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Alfonso Pérez Medina

Periodista. Trabaja en laSexta como responsable de Tribunales y asuntos judiciales. Antes en Europa Press, donde ha cubierto casos como el 11-M, Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. También hizo información deportiva en Onda Cero y ha escrito reportajes sobre tribunales e información judicial en el semanario Ahora, en el digital Cuartopoder y en la revista especializada Iuris.

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Justicia en situación de emergencia

“Es un final muy triste, estamos en una situación de depresión generalizada”. La frase, pronunciada por un magistrado del Supremo, resume los últimos días del mandato de Carlos Lesmes al frente del Tribunal y el ambiente que se respira en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nunca la Justicia tuvo una “crisis de imagen” tan grave como la que sufre en la actualidad, como se encargaron de recordar en un comunicado conjunto la práctica totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, que este lunes han convocado otra huelga general por la situación de emergencia en la que, según dicen, se encuentra el sistema.

De ese texto consensuado, en el que se destaca la “desafección de la carrera judicial” con sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces, solo se desmarcó la Unión Progresista de Fiscales, de la que todavía es integrante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que secundó en mayo el paro convocado contra su antecesor, Rafael Catalá, pero en esta ocasión no ve motivos para continuar con las protestas.

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Supremo disparate

La decisión del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de volver a su doctrina tradicional para que sigan siendo los clientes los que paguen el principal impuesto que grava la constitución de una hipoteca es tan legal desde el punto de vista jurídico como la que establecieron sus especialistas en Derecho tributario para cargar el pago a los bancos. Pero para llegar a esa estación de término se ha recorrido un camino repleto de disparatadas decisiones que deja por los suelos la imagen del Alto Tribunal, en vísperas de uno de los juicios más importantes de su historia, y que presenta a aquellos que deberían actuar como máximos garantes de la Justicia en protagonistas de cutres intrigas palaciegas.

Disparatada por completo ha sido la gestión de la crisis del presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, que si quería convocar el Pleno, debería haberlo hecho antes de que se dictaran las tres sentencias de la doctrina Rivas, o al menos cuando se hubieran resuelto otras nuevas en sentido contrario. Pero actuó tarde, provocando un cisma inédito en la historia reciente del alto tribunal e invocando a la antijurídica razón de la “enorme repercusión económica y social” de la medida, que deja la peligrosa conclusión de que todos los justiciables son iguales ante la ley pero los bancos son más iguales que los ciudadanos.

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El Pleno de los 16.500 millones de euros

“La mayoría de los magistrados no tenemos claro un criterio sobre este asunto y vamos a aprovechar el Puente para estudiárnoslo”. La frase es de uno de los 31 integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, convocados este lunes a un Pleno insólito en el que se juegan mucho la banca, que podría tener que afrontar gastos de hasta 16.500 millones de euros en el peor escenario diseñado por la agencia Moody’s, y el propio alto tribunal, que se arriesga a sufrir un daño irreparable en su credibilidad por el sentido de la resolución y la más que cuestionable gestión de la crisis que han hecho su presidente, Carlos Lesmes, y el responsable de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo. 

La decisión de que el Pleno revise el cambio de criterio que obliga a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en beneficio de los clientes que solicitan una hipoteca, por la “enorme repercusión económica y social” que tiene este asunto, abre en canal la Sala Tercera y deja la resolución que adoptaron los magistrados especializados en materia tributaria en manos de otros que, en su día a día, se dedican a analizar conflictos medioambientales, urbanísticos o de competencia en el mercado. Muchos de ellos nombrados por Lesmes. 

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Golpe de Estado o golpe de efecto

Mientras la fiscal general del Estado, María José Segarra, sigue manteniendo su calculada ambigüedad en vísperas de la presentación del escrito de calificación en el que concretará si asume o no el discurso de la rebelión construido por sus antecesores, el Gobierno continúa con el goteo de declaraciones que, entre guiños al independentismo, aleja cada vez más al PSOE del bloque del 155 que conformó, ahora hace un año, con PP y Ciudadanos. 

El Ejecutivo, que fijará la posición con la que la Abogacía del Estado acudirá al juicio, ha roto definitivamente con la tesis de que el proceso independentista fue una rebelión violenta contra el Estado, como defiende una soliviantada mayoría de magistrados en el Tribunal Supremo y los cuatro fiscales del caso que tendrán que interrogar a partir de enero a Oriol Junqueras y el resto de procesados. Un golpe de Estado, en palabras de Pablo Casado y Albert Rivera, que no hacen otra cosa sino reproducir los argumentos del juez instructor, Pablo Llarena, que comparó el  procés en su auto de procesamiento con “un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire” como el que protagonizó Tejero el 23-F de 1981. 

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¿Y si la Fiscalía no acusa por rebelión?

Desde que tomó posesión del cargo el pasado 4 de julio, la fiscala general del Estado, María José Segarra, ha evitado en público y en privado asumir el discurso que construyeron sus dos antecesores, nombrados por el Gobierno del PP, que pasa por defender que el proceso independentista catalán fue una rebelión violenta contra el Estado y que sus líderes deberían ser condenados a penas que superan los 20 años de cárcel. ¿Quiere eso decir que la Fiscalía no acusará por rebelión en el juicio contra los independentistas? Probablemente no. 

Su desapego a la tesis dominante en la Fiscalía y en el Tribunal Supremo quedó en evidencia hace dos semanas, durante la Apertura del Año Judicial Militar. Segarra fue preguntada si el argumento que utilizó el Ministerio Público para sostener que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras alentaron la violencia con vistas a sostener la estrategia independentista podría ser aplicable también a Quim Torra, tras los disturbios que se produjeron frente al Parlament. “Todavía no hemos formulado el escrito de acusación con respecto a los hechos del año pasado”, señaló para añadir a continuación que era “muy prematuro” hablar de lo sucedido en el primer aniversario del 1-O porque aún no se habían presentado los atestados policiales. 

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Cuando la Justicia llega tarde

La vida que le robaron a Inés Madrigal nada más nacer por culpa de una trama delictiva dedicada a regalar bebés a las familias bien que no podían tenerlos o la que se les fue, en cada golpe recibido, a los torturados por el policía franquista Antonio González Pacheco, conocido con el tenebroso apodo de Billy el Niño, no encontrarán, de momento, reparación en los tribunales. Y no porque no fueran víctimas de atroces delitos sino porque estos han prescrito y la Justicia llega tarde también para ellos.

El 19 de diciembre de 2012 el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, escribió un artículo titulado 'La lengua y las bestias', en el que dedicaba a los españoles, sin matizar demasiado y al bulto, los calificativos de "hienas" y "pobres bestias". El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cree que esas palabras podrían ser constitutivas de un delito de odio pero este no se puede perseguir porque, al haber pasado cinco años, la posibilidad de ser condenado también se ha esfumado.

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La factura de los años locos

A principios de la década de 2000, hasta el redactor más joven del medio más modesto que frecuentaba los pasillos de la Asamblea de Madrid podía enterarse de que la verdadera lucha interna en los partidos políticos de la época se libraba por ocupar los puestos de dirección en Caja Madrid y colocar a los allegados en sus estructuras. "Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan", solía decirse en aquellos años, en los que los rumores no tenían ningún soporte documental y, por lo tanto, no se podían publicar.

Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número 2 del Partido Socialista de Madrid y la famosa tarjeta que decían que tenía es la black con la que, según los extractos validados esta semana por el Tribunal Supremo, el político se gastó 900 euros en una agencia de viajes el mismo día que a su jefe de filas, Rafael Simancas, le birlaban la Presidencia de la Comunidad de Madrid los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

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Confesar es de 'losers'

Lo dicen en privado muchos abogados penalistas y el caso Máster les da la razón. Nunca hay que declarar hasta que no sepas exactamente de qué te acusan y cuando lo sepas tienes dos opciones: negarlo todo y asociar tu suerte a la de otros imputados que puedan estar en una situación de privilegio o, si los indicios de delito son incontestables, reconocer lo mínimo y buscar un buen acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

El archivo en el Tribunal Supremo del caso Máster para Pablo Casado, con la consideración de que el líder de la oposición pudo recibir "un trato de favor" de la Universidad Rey Juan Carlos que en todo caso no sería delito, deja varias lecciones y todas son desasosegantes para los ciudadanos normales, aquellos a los que nadie va a buscar a casa para regalarles un título universitario.

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Aznar y la Gürtel: se me olvidó que te olvidé

Quizá porque la distancia es el olvido o quizá porque Aznar se ha abandonado al negacionismo tan al uso en esta era de la posverdad, pero el rehabilitado referente del centro-derecha español despachó en el Congreso su relación con la trama Gürtel con una frase –“no conozco a Correa ni le contraté”- que se contradice abiertamente con las investigaciones que se han desarrollado en los tribunales durante los últimos diez años.

Hubo un tiempo en que Francisco Correa era “el amigo del presidente”, como le definió en el juicio de la Gürtel el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, el hombre que grabó a los corruptos y despúes llevó las cintas a la policía. Según su relato, la organización de los mítines de Aznar era la “pantalla” que Correa utilizó para ir introduciéndose en municipios madrileños como Majadahonda o Pozuelo, en los que el saqueo de las cuentas públicas con contratos amañados se compensaba con regalos para las campañas electorales de sus candidatos. De ahí que el PP acabara siendo condenado por lucrarse con 245.000 euros que le pagó la trama corrupta.

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Que dimitan los otros

La decisión de Pablo Casado de no dimitir en caso de que el Tribunal Supremo le impute por el máster que supuestamente consiguió en el reservado de la Universidad Rey Juan Carlos aleja al nuevo Partido Popular de la ola de regeneración de la vida pública que trajeron los ya no tan nuevos partidos y a la que se ha subido el PSOE de Pedro Sánchez, sobre todo tras la exposición pública de su tesis doctoral.

La dimisión de Màxim Huerta por intentar colarle un gol a Hacienda y pedir el VAR cuando se lo anularon, y la de Carmen Montón por aceptar otro máster de saldo, plagiar el trabajo final y aportar la tropical explicación de que no sabía en qué campus daba las clases porque la llevaban en taxi, sitúa el listón de exigencia en el lugar en el que debe estar en un país moderno, en el que los ministros y cargos públicos pagan sus impuestos, obtienen sus títulos con esfuerzo y, por encima de todo, dicen la verdad a los ciudadanos.

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