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Ariadna Trillas

Ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex directora adjunta del diario Ara.

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"Si salir de la precariedad es difícil, salir de la violencia machista aún lo es más"

La Fundación Surt, que preside Fina Rubio, lleva más de un cuarto de siglo trabajando en la inserción laboral de las mujeres, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Rubio es una destacada feminista y activista social. Licenciada en Antropología Social y Cultural, pilota una institución con un centenar de trabajadores y por la que, de media, al año pasan entre 800 y 1.000 personas. Su campo de trabajo es la inserción laboral y el empoderamiento de las mujeres. Como la mayoría de las entidades sociales, su financiación es principalmente pública y parcialmente privada. En esta entrevista, realizada en su casa, Rubio reflexiona sobre los límites de los avances de las mujeres, y también sobre la dura realidad laboral actual. 

Después de estos más de 25 años, ¿sigue siendo más difícil que la inserción de los hombres?

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Más empleo, pero en los extremos

La imagen de una sociedad posindustrial caracterizada por una población trabajadora de cuello blanco altamente cualificada nos persigue en el imaginario colectivo, a lomos de los avances tecnológicos, desde hace más de medio siglo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. ¿Cómo está evolucionando la estructura sociolaboral en realidad? El resumen simplificado es el siguiente: se están generando más empleos considerados cualificados, sí, y, al mismo tiempo, se están generando también más empleos entre los considerados menos cualificados. Es decir, se crean puestos de trabajo en ambos extremos. En cambio, se hunde una parte importante de los empleos intermedios, principalmente los relacionados con la industria y que requieren cierta cualificación. No está sucediendo tanto lo mismo con los de carácter administrativo, a diferencia de lo que sí sucede en otros países de la Unión Europea.

Esta es la foto de lo ocurrido en España entre los años 1993 y 2013, según un trabajo realizado por el sociólogo Camille Peugny, que analiza la evolución de la estructura laboral de 15 países europeos entre los años 1993 y 2013 para constatar hasta qué punto se produce la polarización y para identificar qué factores explican esta evolución y, en particular, el papel que tiene en ella la tecnología. 

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Ni comprar ni alquilar vivienda: usar y compartir

Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual. 

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Más robots, pero también más empleos

No transcurre mucho tiempo sin que surja un nuevo estudio que se permita estimar cuál será el alcance de la automatización y la robotización sobre el empleo remunerado.  Los resultados no permiten extraer conclusiones claras, más allá de que las máquinas acelerarán la destrucción de tareas, especialmente las más rutinarias, y de que buena parte de los nuevos empleos que se crearán ni siquiera existen hoy. 

El último de los informes de este tipo difundidos ha sido el de Foro Económico Mundial The Future of Jobs 2018, un compendio de opiniones de responsables de recursos humanos de multinacionales, según el cual en un futuro próximo (2022) las máquinas se encargarán, de media, del 42% de las horas dedicadas a tareas en 12 sectores elegidos, frente al 58% de horas que seguirá recayendo en los seres humanos. Hoy, la proporción es de un 29% frente a un 71% humano. Si la perspectiva de los ejecutivos sondeados no yerra, la automatización acabará con 75 millones de empleos sin que deba cundir el pánico, puesto que se generarán 133 millones de nuevas ocupaciones, de modo que el saldo neto (58 millones) será positivo.

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Cuidar mejor cuando ya no se puede curar

He aquí un libro imprescindible para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene el modo en el que cuidamos. Cuando alguien sufre un problema de salud, deseamos que se restablezca lo antes posible. Pero sabemos que si no hay curación en perspectiva, empieza una fase difícil en el que los cuidados adquieren una especial relevancia. La tesis de Ana Urrutia Beaskoa, directora de la Fundación Cuidados Dignos y reconocida como “emprendedora social” por la Fundación Ashoka, es, en esencia, que la formación, la actitud y el método por parte de los profesionales de los cuidados marcan la diferencia en la atención a las personas más vulnerables, en especial aquellas que viven en centros residenciales. 

En su libro Cuidar (Ariel), Urrutia afirma sin ambages que la falta de trabajadores en un centro con relación a la cantidad de personas de las que deben ocuparse no es la única causa del problema de las carencias de la atención actuales. “Tenemos menos medios que otros países, pero, sobre todo, tenemos menos carácter innovador y nos cuesta situarnos en la mejora continua”, afirma la gerontóloga. No se trata de que no haya que luchar por aumentar el número de profesionales cuando haga falta, ni por luchar por mejorar sus condiciones laborales, pero poco cambiarán las cosas, insiste, si ese personal no se compromete con un cambio. Y al revés. Mucho compromiso con el cambio sin suficiente personal tampoco sirve.

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"La mayoría de las empresas siguen pensando poco en la vida de las personas"

Anna Fornés lleva toda la vida ligada de una forma u otra al desarrollo de personas. Pedagoga de formación, ha trabajado en centros de menores y con personas con alguna discapacidad. Se le nota que le gusta enseñar y ha ejercido de formadora de formadores para una multinacional de la gran distribución. Con ese bagaje llegó hace dos décadas a la Fundació Factor Humà. No es sencillo explicar a qué se dedica la entidad que dirige y que impulsó la economista y política Mercè Sala, fallecida en 2008, con la finalidad de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. La fundación, apoyada por cerca de 70 empresas e instituciones, se define como “una comunidad de conocimiento” comprometida con las personas que ofrece un espacio de “intercambio e interrelación”. A través de la investigación, la formación, los seminarios, los premios y nuevas medidas de evaluación como el Barómetro Factor Humà, quiere ayudar a construir organizaciones “humanas”.

Suena elevado, utópico e idealista...

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Luchar por lo que debería ser obvio

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

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Cerrado por saturación turística

Este verano no es posible viajar a Boracay. El Gobierno de Filipinas ha restringido el acceso a esta pequeña isla habitada por 12.000 personas y visitada el año pasado por casi dos millones de turistas. El agua de sus playas está contaminada a resultas de vertidos incontrolados, el desborde de sistemas de desagüe y la acumulación de basura. Tampoco Maya Bay, la famosa playa de Phi Phi Leh, en Tailandia —donde Leonardo Dicaprio rodó La Playa—, está accesible, al menos hasta el mes de octubre. Objeto de un febril desarrollo inmobiliario tras el tsunami de 2004, la isla acoge más de 300 lanchas rápidas al día que cargan y descargan más de 5.000 turistas, algunos de los cuales arrancan o pisotean corales. Dos tercios de la Gran Muralla de China está llena de brechas y de graffiti, en buena parte por el desembarco de excursionistas. AENA requisa cada semana, por motivos de seguridad, cerca de 500 kilos de piedras volcánicas que los viajeros pretenden llevarse de Lanzarote como recuerdo de su estancia. Y como los turistas no caben —literalmente— en las estrechas calles de Venecia, las autoridades municipales han empezado a experimentar con puntos de control que regulan la entrada de visitantes. La policía municipal tiene órdenes de cerrar la entrada al centro histórico de la ciudad de los canales en caso de exceso de llegadas, como ocurrió ya en el pasado carnaval.

No hace falta seguir. Basta con saber que el turismo mueve una cantidad ingente de personas y de dinero, y que además de gente y dólares, deja una huella social y ecológica profunda. 

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Adiós al impuesto al sol

La ciudadanía, las comunidades de vecinos, cooperativas, empresas e instituciones que quieran producir su propia energía para consumirla, almacenarla o vender la que les sobre vertiéndola a la red de distribución cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Su derecho a hacerlo ha quedado blindado, lo que supone un primer paso en la revolución hacia una economía basada en energías renovables como la solar y la eólica. Y hay una importante novedad que afecta directamente a España: al ejercer este derecho, no podrá haber recargos de por medio, al menos hasta el año 2026, con independencia de la potencia que se tenga instalada. Un acuerdo entre las tres instituciones pilares de la UE —el Parlamento de la UE, que ha desempeñado un papel clave en favor de las energías renovables, la Comisión y el Consejo— colocaba a mediados de junio en el punto de mira el llamado impuesto al sol vigente en España para las instalaciones de más de 10 kW de potencia y que satisfacía a las eléctricas. 

Pero no habrá que esperar el tiempo máximo que existe hasta la entrada en vigor de la nueva directiva de energías renovables (hasta 2021). El pacto europeo sobre la nueva directiva prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cambio de Gobierno en España. El PSOE es contrario a los recargos sobre el autoconsumo eléctrico y es partidario del autoconsumo compartido. Ha coincidido, además, en el tiempo con la reedición del frente contra el impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que reúne a todos los grupos de la hasta hace poco oposición (todos menos el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez disponen de suficientes votos para promover un tipo de generación de energía renovable que ayuda a reducir los costes de producir energía y a disminuir también su impacto medioambiental. También Ciudadanos, que en su momento se posicionó junto al PP contra la iniciativa, ha presentado ahora la suya, favorable a la generación distribuida.

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Menos habitantes, y más viejos

Hace unos meses, el Gobierno polaco lanzó una controvertida campaña para fomentar la natalidad que, además de ayudas a las familias, llamaba a la población a “reproducirse como conejos” en un vídeo en el que aparecían ejemplares de estos animales. En un país marcadamente católico, el Ejecutivo de Varsovia se decía preocupado por la baja tasa de fertilidad de la población (1,32 criaturas por mujer).

En realidad, el indicador de la fecundidad en España es muy similar al polaco: 1,33 hijos, según Eurostat. Y en caída: en el año 1960, en España las mujeres tenían, de media, 2,86 descendientes. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral sin que se produjera en paralelo una reorganización social de los cuidados, la precarización del trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda son algunas de las causas de esta evolución.

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