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Alfonso Pérez Medina

Periodista. Trabaja en laSexta como responsable de Tribunales y asuntos judiciales. Antes en Europa Press, donde ha cubierto casos como el 11-M, Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. También hizo información deportiva en Onda Cero y ha escrito reportajes sobre tribunales e información judicial en el semanario Ahora, en el digital Cuartopoder y en la revista especializada Iuris.

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Hasta el próximo procés

El lunes 31 de octubre de 2017 fue un día normal para Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat del Gobierno de Puigdemont. A pesar de que 48 horas antes el Senado había activado el artículo 155 de la Constitución que destituía a todo el gabinete, Rull acudió a su despacho situado en el número 2 de la avenida Josep Tarradellas de Barcelona y se fotografió delante de su ordenador con un ejemplar de El Punt Avui que titulaba 'A la feina' (al trabajo). A las diez y cuarto colgó la imagen en Twitter con el mensaje: "En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya". A las once salió para acudir a una reunión del Comité Nacional del PDeCat y nunca más volvió.

El miembro del Gobierno de Puigdemont que más engañado podía sentirse por la actuación de su antiguo jefe, que a la hora en la que Rull aparentaba ser ministro de la nueva república ya estaba en Bruselas iniciando una estrategia de internacionalización del conflicto con la que los jueces han justificado su prisión provisional, tomó este miércoles la palabra para defender de forma vehemente sus convicciones independentistas. Apuntó que "la realidad institucional catalana existe antes de la Constitución" -la fijó en 1359 y en las Cortes de Cervera-, y se mostró seguro de que, detrás de los doce acusados, "siempre vendrán más".

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Franco se agarra a los jueces

Como diría el presidente de la Sala de al lado, Manuel Marchena, "no empezamos bien". Que los cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que tienen que decidir si Franco se queda en el Valle de los Caídos se refieran a él como "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936", apenas tres meses después del inicio de la Guerra Civil, es un insulto a las víctimas del franquismo y a todos los demócratas.

Una afrenta también para quienes en los años más convulsos de la historia de España defendieron desde el alto tribunal la legalidad republicana frente a los militares que se alzaron, ellos sí violentamente, contra la Jefatura de Estado de Manuel Azaña, la única legítima en aquel momento. Para quienes pagaron con la vida, la cárcel o el exilio tener que enfrentarse a un golpe de Estado que desembocó en una guerra fratricida que dejó cientos de miles de muertos y un país sumido en la pobreza y el atraso durante los cuarenta años siguientes. Para quienes todavía hoy no tienen un sitio donde velar a sus muertos porque siguen sepultados en una fosa común o una cuneta.

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Nada fluye en el juicio del procés

A Heráclito de Éfeso, llamado El Oscuro, Platón le atribuye la frase de que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río porque entre una y otra las aguas no son las mismas y el hombre tampoco. Al filósofo le contradicen todos los actores del juicio del procés porque, tras cuatro meses en los que se han escuchado a 12 acusados y 422 testigos, se han practicado una treintena de pruebas periciales y se han visto centenares de vídeos, en este río nadie se mueve ni medio centímetro del lugar exacto en el que se zambulló.

La Fiscalía no cede y se reafirma en que lo que sucedió en Catalunya durante aquellos días efervescentes de septiembre y octubre de 2017 fue un golpe de Estado violento. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena le han comprado, uno por uno, los argumentos al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que se libró in extremis de un careo con el entonces número dos de los Mossos d’Esquadra, Ferrán López, y al teniente coronel, Daniel Baena, que entró y salió crecido de la sala de vistas.

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Nadie suspende a nadie

"Fíjese que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal". De la ristra de frases que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, está dejando durante el juicio del 'procés', esta es, sin duda, la que debería sobrevivir al procedimiento, estamparse en camisetas y sudaderas, ocupar con justicia el espacio reservado para el tuit fijado y el estado permanente del WhatsApp.

Por imperativo legal se celebra el juicio en el alto tribunal, acusan la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acción popular, ejercen el derecho de defensa las representaciones de los acusados y se sientan en el banquillo quienes presuntamente vulneraron la Constitución al impulsar un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamar por la vía unilateral la independencia, real o simbólica, de Catalunya. Dicho en latín, "dura lex, sed lex" (la ley es dura pero es ley).

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El juicio que lo contamina todo

La legislatura comienza como acabó. Con el Gobierno socialista atrapado entre las tres derechas, que le atribuyen pactos ocultos con los independentistas, y los socios catalanes de la moción de censura compitiendo en radicalismo, afeando a Pedro Sánchez y Miquel Iceta que formaran parte del bloque del 155 y reclamándoles interferencias políticas en el juicio del procés que saben que son imposibles de cumplir.

A pesar de la derrota en las urnas de los apóstoles de la crispación y del frenazo a las expectativas de la extrema derecha, nada parece haber cambiado con respecto a Catalunya y nada parece que cambiará en el corto plazo. Al menos hasta que se celebren las elecciones europeas y municipales del próximo 26 de mayo y hasta que, a mediados de junio, con la Fiscalía lanzada para mantener la acusación por rebelión, el Supremo deje visto para sentencia el juicio, que se ha enrarecido esta semana con la declaración de testigos más proclives a expresar sus opiniones políticas que a esclarecer los hechos que se juzgan.

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Las extrañas decisiones de la Junta Electoral

Puigdemont ganó una batalla judicial en Alemania y acaba de ganar otra en España. El Tribunal Supremo, que le procesó en rebeldía y a día de hoy mantiene una orden de detención nacional contra él, y el Constitucional, que le impidió ser investido president de la Generalitat de forma telemática, han avalado su presencia en las próximas elecciones europeas. Si el CIS de Tezanos acierta, obtendrá un escaño en el Parlamento de Estrasburgo.

La decisión de la Junta Electoral Central de excluir de los comicios al candidato de Waterloo y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, acompañada de un voto particular que fue el germen de los recursos que han acabado prosperando, pone de relieve que en las últimas semanas el árbitro en las urnas se ha convertido en protagonista. Y no solo por las tres expulsiones sino también por los volubles criterios con los que ha moldeado los debates electorales.

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Génova, 13: los problemas crecen

Lejos quedan los días en los que los presidentes de las constructoras más importantes del país se acercaban en persona al número 13 de la calle Génova y subían a la planta sexta para intentar asegurarse lo suyo. Allí les recibían con los brazos y las manos abiertas el tesorero Álvaro Lapuerta y el gerente Luis Bárcenas, que tomaban buena nota de sus principales desvelos -un contrato aquí, una adjudicación allá- y apuntaban cuidadosamente sus entregas en metálico.

Tras los afectuosos saludos de despedida, acompañados de algún puro si la visita lo merecía, los taquitos de billetes perfectamente organizados se entregaban al cajero, Antonio Molero, que bajaba a la calle y los ingresaba en el banco de enfrente -primero el Banco de Vitoria y después el Banesto-, cuidándose siempre de que no superaran el límite de 60.000 euros establecido por la ley de financiación de partidos políticos.

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Vox, en la frontera del odio

Con el tono y los ademanes de quien acaba de dejar el cubata escondido debajo del atril, el número tres de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, preguntaba a sus seguidores en la plaza de toros de Las Rozas a quién llamarían para hacer frente a dos "quinquis" que se meten en tu casa. "¿A Casado, a Rivera o a Abascal?". Tras la respuesta obvia y el alborozo general, contaba que alguien le había advertido de que se había olvidado de los otros dos candidatos a las generales, "Pedro y Pablo", y el monólogo de cuñado en Nochevieja daba un giro inesperado para señalar que no, que esos eran "los dos atracadores".

Llamar delincuentes a los adversarios políticos es lo más suave que han dicho los dirigentes de Vox en una campaña electoral en la que, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del 'trumpismo' más exacerbado, han puesto en el punto de mira a todos los que arruinaron el paraíso perdido por la globalización, que en su caso no es otro que la España católica, taurina y cazadora que dejaron los "cuarenta años de paz" del franquismo.  

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Es Catalunya, estúpido

El próximo 28 de abril están en juego el futuro de las pensiones y de los impuestos, la subida del salario mínimo, la redistribución del crecimiento económico, las medidas para reducir el paro, la vigencia de las políticas contra la violencia machista o la aprobación de una ley de muerte digna. Pero, por mucho que estos asuntos sean trascendentales en la vida de millones de personas, el factor que ha provocado el final de esta legislatura y que marcará la próxima es y seguirá siendo la situación en Catalunya.

Al adelanto electoral se llegó después de una moción de censura que unió a todos contra el PP por la demoledora sentencia de la Gürtel, que en los próximos meses tendrá que ser ratificada o revocada por el Tribunal Supremo en su parte esencial –la relativa a la existencia de una financiación con dinero negro durante dos décadas–, y después de que los independentistas catalanes, en parte por el golpe de mano que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dio en el seno del PDeCAT, supeditaran el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a una rebaja en la acusación de la Fiscalía en el juicio del procés.

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La acusación amateur de Vox

En el elegante Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que se celebra el juicio del procés comparten estrados los más listos de la clase. Allí se sientan siete magistrados integrados en la élite de la judicatura y que han escrito buena parte de la jurisprudencia de la Sala Segunda que permanece vigente, una ex fiscal general del Estado, tres representantes del Ministerio Público con decenas de casos resueltos a su favor y algunos de los abogados penalistas más brillantes y mejor pagados de Barcelona. Y luego están los letrados de Vox.

Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, a quienes no se conocen otros méritos que los de ostentar los cargos de secretario general y vicesecretario jurídico de la formación de extrema derecha que se ha colado en el juicio por su oportunismo al personarse en la causa, ejercen una acusación popular tan errática que, si se cambiaran de lado en la sala de vistas y se sentaran junto a los acusados, nadie notaría la diferencia.

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