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Ariadna Trillas

Ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex directora adjunta del diario Ara.

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"La mayoría de las empresas siguen pensando poco en la vida de las personas"

Anna Fornés lleva toda la vida ligada de una forma u otra al desarrollo de personas. Pedagoga de formación, ha trabajado en centros de menores y con personas con alguna discapacidad. Se le nota que le gusta enseñar y ha ejercido de formadora de formadores para una multinacional de la gran distribución. Con ese bagaje llegó hace dos décadas a la Fundació Factor Humà. No es sencillo explicar a qué se dedica la entidad que dirige y que impulsó la economista y política Mercè Sala, fallecida en 2008, con la finalidad de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. La fundación, apoyada por cerca de 70 empresas e instituciones, se define como “una comunidad de conocimiento” comprometida con las personas que ofrece un espacio de “intercambio e interrelación”. A través de la investigación, la formación, los seminarios, los premios y nuevas medidas de evaluación como el Barómetro Factor Humà, quiere ayudar a construir organizaciones “humanas”.

Suena elevado, utópico e idealista...

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Luchar por lo que debería ser obvio

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

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Cerrado por saturación turística

Este verano no es posible viajar a Boracay. El Gobierno de Filipinas ha restringido el acceso a esta pequeña isla habitada por 12.000 personas y visitada el año pasado por casi dos millones de turistas. El agua de sus playas está contaminada a resultas de vertidos incontrolados, el desborde de sistemas de desagüe y la acumulación de basura. Tampoco Maya Bay, la famosa playa de Phi Phi Leh, en Tailandia —donde Leonardo Dicaprio rodó La Playa—, está accesible, al menos hasta el mes de octubre. Objeto de un febril desarrollo inmobiliario tras el tsunami de 2004, la isla acoge más de 300 lanchas rápidas al día que cargan y descargan más de 5.000 turistas, algunos de los cuales arrancan o pisotean corales. Dos tercios de la Gran Muralla de China está llena de brechas y de graffiti, en buena parte por el desembarco de excursionistas. AENA requisa cada semana, por motivos de seguridad, cerca de 500 kilos de piedras volcánicas que los viajeros pretenden llevarse de Lanzarote como recuerdo de su estancia. Y como los turistas no caben —literalmente— en las estrechas calles de Venecia, las autoridades municipales han empezado a experimentar con puntos de control que regulan la entrada de visitantes. La policía municipal tiene órdenes de cerrar la entrada al centro histórico de la ciudad de los canales en caso de exceso de llegadas, como ocurrió ya en el pasado carnaval.

No hace falta seguir. Basta con saber que el turismo mueve una cantidad ingente de personas y de dinero, y que además de gente y dólares, deja una huella social y ecológica profunda. 

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Adiós al impuesto al sol

La ciudadanía, las comunidades de vecinos, cooperativas, empresas e instituciones que quieran producir su propia energía para consumirla, almacenarla o vender la que les sobre vertiéndola a la red de distribución cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Su derecho a hacerlo ha quedado blindado, lo que supone un primer paso en la revolución hacia una economía basada en energías renovables como la solar y la eólica. Y hay una importante novedad que afecta directamente a España: al ejercer este derecho, no podrá haber recargos de por medio, al menos hasta el año 2026, con independencia de la potencia que se tenga instalada. Un acuerdo entre las tres instituciones pilares de la UE —el Parlamento de la UE, que ha desempeñado un papel clave en favor de las energías renovables, la Comisión y el Consejo— colocaba a mediados de junio en el punto de mira el llamado impuesto al sol vigente en España para las instalaciones de más de 10 kW de potencia y que satisfacía a las eléctricas. 

Pero no habrá que esperar el tiempo máximo que existe hasta la entrada en vigor de la nueva directiva de energías renovables (hasta 2021). El pacto europeo sobre la nueva directiva prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cambio de Gobierno en España. El PSOE es contrario a los recargos sobre el autoconsumo eléctrico y es partidario del autoconsumo compartido. Ha coincidido, además, en el tiempo con la reedición del frente contra el impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que reúne a todos los grupos de la hasta hace poco oposición (todos menos el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez disponen de suficientes votos para promover un tipo de generación de energía renovable que ayuda a reducir los costes de producir energía y a disminuir también su impacto medioambiental. También Ciudadanos, que en su momento se posicionó junto al PP contra la iniciativa, ha presentado ahora la suya, favorable a la generación distribuida.

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Menos habitantes, y más viejos

Hace unos meses, el Gobierno polaco lanzó una controvertida campaña para fomentar la natalidad que, además de ayudas a las familias, llamaba a la población a “reproducirse como conejos”  en un vídeo en el que aparecían ejemplares de estos animales. En un país marcadamente católico, el Ejecutivo de Varsovia se decía preocupado por la baja tasa de fertilidad de la población (1,32 criaturas por mujer).

En realidad, el indicador de la fecundidad en España es muy similar al polaco: 1,33 hijos, según Eurostat. Y en caída: en el año 1960, en España las mujeres tenían, de media, 2,86 descendientes. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral sin que se produjera en paralelo una reorganización social de los cuidados, la precarización del trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda son algunas de las causas de esta evolución.

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El salto pendiente de las empresas ‘sociales’

A algunas personas les encanta pensar que un país se puede gobernar como un consejero delegado gestiona una empresa. Donald Trump, por ejemplo. El presidente de Estados Unidos ha planteado en infinidad de ocasiones que a la política le hace falta pragmatismo en lugar de ideología. En los tiempos neoliberales que corren, la supuesta falta de ideología se identifica con “el sentido común”.

Quienes cultivan la comparación entre gobernar y gestionar aluden a menudo a la necesidad de ser eficientes (léase lograr unas cuentas públicas saneadas) o a la accountability (rendir cuentas en las urnas como quien se presenta ante la junta general de accionistas, siempre que los principales dueños de la corporación no aplasten a los minoritarios, como suele suceder). Suelen obviar una misión fundamental del gobernante: cuidar del interés general, más allá del suyo propio. Si un gobierno no comprende que lo más importante es garantizar el bienestar de la comunidad, más vale que se marche.

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"No hay que luchar contra los robots, sino con ellos"

Seguramente abomina del término, pero, para entendernos, Alfons Cornella es un gurú de la innovación. Cuando se le pregunta a qué se dedica, lo resume diciendo que vive de hacer que se entiendan cosas que inicialmente parecen complejas. Como físico teórico que es, busca un modelo más o menos accesible y sencillo que ayude a explicar la estructura que hay detrás. Ha escrito una veintena larga de libros relacionados con ciencia, tecnología, internet y, el último, sobre cómo innovar en la educación. Llena auditorios con sus conferencias y ayuda a personas a mejorar sus organizaciones a través de la innovación de proyectos y de equipos. La sede del Institute of Next, donde se desarrolla esta entrevista, en el Poblenou de Barcelona, no solo está decorada como un taller: es un taller, lleno de herramientas y, sobre todo, de ideas. A a lo largo de la conversación no para de formularse preguntas, de sugerir, de atisbar. En plan esto es lo que hay.

Todo el tiempo oímos hablar de la importancia de la innovación. Tanto es así que lo repetimos de forma acrítica sin saber muy bien qué significa. ¿Qué hay de blablablá al respecto?

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Guía para no perderse con las pensiones

La oleada de protestas protagonizadas por pensionistas expresa malestar porque los beneficios de la recuperación no les alcanzan (se mantendrá la revalorización del 0,25% desde 2014, pese a que la economía está creciendo a un ritmo del 3,1% y los precios, un 1,1% interanual el año pasado). Reclaman que los nuevos cambios en el sistema que entrarán en vigor el año próximo no mengüen aún más la capacidad adquisitiva de las pensiones y han forzado un debate sobre cómo puede garantizarse la cobertura para las próximas generaciones. Pero, sobre todo, ha ayudado a aflorar una realidad que a menudo queda oscurecida por las medias estadísticas. 

La pensión media en España asciende a 932,99 euros, según los datos de la Seguridad Social de febrero pasado. En el caso de la jubilación (puesto que existen otras pensiones, como las que perciben las personas viudas, huérfanas o con alguna incapacitación permanente), la cuantía media es de 1.077,52 euros. Sin embargo, poco más de 3,75 millones de los 8,69 millones de pensionistas que constan en los datos de la Seguridad Social como perceptores de pensiones contributivas cobran al mes 735,89 euros (el salario mínimo) o menos, y en un 65% de estos casos son mujeres. Si analizamos las cifras, no de total de perceptores, sino del total de pensiones (se pagan 9,57 millones de ellas a 8,69 millones de personas), hay 4,96 millones por debajo del salario mínimo: el 51,8%.

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Cómo saber cuánto cobran hombres y mujeres

En Noruega, el equipo de fútbol de mujeres y el equipo de fútbol de hombres van a ver equiparada su retribución, según el anuncio efectuado a finales del año pasado por la Federación Noruega de Fútbol. Para ello, ambos equipos han firmado un acuerdo que conlleva un incremento de la paga del equipo de las jugadoras internacionales en 258.950 euros. Hasta ahora, el equipo masculino ganaba 873.921 euros, frente a los 413.576 que percibían las futbolistas. A partir de este año, les corresponderá la misma cuantía. Se da la circunstancia de que el equipo femenino suele quedar mejor situado que el masculino en las competiciones internacionales. 

Las futbolistas nórdicas no son las únicas mujeres que quieren parar tantos goles en materia salarial. La conciencia de la desigualdad se cuela en la acción política. No muy lejos, en la minúscula Islandia, el país donde existe menos diferencia entre los sueldos de las mujeres y los de los hombres según el índice que desde hace una década viene elaborando el Foro de Davos, las cosas también se mueven. En este país de 336.483 habitantes, desde principios de año las empresas con una plantilla de más de 25 personas van a incurrir en un delito si no acaban con la desigualdad retributiva. La obligación de obtener un certificado oficial que demuestre que pagan por igual a todos los empleados con independencia del género vale para las empresas públicas y también para las privadas. Y no se trata ya de que una trabajadora pruebe que está peor retribuida en relación a sus compañeros hombres, sino que corresponde a las empresas probar que pagan de modo justo y equitativo a todo el mundo según su tarea. Si no, sanciones a la vista.

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Maestras, enfermeras y vendedoras: feminización y brecha salarial

De todos los campos de actividad profesional, el que en España registra una proporción más elevada de mujeres es el del comercio. Un 17,5% de las mujeres ocupadas se ubican en las ventas al por mayor y al por menor, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de este año. El comercio es uno de los escasos ámbitos donde la proporción de mujeres supera a la de hombres, aunque la diferencia no es muy relevante y tiende a reducirse. En cambio, la crisis iniciada en 2008 se disipa dejándonos una clara feminización de dos sectores donde las mujeres también predominaban, pero donde, transcurridos ya nueve años, numéricamente hoy todavía pesan más:  se trata de las actividades sanitarias y los servicios sociales, por una parte, y la educación, por la otra. 

El porcentaje de trabajadoras en el ámbito sanitario y de los servicios sociales ha aumentado del 11,9% al 14,5% entre 2008 y 2017, y la diferencia respecto al peso de los hombres  (3,5% de ellos se dedican a esta actividad) ha aumentado a 11 puntos porcentuales durante este período. También en el caso de la educación, la distancia se amplía: la proporción de mujeres educadoras ha aumentado hasta el 9,1%, 5,4 puntos por encima de la referida a los educadores varones, si comparamos el panorama con el que mostraba la última EPA con la del tercer trimestre del año 2008.

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