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Alfonso Pérez Medina

Periodista. Trabaja en laSexta como responsable de Tribunales y asuntos judiciales. Antes en Europa Press, donde ha cubierto casos como el 11-M, Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. También hizo información deportiva en Onda Cero y ha escrito reportajes sobre tribunales e información judicial en el semanario Ahora, en el digital Cuartopoder y en la revista especializada Iuris.

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Que dimitan los otros

La decisión de Pablo Casado de no dimitir en caso de que el Tribunal Supremo le impute por el máster que supuestamente consiguió en el reservado de la Universidad Rey Juan Carlos aleja al nuevo Partido Popular de la ola de regeneración de la vida pública que trajeron los ya no tan nuevos partidos y a la que se ha subido el PSOE de Pedro Sánchez, sobre todo tras la exposición pública de su tesis doctoral.

La dimisión de Màxim Huerta por intentar colarle un gol a Hacienda y pedir el VAR cuando se lo anularon, y la de Carmen Montón por aceptar otro máster de saldo, plagiar el trabajo final y aportar la tropical explicación de que no sabía en qué campus daba las clases porque la llevaban en taxi, sitúa el listón de exigencia en el lugar en el que debe estar en un país moderno, en el que los ministros y cargos públicos pagan sus impuestos, obtienen sus títulos con esfuerzo y, por encima de todo, dicen la verdad a los ciudadanos.

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La absolución imposible que pide Torra

En vísperas de otra Diada que volverá a poner de manifiesto que varios cientos de miles de catalanes se han hartado de España y de sus dirigentes políticos, el independentismo se encuentra en la tesitura de decidir si enfoca el juicio que se celebrará en el Supremo contra los promotores del referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) con las armas jurídicas de las que dispone o como una simple 'performance' para ensanchar su base electoral. Es decir, si juega el partido que se disputará a finales de año en el alto tribunal o lo da por perdido antes de que empiece, limitándose a proclamar que nada tiene que ganar porque el árbitro, a su entender, está comprado.

El discurso con el que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dado este martes por iniciado el curso político apunta más a la segunda vía que a la primera porque, a las palabras sobre la búsqueda  de "una solución política" basada en el "diálogo y la negociación" para resolver "bilateralmente" el "gravísimo conflicto entre España y Catalunya", se unió esa advertencia de que no aceptará "una sentencia que no suponga la libre absolución" de sus compañeros de filas. Advertencia que se tornó en amenaza al día siguiente cuando apuntó, en compañía de Puigdemont, que si no se produce una absolución global, planteará al Parlament la posibilidad de abrir las cárceles a los políticos catalanes.

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Una Fiscalía a la carta

En la mañana del 30 de octubre de 2017, 48 horas después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que el Parlament de Catalunya proclamó camuflada en la exposición de motivos de una resolución promovida por los grupos independentistas, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, puso en marcha una maquinaria -la judicial- que es imposible de parar.

Fracasada la vía política, se emprendió la de los tribunales y esa maniobra no tiene marcha atrás. Por mucho que ahora se empeñen los líderes de los partidos soberanistas, que ven en la debilidad numérica en el Congreso del Gobierno de Pedro Sánchez una oportunidad, no solo para reclamar sus legítimas aspiraciones políticas -con el referéndum de autodeterminación pactado en la cabecera de su lista de peticiones-, sino también para intentar condicionar el juicio que a la vuelta del verano se celebrará en el Tribunal Supremo.

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Esta causa es una ruina

Víctor Hugo escribió que “la victoria es furor y la derrota, rabia”. La rabia que impregna las 21 páginas del auto con el que el magistrado del Supremo Pablo Llarena contesta las otras 21 en las que la Justicia alemana limitaba la posibilidad de juzgar a Puigdemont por un delito de malversación es la constatación de una derrota. La de la tesis de que el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que se proclamó, en diferido, 26 días después, constituyó una rebelión violenta contra el Estado español.

En su furor contra los tres jueces regionales, Llarena se delata a sí mismo al acusarles de “falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”. Pudieran, en tercera persona del imperfecto de subjuntivo, el modo verbal con el que, según la RAE, “se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada”. Si los magistrados de Schlesweig-Holstein no ven en aquellos días de octubre un delito de alta traición -equivalente a la rebelión en el Código Penal alemán- es porque no advierten la violencia suficiente que hubiera podido doblegar el régimen constitucional y tampoco hacen a Puigdemont responsable de los episodios violentos que pudieron producirse. Por eso rechazan su entrega.

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El señor Lobo del procés

A cada problema, una solución. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha convertido en los nueve meses en los que se ha desarrollado la instrucción judicial contra el independentismo catalán en el señor Lobo de la Justicia española frente al desafío de los soberanistas. Como el personaje de Tarantino en Pulp Fiction, el magistrado ha tenido que echar mano de maniobras jurídicas que sus defensores, que son mayoría en la Sala Segunda del Supremo, califican de “audaces e imaginativas” y que las defensas definen como poco ortodoxas, cuando no de prevaricadoras, torticeras o ilegales.

La decisión de cerrar para juicio la causa contra los 18 dirigentes independentistas que, como el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tuvieron el valor de no marcharse tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que promovieron en el Parlament, ha coincidido con la decisión de Alemania de entregar a Carles Puigdemont únicamente por el delito de malversación de caudales públicos.

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Los senderos que se bifurcan entre la Fiscalía y el Supremo

El independentismo catalán quería gestos del Gobierno de Pedro Sánchez y ya tiene uno. El traslado de los dirigentes independentistas encarcelados por lo sucedido aquellos días de septiembre y octubre necesitaba el visto bueno del juez Pablo Llarena pero responde exclusivamente, para mal o para bien, a una decisión política del jefe del Ejecutivo que se ha tomado en vísperas de su primera reunión, este lunes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Al juez le da igual dónde estén los presos, ahora que la instrucción está prácticamente finalizada, y su estancia en cárceles catalanas deja de penalizar a sus familias, que tenían que desplazarse más de 600 kilómetros, en algunos casos con niños pequeños, para ver a sus seres queridos. Ahora los dirigentes independentistas vivirán mejor, ellas en la cárcel de Figueres y ellos en Lledoners, la única prisión de Catalunya que tiene implantado un modelo de participación y convivencia que permite, ironías de la vida, organizar las actividades carcelarias a través de referéndums.

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Reformar todas las mentes

Cinco tipos se pasean altaneros por Sevilla. De ellos sabemos, por una sentencia que aún no es firme, que violaron nueve veces a una chica de 18 años a la que condujeron a un portal y que allí ella, “agazapada, acorralada y atemorizada”, entró en shock y se sometió a todos sus deseos sin oponer resistencia. La escena, grabada a trozos sin el permiso de la víctima, no fue tipificada como agresión sexual (hasta 22 años de cárcel) sino como abuso (de seis a diez) porque no se pudo probar que se produjeran los “golpes, empujones y desgarros” que exige la jurisprudencia del Supremo para determinar que hubo violencia e intimidación.

De ellos también sabemos, gracias a unas conversaciones de Whatsapp que no fueron incluidas en la causa a pesar de constituir una prueba periférica de indudable valor, que se regocijaban con la idea de llevar “burundanga para las violaciones” y que su plan era “buscar a gorditas pamplonicas con casa” porque preferían “follarse a una buena gorda entre los cinco que a un pepino de tía” uno solo.

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El fantasma que se quedó a vivir Génova

A la sede del Partido Popular en la calle Génova, que se remodeló con pagos en negro por valor de 1,6 millones de euros, según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, llegó el miércoles al mediodía muy sonriente el diputado José Ramón García Hernández, “ Joserra, el que viene a recuperar, a renovar y a reunir”, como apuntó él mismo de carrerilla en su carta de presentación ante los medios de comunicación. 

Joserra, traje gris y corbata pistacho, llevaba debajo del brazo la que denominó “la caja de la ilusión”, una urna de cartón que contenía los avales de los militantes que le apoyan para presidir un partido en el que la única caja que durante décadas ha despertado ilusión entre sus dirigentes era la de las donaciones ilegales que Álvaro Lapuerta recibía a cambio de puros habanos y Luis Bárcenas contabilizaba en sus cinematográficos papeles con meticulosidad germánica y trazos puntiagudos. 

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Todos los inocentes dimiten

Si en la política y en la vida la forma es tan importante o más que el fondo, la manera en la que Màxim Huerta ha partido sin partirse, como él mismo refirió en su despedida citando un soneto de Lope de Vega, se parece demasiado a la de otros dirigentes del Partido Popular que renunciaron a sus cargos tras haber sido acorralados por escándalos similares. Con la diferencia, en todo caso, de que el Gobierno que le nombró tardó nueve horas en forzar su dimisión y Ana Mato, condenada por beneficiarse de la corrupción de la trama Gürtel, sigue trabajando hoy como asesora del PP en Bruselas.

Huerta se ha ido proclamando su inocencia a los cuatro vientos, presentándose como la presa de “una jauría” que quería hacer sangre con el Gobierno de Pedro Sánchez y tratando de justificar, no solo la manera en la que defraudó 218.323 euros tributando por el Impuesto de Sociedades lo que cualquier ciudadano habría declarado como Renta, sino también los dos recursos que presentó ante los tribunales para intentar eludir sus obligaciones.

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Lo peor (para el PP) está por llegar

Al vendaval que arrecia en Génova desde que estalló una sentencia de la Gürtel más descontrolada de lo que se pensaba, la inesperada moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy, la aseada puesta en escena del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el calculado ajuste de cuentas perpetrado por José María Aznar, se sumarán en los próximos meses nuevas malas noticias para el PP que llegarán de los tribunales.

La fosa en la que la corrupción ha sepultado, de momento, a los populares se agrandará un poco más esta semana con la sentencia que la Audiencia Nacional está a punto de notificar sobre la financiación irregular del Partido Popular valenciano. La confesión de nueve empresarios y del exsecretario general Ricardo Costa, que apuntó a Francisco Camps como cerebro de los pagos en B a las empresas de Francisco Correa que se hacían a través de constructoras, apenas deja margen al magistrado José María Vázquez Honrubia para dictar una sentencia que no sea condenatoria.

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