Reabrir Madrid Central ya tal…
En otra época, los políticos del Partido Popular que dirigían las instituciones madrileñas al menos eran brillantes. Podían tener un plan perfectamente calculado para cargarse Telemadrid, ir privatizando la sanidad, ahogar a la escuela pública o mirar para otro lado ante escandalosas tramas de corrupción como la Gürtel, Púnica o Lezo. Pero, al menos, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón daban sobradas muestras cada día de su estatura política, despachaban con cierta soltura a sus adversarios y entretenían a los periodistas con intrincadas formas de hacerse la puñeta el uno al otro que siempre tenían como objetivo último hacerle la oposición a Zapatero y empujar a Rajoy para intentar quedarse con su puesto.
Ahora, ese lugar lo ocupan José Luis Martínez-Almeida, al frente de la Alcaldía, e Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que será presidenta en cuanto se afine el pacto a tres con Ciudadanos y Vox. Cada vez que los flamantes líderes del nuevo PP de Madrid abren la boca, dejan la sensación de que están improvisando la frase que sigue a la siguiente y que, el día después, se verán obligados a corregir o matizar una idea, dos o todas. Ya sea por prometer ayudas a las familias de los no nacidos, suspirar por la Arcadia del atasco perdido o intentar justificar el inexplicable cierre de Madrid Central.
Cada día, el tándem Almeida-Ayuso tiene su afán. Cuando la presidenciable quiere echarle una mano a su compañero de partido, dice que la “chapuza” de Madrid Central “ha matado al Rastro y ha hecho aumentar la delincuencia”. Y aunque los comerciantes se apresuren a negarlo, Almeida agradece el gesto y ratifica que algunos vecinos le han trasladado “cierta sensación de inseguridad” en el centro de la ciudad, manifestación que en plena oleada de turistas extranjeros se ve obligado a rectificar al día siguiente para destacar, esta vez, que “Madrid es una ciudad tremendamente segura”. Y así pasan las semanas.
Almeida apenas lleva un mes como alcalde de Madrid y sus dos únicos logros han sido colocar en el Ayuntamiento una segunda bandera de España a la que misteriosamente se le ha caído el escudo constitucional y revertir el proyecto de Manuela Carmena, que antes lo fue de Ana Botella, para cerrar el centro de la ciudad al tráfico. Algo que están haciendo todas las capitales europeas, que planificó el propio Gobierno municipal del PP en 2014 y que han avalado todos los órganos judiciales que hasta la fecha se han cruzado con este asunto. Y son ya siete.
Cuando el proyecto se puso en marcha, a finales de noviembre del año pasado, se presentaron cinco recursos diferentes contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible que tenían como fin último que los tribunales resolvieran, de forma cautelar, la reapertura de la circulación sin restricciones en la almendra de la ciudad. Todos fracasaron. Dos de ellos los interpuso la Comunidad de Madrid; otro, la asociación DVuelta; el cuarto, el colectivo Automovilistas Europeos Asociados y el último, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que ya entonces capitaneaba Martínez Almeida, del que Carmena dijo que en aquellos días había sido “un poco gilipollas” con ella, según reveló el hoy regidor.
Ahora, otros dos jueces de lo Contencioso-Administrativo han puesto en evidencia la improvisación del alcalde y de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no tenían otro plan para luchar contra la contaminación en Madrid que reírse y hacer una foto a los operarios que retiraban las jardineras de una calle que volvió a ser ocupada por los coches. Se lo ha dicho dos veces el magistrado Jesús Torres Martínez, que considera que la excusa alegada por el equipo de Gobierno para cumplir de inmediato su promesa electoral de echar abajo Madrid Central, la existencia de “deficiencias en el sistema de multas”, no es más importante que “la protección de la salud y del medio ambiente” y que ninguna indemnización podría reparar el daño que la contaminación desbocada puede causar a los madrileños.
El juez, que ha admitido las medidas cautelares planteadas por Ecologistas en Acción para suspender la moratoria en las multas, le ha sacado los colores al Gobierno municipal al señalar que el cierre se ha llevado a cabo sin que se hayan planteado “alternativas ni medidas opcionales”. En la misma línea, el togado Carlos Sánchez Sanz, que actuó a petición del Grupo Municipal Socialista y de Greenpeace, considera que la moratoria en las multas podría provocar “perjuicios de imposible o difícil reparación, al afectar la contaminación a la salud de las personas y al medio ambiente”.
A ello hay que sumar que la Guardia Civil lleva desde junio midiendo la polución del aire en Madrid por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente y que toda esa información, que podría dejar en mal lugar al Gobierno municipal por no activar ni un sola vez los protocolos anticontaminación, se aportará a las causas que se siguen en esos dos juzgados.
Igual a los dirigentes madrileños del PP se les olvida. Pero el 13 de diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que Madrid, París y Bruselas estaban adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas de restricción de la circulación para disminuir la “acreditada contaminación del aire en sus términos municipales”. Y la Comisión Europea ya ha advertido a España de que podría ser sancionada si en Madrid y Barcelona se siguen rebasando los límites permitidos de emisiones de dióxido de nitrógeno.
Por eso, no hay otro camino, no es posible volver atrás. Por mucho que se empeñen, Almeida y Ayuso tendrán que rectificar, imitar a Rajoy y acabar admitiendo que aquella promesa de reabrir al tráfico Madrid Central ya tal…
