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Ariadna Trillas

Ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex directora adjunta del diario Ara.

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Empresas españolas: suspenso en transporte colectivo

La empresa B. Braun, proveedora de productos sanitarios, lleva tiempo promoviendo que las personas integrantes de su plantilla se junten para ir al trabajo. Les da la opción de registrarse por grupos y reservar una plaza de aparcamiento si comparten coche privado, y el año pasado amplió rutas y horarios del sistema de transporte colectivo organizado por la propia compañía. Según informa el plan de movilidad de B. Braun en su planta de Rubí (Barcelona) —tiene otros centros en Alcobendas (Madrid), Jaén y Santa Oliva (Tarragona)—, la opción vehículo de alta ocupación (VAO) supone un ahorro diario de 6,4 euros al día por ocupante —o 1.440 euros al año— además de ayudar a evitar la emisión de 8 kilos de CO2 a la atmósfera cada día. Subirse al autobús corporativo significa ahorrar siete euros al día y equivale a 3 kilos menos de dióxido de carbono.

No son muchas las empresas que en España planifican una movilidad sostenible, aunque algunas grandes compañías radicadas en polígonos facilitan medios de transporte colectivo. Sin embargo, la implantación de una empresa en un lugar determinado, sus turnos de trabajo y las zonas de aparcamiento son factores que inciden en la movilidad cotidiana, en la contaminación, la congestión, la conciliación, el impacto ambiental y la salud.   

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Protección social portátil... e individual

Buena parte de su vida, Max Terbeck trabajó como asalariado en varias empresas hasta que, remarca, "por vocación y por elección", se convirtió en freelancer. Instalado en Barcelona desde 2001, en pleno auge de lo que entonces se conocía como nueva economía de las puntocom, de un tiempo a esta parte ha encontrado una especie de escaparate digital que, asegura, "ha cambiado mucho su vida" como autónomo. Se trata de Malt, una plataforma digital nacida en Francia en 2014 y aterrizada en España hace poco más de un año, donde cerca de 100.000 freelancers han creado un perfil, ofrecen sus servicios, indican su tarifa y esperan que la potencial clientela escoja. Los desarrollos web y el asesoramiento sobre opciones de negocio son la baza de Terbeck, quien destaca algunas de las ventajas que le ha proporcionado este tipo de intermediación: aumentar los ingresos al no tener que ir buscando clientes, facilidades de facturación y "una solución al quebradero de cabeza de cuando no te pagan por un proyecto realizado". Al aceptar el presupuesto, el cliente deposita ya el dinero en la plataforma, pero el pago llega al freelancer a las 48 horas de la finalización del servicio. La plataforma se queda una comisión del 10%, impuestos aparte, del pago por un servicio que el cliente puntúa. La elección de proveedor se realiza entre los perfiles más adecuados que proporcionan los algoritmos para resolver las necesidades requeridas.

Malt es una de las plataformas de trabajo que casan oferta y demanda y que muestran una cara distinta de la intermediación vía plataforma digital que ha acaparado la atención, ya sea por las condiciones de trabajo precario o por los choques regulatorios en sectores específicos como el reparto —Glovo, Deliveroo— o el transporte —como Uber y Cabify—. Porque las plataformas no dejan de expandirse, sofisticarse y especializarse a una velocidad pasmosa.

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Cómo medir en euros los resultados sociales de las empresas

Lantegi Batuak es la iniciativa empresarial de mayor dimensión que existe en Bizkaia en el ámbito de la discapacidad y, especialmente, en la discapacidad intelectual. En ella trabajan 3.100 personas. Pese su carácter marcadamente social, también opera en el mercado. El 80% de la actividad de sus 25 centros de trabajo es industrial. Entre facturación y algunas subvenciones, anualmente mueve más de 100 millones de euros. Desde hace ocho años, la organización funciona con una doble contabilidad: la de carácter económico-financiero y la de carácter social. Y ambas comparten la misma unidad de medida: el dinero. Eso, medir las cosas en euros, todo el mundo lo entiende.

Y es que cuando una compañía contrata, por ejemplo, a 200 personas, en sus cuentas computa en negativo, como un gasto, lo que no deja de resultar paradójico considerando las consecuencias positivas, sociales y también económicas, en múltiples aspectos, de crear empleo. Más aún se da esta contradicción si hablamos de personas con discapacidad. De ahí la necesidad de medir otros parámetros.

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"Si salir de la precariedad es difícil, salir de la violencia machista aún lo es más"

La Fundación Surt, que preside Fina Rubio, lleva más de un cuarto de siglo trabajando en la inserción laboral de las mujeres, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Rubio es una destacada feminista y activista social. Licenciada en Antropología Social y Cultural, pilota una institución con un centenar de trabajadores y por la que, de media, al año pasan entre 800 y 1.000 personas. Su campo de trabajo es la inserción laboral y el empoderamiento de las mujeres. Como la mayoría de las entidades sociales, su financiación es principalmente pública y parcialmente privada. En esta entrevista, realizada en su casa, Rubio reflexiona sobre los límites de los avances de las mujeres, y también sobre la dura realidad laboral actual. 

Después de estos más de 25 años, ¿sigue siendo más difícil que la inserción de los hombres?

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Más empleo, pero en los extremos

La imagen de una sociedad posindustrial caracterizada por una población trabajadora de cuello blanco altamente cualificada nos persigue en el imaginario colectivo, a lomos de los avances tecnológicos, desde hace más de medio siglo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. ¿Cómo está evolucionando la estructura sociolaboral en realidad? El resumen simplificado es el siguiente: se están generando más empleos considerados cualificados, sí, y, al mismo tiempo, se están generando también más empleos entre los considerados menos cualificados. Es decir, se crean puestos de trabajo en ambos extremos. En cambio, se hunde una parte importante de los empleos intermedios, principalmente los relacionados con la industria y que requieren cierta cualificación. No está sucediendo tanto lo mismo con los de carácter administrativo, a diferencia de lo que sí sucede en otros países de la Unión Europea.

Esta es la foto de lo ocurrido en España entre los años 1993 y 2013, según un trabajo realizado por el sociólogo Camille Peugny, que analiza la evolución de la estructura laboral de 15 países europeos entre los años 1993 y 2013 para constatar hasta qué punto se produce la polarización y para identificar qué factores explican esta evolución y, en particular, el papel que tiene en ella la tecnología. 

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Ni comprar ni alquilar vivienda: usar y compartir

Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual. 

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Más robots, pero también más empleos

No transcurre mucho tiempo sin que surja un nuevo estudio que se permita estimar cuál será el alcance de la automatización y la robotización sobre el empleo remunerado.  Los resultados no permiten extraer conclusiones claras, más allá de que las máquinas acelerarán la destrucción de tareas, especialmente las más rutinarias, y de que buena parte de los nuevos empleos que se crearán ni siquiera existen hoy. 

El último de los informes de este tipo difundidos ha sido el de Foro Económico Mundial The Future of Jobs 2018, un compendio de opiniones de responsables de recursos humanos de multinacionales, según el cual en un futuro próximo (2022) las máquinas se encargarán, de media, del 42% de las horas dedicadas a tareas en 12 sectores elegidos, frente al 58% de horas que seguirá recayendo en los seres humanos. Hoy, la proporción es de un 29% frente a un 71% humano. Si la perspectiva de los ejecutivos sondeados no yerra, la automatización acabará con 75 millones de empleos sin que deba cundir el pánico, puesto que se generarán 133 millones de nuevas ocupaciones, de modo que el saldo neto (58 millones) será positivo.

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Cuidar mejor cuando ya no se puede curar

He aquí un libro imprescindible para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene el modo en el que cuidamos. Cuando alguien sufre un problema de salud, deseamos que se restablezca lo antes posible. Pero sabemos que si no hay curación en perspectiva, empieza una fase difícil en el que los cuidados adquieren una especial relevancia. La tesis de Ana Urrutia Beaskoa, directora de la Fundación Cuidados Dignos y reconocida como “emprendedora social” por la Fundación Ashoka, es, en esencia, que la formación, la actitud y el método por parte de los profesionales de los cuidados marcan la diferencia en la atención a las personas más vulnerables, en especial aquellas que viven en centros residenciales. 

En su libro Cuidar (Ariel), Urrutia afirma sin ambages que la falta de trabajadores en un centro con relación a la cantidad de personas de las que deben ocuparse no es la única causa del problema de las carencias de la atención actuales. “Tenemos menos medios que otros países, pero, sobre todo, tenemos menos carácter innovador y nos cuesta situarnos en la mejora continua”, afirma la gerontóloga. No se trata de que no haya que luchar por aumentar el número de profesionales cuando haga falta, ni por luchar por mejorar sus condiciones laborales, pero poco cambiarán las cosas, insiste, si ese personal no se compromete con un cambio. Y al revés. Mucho compromiso con el cambio sin suficiente personal tampoco sirve.

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"La mayoría de las empresas siguen pensando poco en la vida de las personas"

Anna Fornés lleva toda la vida ligada de una forma u otra al desarrollo de personas. Pedagoga de formación, ha trabajado en centros de menores y con personas con alguna discapacidad. Se le nota que le gusta enseñar y ha ejercido de formadora de formadores para una multinacional de la gran distribución. Con ese bagaje llegó hace dos décadas a la Fundació Factor Humà. No es sencillo explicar a qué se dedica la entidad que dirige y que impulsó la economista y política Mercè Sala, fallecida en 2008, con la finalidad de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. La fundación, apoyada por cerca de 70 empresas e instituciones, se define como “una comunidad de conocimiento” comprometida con las personas que ofrece un espacio de “intercambio e interrelación”. A través de la investigación, la formación, los seminarios, los premios y nuevas medidas de evaluación como el Barómetro Factor Humà, quiere ayudar a construir organizaciones “humanas”.

Suena elevado, utópico e idealista...

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Luchar por lo que debería ser obvio

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

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