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Alfonso Pérez Medina

Periodista. Trabaja en laSexta como responsable de Tribunales y asuntos judiciales. Antes en Europa Press, donde ha cubierto casos como el 11-M, Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. También hizo información deportiva en Onda Cero y ha escrito reportajes sobre tribunales e información judicial en el semanario Ahora, en el digital Cuartopoder y en la revista especializada Iuris.

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Más chulo que un Rato

Algo debe de pasar en la cárcel que cambia la mirada de los presos. A su salida ya no son los mismos, ven el mundo de otra forma. La cárcel les transforma como esos programas de televisión en los que entra por una puerta un medroso oficinista y, tras la intervención de los estilistas, sale una estrella del rock. Algo de eso ha debido de pasarle a Rodrigo Rato, que ingresó el 25 de octubre en Soto del Real quejumbroso, desorientado y pidiendo perdón a los ciudadanos por los errores que pudo cometer, y se ha presentado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia como el tipo que siempre fue. Con esos aires de suficiencia que ni el cese que teledirigió su antiguo pupilo, Luis De Guindos, ni la mano por la nuca que le echó Cristóbal Montoro, por obra de un agente de aduanas, le hicieron nunca perder.

En la sala de vistas vimos al Rato que despachó en el Congreso la tragedia que sufrieron miles de pequeños inversores, la mayoría ancianos que perdieron buena parte de sus ahorros al seguir el consejo del director de la caja en el que habían confiado toda la vida, con una media sonrisa y una frase impregnada de lo peor del capitalismo salvaje que solo es aceptable si se aplica al ya retirado Rosendo: “Es el mercado, amigo”.

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Vox: regreso al pasado

El 6 de diciembre de 2013, en la plaza de la República Dominicana de Madrid, nació Vox. En el lugar que ETA escogió para cometer el atentado más sangriento de su historia en la capital, se reunieron cientos de personas convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), presidida por Santiago Abascal, uno de esos organismos para los que la formación de extrema derecha quiere ahora cortar cualquier tipo de subvención pública por constituir “un chiringuito de los partidos políticos”. Tomaron la palabra, además de Abascal, José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda, y los portavoces de tres asociaciones de víctimas del terrorismo: Consuelo Ordóñez, Francisco José Alcaraz y Daniel Portero.

Entre decenas de banderas de España, los convocados clamaron contra el Gobierno de Mariano Rajoy y exhibieron pancartas en las que se podían leer consignas como “fieles a vuestros partidos, traidores a nuestra patria”. Se sentían abandonados porque el Ejecutivo, como no podía ser de otra forma, iba a acatar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot y, de rebote, ponía en la calle a decenas de presos, no sólo etarras sino también violadores múltiples. Quienes estuvieron en esa concentración recuerdan que una frase de los asistentes sobresalió por encima de todas las demás: “¡Santiago, monta un partido!”.

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Feliz año judicial y electoral

Cuando se acercan las elecciones los políticos se ponen nerviosos y, si las citas con las urnas vienen acompañadas de decisiones judiciales que pueden condicionar el desarrollo de los acontecimientos, el nerviosismo puede convertirse en histeria. 2019 será un año de las dos cosas para los líderes de los principales partidos porque tendrán que centrar sus esfuerzos en las numerosas citas electorales que les esperan, en sortear los reveses que puedan llegarles desde los tribunales y en aprovechar de la mejor manera los que sufran sus rivales. 

El año comenzará bien para el Partido Popular, con la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la Andalucía tras 36 años de Gobiernos socialistas en la región, pero a partir del día 8 de enero a los de Pablo Casado se les volverá a aparecer uno de los fantasmas que más han lastrado su credibilidad en los últimos años. Rodrigo Rato, tan caído en desgracia que visitará la sala de vistas de la Audiencia Nacional desde la celda de Soto del Real en la que cumple condena por el choriceo de las tarjetas black, comparecerá como acusado en el juicio en el que se examina la fusión de las siete cajas ahorros que dieron origen a Bankia y su calamitosa salida a Bolsa. El exvicepresidente del Gobierno defenderá el plan de rescate que diseñó para la entidad y apuntará que el que pusieron en marcha su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, y su expupilo Luis de Guindos costó a las arcas públicas el triple que el suyo. 

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El PP y Bárcenas: un amor para siempre

Pasan los días, los meses y los años pero hay amores que, a pesar de la huella que deja el paso del tiempo y de los disgustos que va dando la vida, sobreviven a todo y permanecen para siempre. Amores, al margen de las apariencias, como el que siguen viviendo el Partido Popular y su extesorero Luis Bárcenas. A pesar de las distancias calculadas y de aquel ya lejano verano de 2013 en el que el exdirigente, ahora encarcelado, se lió la manta a la cabeza hablando más de la cuenta sobre la caja B y sus jefes en Génova supuestamente encargaron a los bajos fondos del Ministerio del Interior un dispositivo para arrebatarle los papeles que demostraban dos décadas de delitos.

El último gesto de la alianza que nunca se rompe ha llegado en la causa en la que precisamente se investigan los papeles de Bárcenas, pendiente del juicio que se celebrará en 2019, en la que los dos, de nuevo juntos, han recusado al magistrado Fernando Andreu para evitar que forme parte del tribunal y que escriba la sentencia que podría confirmar lo que ya avanzó el tribunal de la Gürtel: que el PP contó con “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989”.

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Las locas querellas de Vox

La escena se repite machaconamente cada semana ante el Tribunal Supremo. En la acera de enfrente a la que ocupaban los compañeros de los dirigentes independentistas catalanes encarcelados por el procés que denunciaban que la Justicia española es "una farsa", se plantan ahora periódicamente los dirigentes de Vox para anunciar a los medios de comunicación la nueva querella del día. Gestos graves, anuncios solemnes, miradas siempre fijas en el horizonte y palabras gruesas, que hablan de la necesidad de parar a los "golpistas" y de permitirles como máxima concesión, entre la chanza y la humillante condescendencia, que "pinten de amarillo los barrotes de su celda".

La extrema derecha se coló en el escenario político español con su multitudinario mitin de Vistalegre y en el institucional con los doce diputados que el juez prevaricador Francisco Serrano conquistó en las pasadas elecciones andaluzas. Pero antes de eso se hizo un hueco en los medios de comunicación más conservadores gracias al procedimiento judicial contra los independentistas catalanes, en el que Vox se personó como acusación popular. Su presencia en la causa, en la que piden 74 años de cárcel, no por uno, sino por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos, les permitió presentarse ante la opinión pública como un partido útil, útil para la España de la Reconquista que ellos defienden, y dejar de ser percibidos como la formación freak cuyos dirigentes se colaban en Gibraltar para colocar una bandera gigante en el Peñón.

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Manadas y mentiras

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena a los miembros de 'la manada' y apunta el camino para que el Supremo pueda agravar la pena tipificando los hechos como agresión sexual es una victoria escuálida, raquítica y por la mínima del feminismo y la igualdad, pero una victoria al fin y al cabo. Un tímido avance en unos tiempos en los que, en la región que más fiel ha sido al socialismo democrático durante los últimos 40 años, emerge un partido retrógrado que quiere desproteger a las mujeres maltratadas argumentando que la Ley Integral contra la Violencia de Género ampara a las “desaprensivas” que presentan denuncias falsas, a pesar de que estas siguen representando, según los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, el 0,07 por ciento del total. 

En ese discurso de cuñadismo facilón, que se comparte en los grupos de WhatsApp de los amigotes a partir de mensajes y memes recalentados, se enmarca el voto particular que dictó en la sentencia de primera instancia el magistrado Ricardo González, que más allá de las valoraciones jurídicas que ahora han tumbado sus superiores jerárquicos, contenía afirmaciones absolutamente vergonzosas. Consideraciones como la de que “no es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente física en algún momento” o que puede producirse “una verdadera agresión sexual en la que, pese a todo, la mujer llegue a experimentar excitación o placer meramente físico en algún momento”. 

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Un caso de corrupción llamado PP

Si colocáramos en el suelo, uno detrás de otro, los folios de todos los sumarios judiciales por corrupción que afectan al Partido Popular, Pablo Casado podría cruzarse España, de punta a punta, sin mancharse los zapatos. El líder de la oposición no es responsable de los chanchullos que se hicieron cuando daba sus primeros pasos en Nuevas Generaciones pero la herencia que ha recibido es la de un partido que se desangra en los tribunales como resultado de varias causas penales, cada vez más conectadas entre sí, que ponen de relieve que su financiación irregular con dinero negro se prolongó durante más de veinte años.

En la recta final de la campaña de las andaluzas, al candidato del PP a presidir la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha estallado en las manos una más de las bombas que esconde el caso de los papeles de Bárcenas. El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero rescató del recuerdo su nombre al señalarle como uno de los dos dirigentes a los que trasladó, a finales de 2005, que Bárcenas le obligaba a adjudicar obras a los constructores que después nutrían con generosas donaciones la caja B de Génova.

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Todos contra todos en el juicio de Bankia

Si el caso de las tarjetas black era el paradigma de cómo la clase política expolió las cajas de ahorro en su vergonzante provecho, el de la fusión y salida a Bolsa de Bankia, que comienza este lunes en la Audiencia Nacional, es la causa que refleja más fielmente las intrigas que se desataron en las entrañas del poder económico cuando, inmersos en lo peor de la crisis, el país se encaminaba al rescate bancario  que el Gobierno de Rajoy acabó pidiendo a Europa el 9 de junio de 2012.

El juicio, que se prolongará como mínimo hasta el próximo verano, tendrá que dirimir si los gestores de la entidad en 2011, con Rodrigo Rato al toque de campana, engañaron a sus accionistas al presentarles unas cuentas más vistosas que realistas, con el agujero creado por los activos tóxicos del ladrillo oculto en los balances.

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Justicia en situación de emergencia

“Es un final muy triste, estamos en una situación de depresión generalizada”. La frase, pronunciada por un magistrado del Supremo, resume los últimos días del mandato de Carlos Lesmes al frente del Tribunal y el ambiente que se respira en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nunca la Justicia tuvo una “crisis de imagen” tan grave como la que sufre en la actualidad, como se encargaron de recordar en un comunicado conjunto la práctica totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, que este lunes han convocado otra huelga general por la situación de emergencia en la que, según dicen, se encuentra el sistema.

De ese texto consensuado, en el que se destaca la “desafección de la carrera judicial” con sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces, solo se desmarcó la Unión Progresista de Fiscales, de la que todavía es integrante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que secundó en mayo el paro convocado contra su antecesor, Rafael Catalá, pero en esta ocasión no ve motivos para continuar con las protestas.

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Supremo disparate

La decisión del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de volver a su doctrina tradicional para que sigan siendo los clientes los que paguen el principal impuesto que grava la constitución de una hipoteca es tan legal desde el punto de vista jurídico como la que establecieron sus especialistas en Derecho tributario para cargar el pago a los bancos. Pero para llegar a esa estación de término se ha recorrido un camino repleto de disparatadas decisiones que deja por los suelos la imagen del Alto Tribunal, en vísperas de uno de los juicios más importantes de su historia, y que presenta a aquellos que deberían actuar como máximos garantes de la Justicia en protagonistas de cutres intrigas palaciegas.

Disparatada por completo ha sido la gestión de la crisis del presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, que si quería convocar el Pleno, debería haberlo hecho antes de que se dictaran las tres sentencias de la doctrina Rivas, o al menos cuando se hubieran resuelto otras nuevas en sentido contrario. Pero actuó tarde, provocando un cisma inédito en la historia reciente del alto tribunal e invocando a la antijurídica razón de la “enorme repercusión económica y social” de la medida, que deja la peligrosa conclusión de que todos los justiciables son iguales ante la ley pero los bancos son más iguales que los ciudadanos.

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