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Alfonso Pérez Medina

Periodista. Trabaja en laSexta como responsable de Tribunales y asuntos judiciales. Antes en Europa Press, donde ha cubierto casos como el 11-M, Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. También hizo información deportiva en Onda Cero y ha escrito reportajes sobre tribunales e información judicial en el semanario Ahora, en el digital Cuartopoder y en la revista especializada Iuris.

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Precampaña judicial en el país de la improvisación

En España, casi nada sale como estaba previsto. A finales del año pasado, el cálculo que se hacía en el Tribunal Supremo era que el juicio del procés comenzaría a principios de año y que quedaría visto para sentencia en febrero o marzo. Así, la vista oral que analiza la crisis constitucional más grave en cuarenta años de democracia se alejaba de las elecciones municipales y de los indeseados efectos emocionales que un procedimiento judicial de esas características podría causar en los votantes.

Pero el juicio se retrasó y otras elecciones, las generales, se adelantaron. Y de esa forma, los ciudadanos acudieron a las urnas la misma semana en la que habían escuchado a los guardias civiles del juicio del procés describir el 1 de octubre como si fuera el pasaje del terror, y a los presuntos observadores internacionales intentar convencer al tribunal de que cobraron dinero público por no hacer ni una sola observación.

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Esperando la condena del procés

Tras el casi siempre soporífero acto que todos los años abre el curso judicial, el Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo acoge un pequeño cóctel en el que, alrededor del rey, se juntan los políticos, jueces, fiscales y altos funcionarios que cortan el bacalao en el mundo de la justicia y que aprovechan el encuentro para saludarse después de las vacaciones, intercambiar chismes y hablar más bien poco de los problemas reales de la Justicia.

Tradicionalmente el interés de los periodistas suele estar en el corrillo del rey, que traslada algunas impresiones sobre la situación política del momento, pero este año la escena era distinta. Frente al escudo de España que preside la estancia, rodeaban al monarca una decena de informadores, mientras que en el otro extremo de la sala, bajo las pinturas de Alcalá Galiano que representan las virtudes de la Justicia, casi una treintena acechaba al presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena.

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La caída de la generala

En aquellos años locos de la burbuja, a Esperanza Aguirre le gustaba organizar en navidad multitudinarias cenas con los periodistas en las que nunca se sabía muy bien quién agasajaba a quien. En una de ellas el belén que decoraba la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, lucía una enorme bandera de España que se puso, según contaban, porque, cuando a la presidenta le enseñaron las figuritas, la mula y el buey, lo primero que dijo fue: "Falta lavandera".

Fruto de los equívocos que a veces provoca la homofonía o del clima político que el PP había ido creando para convertir a Carod Rovira, entonces líder de Esquerra, en el enemigo público número uno en Chamberí, un colaborador de Aguirre se lanzó a una de las tiendas de souvenirs de la Puerta del Sol para comprar una enseña nacional y colocarla en los faldones del belén, lo que daba al conjunto un aspecto verdaderamente pintoresco. Cuando la jefa advirtió el cambio, en lugar de la esperada felicitación, se rió y espetó: "¡Pero, hombre, yo decía lavandera de lavar!".

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La factura judicial del no a Sánchez

Tras el bochornoso sainete de filtraciones y mentiras cruzadas que el PSOE y Unidas Podemos han protagonizado esta semana, con el mercadeo de cargos que llegó a manchar la tribuna del Congreso todavía humeante, llega la hora de pagar las facturas. Que si se adivinan enormes para la izquierda ante una más que probable repetición electoral -la desilusión en su electorado siempre lleva a la abstención-, hoy ya son importantes por lo que un Gobierno progresista podría empezar a hacer y no hará. También el mundo de la Justicia.

El Ejecutivo no nacido de izquierdas pierde la oportunidad de enfocar de otro modo el conflicto territorial en Catalunya, que volverá en septiembre al centro del foco con la sentencia del procés. La resolución del Tribunal Supremo será, previsiblemente, condenatoria, lo que por fuerza alejará a ERC de la abstención en la que se instaló el jueves ante el más que probable adelanto electoral de las autonómicas, en las que tendrá que volver a disputarse la hegemonía del independentismo con Puigdemont.

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Reabrir Madrid Central ya tal…

En otra época, los políticos del Partido Popular que dirigían las instituciones madrileñas al menos eran brillantes. Podían tener un plan perfectamente calculado para cargarse Telemadrid, ir privatizando la sanidad, ahogar a la escuela pública o mirar para otro lado ante escandalosas tramas de corrupción como la Gürtel, Púnica o Lezo. Pero, al menos, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón daban sobradas muestras cada día de su estatura política, despachaban con cierta soltura a sus adversarios y entretenían a los periodistas con intrincadas formas de hacerse la puñeta el uno al otro que siempre tenían como objetivo último hacerle la oposición a Zapatero y empujar a Rajoy para intentar quedarse con su puesto. 

Ahora, ese lugar lo ocupan José Luis Martínez-Almeida, al frente de la Alcaldía, e Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que será presidenta en cuanto se afine el pacto a tres con Ciudadanos y Vox. Cada vez que los flamantes líderes del nuevo PP de Madrid abren la boca, dejan la sensación de que están improvisando la frase que sigue a la siguiente y que, el día después, se verán obligados a corregir o matizar una idea, dos o todas. Ya sea por prometer ayudas a las familias de los no nacidos, suspirar por la Arcadia del atasco perdido o intentar justificar el inexplicable cierre de Madrid Central. 

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La Fiscalía que gusta en Génova

El curso judicial que está a punto de terminar se abrió con una buena noticia para Pablo Casado. La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la causa contra él por los másteres fake que regalaba la Universidad Rey Juan Carlos y la Sala de lo Penal aceptó su petición. Y esa es la constante que se ha repetido durante los últimos doce meses. Bien por la falta de autoridad de la fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno del PSOE, María José Segarra, bien por su exquisito respeto a la independencia de sus subordinados, lo cierto es que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público gustan más en Génova que en Ferraz. 

Segarra no modificó ni una coma del escrito de conclusiones que los cuatro fiscales de Sala presentaron al final del juicio del procés, lo que agrandó la distancia entre el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, que optó por la acusación por sedición al no apreciar la violencia suficiente que justificara el delito de rebelión. Y tampoco hizo nada por evitar el inquebrantable tono de su discurso, que les llevó a dar por probada la existencia de "un golpe de Estado" e incluso a utilizar la expresión "organización criminal" para detallar las actuaciones del Gobierno de la Generalitat.

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Carcundia de ida y vuelta

Una noche de diciembre Vicente fue al cine con un amigo y le dio un beso en la boca. El hombre, "de vida inmoral", infundió "sospechas" en el portero del establecimiento, que siguió a los dos hasta los urinarios del local y les sorprendió "en clara actitud homosexualista". El acompañante se dio a la fuga y Vicente fue detenido, lo que "trascendió a muchos de los concurrentes". Fue condenado a cuatro meses y un día de cárcel por un delito de escándalo público y, al recurrir en casación ante el Supremo, se le impuso además el pago de 250 pesetas (un euro y medio) por las costas del procedimiento. Está todo contado en una sentencia, dictada el 31 de mayo de 1965, en la que se destaca que la conducta del acusado estaba "teñida de ilicitud" por el "grave escándalo" que había provocado. 

El 17 de abril de 1978, con Franco desde hacía tres años reposando en el Valle de los Caídos, el alto tribunal confirmaba una sentencia por escándalo público contra el editor de una revista que había incluido una sección de pornografía que, "con el consabido pretexto científico y literario", reproducía "cuadros y dibujos en los que personas de diverso o mismo sexo practicaban el coito en diferentes posturas, con clara percepción para el lector incluso del miembro viril en erección".

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Jueces y fiscales contra la estupidez

Desde que en diciembre pasado Vox se convirtió en el quinto actor de la escena política nacional consiguiendo doce escaños en el Parlamento de Andalucía, las majaderías sobre violencia machista que se sueltan impunemente en el debate público se han multiplicado. 

Es lo que piensan los jueces y fiscales especializados en esta materia, que en los últimos meses han seguido trabajando, dictando sentencias, presentando acusaciones y consolidando jurisprudencia, mientras escuchaban cómo un fenómeno criminal que ha causado ya más muertes que el terrorismo de ETA se presenta como una cuestión intrafamiliar desvinculada del machismo y se menosprecia el trabajo de las asociaciones que ayudan a las víctimas, estigmatizadas como "chiringuitos" puestos al servicio de la "dictadura progre feminazi".  

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Jueces contra la transparencia

Es una sala de vistas alargada, sostenida por columnas blancas y forrada con contrachapados de madera, presidida por una pequeña foto del rey y un monitor de grandes dimensiones que está apagado. Bajo una luz mortecina toma la palabra Luis Bárcenas, que enmarca la destrucción de sus ordenadores en el año 2013 en la operación Kitchen, el dispositivo parapolicial que supuestamente puso en marcha el Gobierno del PP para arrebatarle información sensible sobre su caja B. Un rato después atraviesa la sala cojeando y ayudada de una muleta la exnúmero dos del partido María Dolores de Cospedal, que sin nombrarle se refiere a su enemigo íntimo como "una persona que tiene la mala costumbre de mentir".

Las escenas que cierran el enfrentamiento entre Cospedal y Bárcenas, uno de los más excitantes que ha vivido la política española en la última década, no podrán ser guardadas en ninguna hemeroteca. El responsable de este despropósito, adoptado en contra del criterio del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se llama Eduardo Muñoz de Baena Simón, es el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid y dictará en primera instancia la sentencia sobre el borrado de los ordenadores del extesorero.

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Hasta el próximo procés

El lunes 31 de octubre de 2017 fue un día normal para Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat del Gobierno de Puigdemont. A pesar de que 48 horas antes el Senado había activado el artículo 155 de la Constitución que destituía a todo el gabinete, Rull acudió a su despacho situado en el número 2 de la avenida Josep Tarradellas de Barcelona y se fotografió delante de su ordenador con un ejemplar de El Punt Avui que titulaba 'A la feina' (al trabajo). A las diez y cuarto colgó la imagen en Twitter con el mensaje: "En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya". A las once salió para acudir a una reunión del Comité Nacional del PDeCat y nunca más volvió.

El miembro del Gobierno de Puigdemont que más engañado podía sentirse por la actuación de su antiguo jefe, que a la hora en la que Rull aparentaba ser ministro de la nueva república ya estaba en Bruselas iniciando una estrategia de internacionalización del conflicto con la que los jueces han justificado su prisión provisional, tomó este miércoles la palabra para defender de forma vehemente sus convicciones independentistas. Apuntó que "la realidad institucional catalana existe antes de la Constitución" -la fijó en 1359 y en las Cortes de Cervera-, y se mostró seguro de que, detrás de los doce acusados, "siempre vendrán más".

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