha proporcionado una pequeña pero importante fracción de justicia a las víctimas pero, por encima de todo, ha contribuido a impulsar los procesos judiciales por gravísimos crímenes en esos países.

La modificación legal relativa a la justicia universal (Ley Orgánica 1/2014), aprobada por trámite de urgencia parlamentaria el 27 de febrero, pretende, en buena medida, poner fin a esta realidad. Siguiendo la senda iniciada por la reforma de 2009, la nueva legislación, en vigor desde el pasado 15 de marzo, restringe de manera notable el ejercicio por parte de los magistrados españoles de la jurisdicción universal sobre los crímenes más horrendos. Diversos actores y organizaciones de defensa de los derechos humanos se han opuesto a esta ley, tanto por el procedimiento abreviado elegido para su tramitación –que impidió toda discusión sobre el texto, minando notablemente sus credenciales democráticas− como por su contenido.

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Los crímenes del franquismo ante la justicia argentina

Las autoridades judiciales argentinas están llevando a cabo actualmente una investigación sobre parte de los crímenes cometidos por el franquismo en España. Esta investigación constituye uno de los ejemplos más interesantes del ejercicio de la competencia universal en la actualidad, es decir, un estado enjuiciando penalmente hechos cometidos en el territorio de otro Estado, que no involucran a sus propios nacionales como perpetradores ni como víctimas. Abordaré someramente algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente esta iniciativa desde la perspectiva del derecho internacional.

Una cuestión clave para definir el futuro de estas actuaciones es la actitud que tomará la justicia española respecto del reciente pedido de extradición de dos nacionales españoles para ser interrogados, pero también de su colaboración en estas actuaciones desde una perspectiva más amplia (con medidas de prueba, etc.). Ante el primer pedido de la justicia argentina, todavía en tiempos de Zapatero, la Fiscalía española sostuvo que España estaba investigando ella misma el franquismo y sugirió que el principio de competencia universal debía ser tratado como subsidiario. Sobre esa base entendió que las autoridades argentinas carecían de competencia para investigar tales hechos. Este argumento es particularmente débil ya que por un lado España no está investigando los mismos hechos que la jueza argentina; pero además el derecho internacional no limita el ejercicio de competencia universal a lo que hagan otros estados, ni siquiera aquel en cuyo territorio se han cometido los hechos. Más recientemente la Fiscalía ha argumentado que los hechos en cuestión estarían prescriptos con arreglo al derecho penal español y ha sostenido que la Ley de Amnistía de 1977 constituye un impedimento para acceder a los cuatro pedidos de extradición de la justicia Argentina. Es sobre estas dos cuestiones que resulta pertinente detenernos aquí.

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