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Ariadna Trillas

Ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex directora adjunta del diario Ara.

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Conciliamos, pero no lo bastante

La conciliación entre la vida personal y la profesional está en boca de todas las empresas, pero todavía son escasas las que tienen un plan efectivo de medidas para compaginar la esfera privada con la laboral, y que además las apliquen completamente. Solo el 18% de las compañías han aplicado totalmente programas que busquen corresponsabilizar a mujeres y a hombres para que la flexibilidad y la conciliación no se queden en simples buenos deseos. Así lo refleja el II Barómetro Factor Humano, elaborado por la Fundació Factor Humà, según el cual la mitad de las empresas carece de programas que posibiliten el teletrabajo.

El barómetro es un instrumento que la fundación puso en marcha en 2017 con la finalidad de que las organizaciones evaluaran sus fortalezas, sus principales áreas de mejora y también las acciones que deberían llevar a cabo para avanzar en la gestión de personas. En esta segunda edición, con resultados obtenidos entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, han participado un total de 110 organizaciones de toda España, pertenecientes a nueve sectores de actividad y que emplean a 194.000 personas.

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Trabajo digno, con o sin 'app'

Se acerca el ocaso de plataformas digitales como Uber, AirBnb y Deliveroo, que ponen en contacto a personas que prestan servicios con usuarios que los requieren. Se acerca su ocaso, al menos tal como las conocemos ahora: ofreciendo conductores sin tener vehículos propios, pedidos transportados en bicicleta sin tener bicicletas y casas donde alojarse sin la necesidad de una sola casa. Es el pronóstico del académico canadiense Nick Srnicek, profesor de economía digital en el londinense King’s College, quien augura en su libro Capitalismo de plataformasque este tipo de empresas sin activos fijos, a las que considera una especie de burbuja.com. Mutarán o morirán porque quienes trabajan a través de ellas se organizarán para defender sus derechos, porque los jueces van a darles la razón y porque los gobiernos les pondrán barreras. 

No sabemos si esta profecía se cumplirá, pero sí que en el último año han sucedido algunas cosas. La empresa danesa Hilfr.dk, que conecta a 450 personas que limpian y más de 1.700 usuarios, ha sido pionera en cerrar un acuerdo colectivo, el primero del mundo de la economía de plataforma. A quienes completan más de 100 horas de trabajo les reconoce una retribución mínima por hora, cotizaciones para las pensiones, pagos por vacaciones y prestaciones por enfermedad. Apoyados por el mayor sindicato de Europa, el alemán IG Metal, un puñado de youtubers están desafiando nada menos que a Google con reivindicaciones a través de la nueva organización The YouTubers Union, después de que el gigante digital cambiara las reglas de juego sobre el número de visualizaciones de sus vídeos a partir del cual se les retribuye con dinero. El pasado verano, riders de Glovo protestaron simultáneamente en Madrid, Barcelona y Zaragoza contra su situación laboral, que denuncian precaria. La empresa colombiana de reparto Rappi montó vía Whatsapp la primera huelga contra una plataforma en América Latina. 

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Olivier Schulbaum, cofundador de Goteo y Platoniq: "Exijamos pruebas de impacto social"

El universo del crowdfunding, constituido por microdonaciones y préstamos colaborativos de particulares dispuestos a financiar proyectos a través de plataformas digitales, se ha normalizado en España. De hecho, no para de crecer. En 2018, el incremento de esta actividad respecto del año anterior fue del 62,12%, hasta sumar una cantidad de 159,69 millones de euros, según un estudio de Universo Crowdfunding en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Pero la composición interna de este universo es heterogénea. Tras los préstamos, las aportaciones de carácter inmobiliario, las plataformas de inversión y las de recompensa o preventa, han ganado también su espacio las donaciones, que el año pasado sumaron 9,26 millones. En este último ámbito, que supone el 5% del conjunto de actividad, se mueve Goteo, fundada en 2011 después de que sus impulsores detectaran la necesidad de herramientas que ayudaran a tomar forma y convertirse en sostenibles muchos proyectos sociales. Es su modelo: ayudar a costear iniciativas de carácter social, sobre todo en las primeras fases de gestación. Goteo, tras la que se encuentra la Fundación Goteo, vehiculó la financiación para el Sindicato de Inquilinos (recaudó 36.051 euros) y una cooperativa de antiguos topmanta (obtuvo 67.184).

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Se busca piso social por tierra, mar y aire

El paisaje tras la última gran crisis de 2008 y la precarización laboral dejó claro como nunca hasta qué punto la inserción social depende hoy de la vivienda. Con esa idea en mente, la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales presentes en Cataluña, impulsó a finales de 2014 una fundación que intentara resolver la paradoja que suponía la existencia de pisos vacíos en paralelo a los desahucios. Quería aumentar el escaso parque de vivienda social —el 2%, del total frente al 15% de media de la Unión Europea y que, para alcanzarlo en la comunidad, supondría conseguir 230.000 viviendas más de alquiler social respecto de los 60.000 existentes—, pensando en las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Transcurridos cinco años de trabajo ingente, la fundación Hábitat 3, presidida por Carme Trilla y dirigida por Xavier Mauri, gestiona en total 463 viviendas y prepara ya un proyecto para habilitar 17 más en el mismo recinto donde tiene su sede, en la Casa Bloc de Sant Andreu, en Barcelona, un proyecto de viviendas obreras diseñado por el grupo de arquitectos del colectivo GATCPAC e impulsado en su momento por la Generalitat durante la Segunda República y recuperado tras el franquismo.

La fundación —que no es la que elige a las familias que habitan los pisos, sino que los pone a disposición de distintos programas de vivienda tanto de entidades sociales como de las Administraciones— batalla por conseguir vivienda de donde sea, pero los gestores tenían, sobre todo, en la cabeza el stock inmobiliario de la banca. Se trataba de replicar la obtención de cesiones de más de un centenar de viviendas por parte de la Fundación Fomento de la Vivienda Social promovida por Cáritas cuando la propia Trilla trabajaba en ella. A la banca se le ofrecía una interlocución única y garantías de pago. Sin embargo, las cosas se torcieron.

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Empresas españolas: suspenso en transporte colectivo

La empresa B. Braun, proveedora de productos sanitarios, lleva tiempo promoviendo que las personas integrantes de su plantilla se junten para ir al trabajo. Les da la opción de registrarse por grupos y reservar una plaza de aparcamiento si comparten coche privado, y el año pasado amplió rutas y horarios del sistema de transporte colectivo organizado por la propia compañía. Según informa el plan de movilidad de B. Braun en su planta de Rubí (Barcelona) —tiene otros centros en Alcobendas (Madrid), Jaén y Santa Oliva (Tarragona)—, la opción vehículo de alta ocupación (VAO) supone un ahorro diario de 6,4 euros al día por ocupante —o 1.440 euros al año— además de ayudar a evitar la emisión de 8 kilos de CO2 a la atmósfera cada día. Subirse al autobús corporativo significa ahorrar siete euros al día y equivale a 3 kilos menos de dióxido de carbono.

No son muchas las empresas que en España planifican una movilidad sostenible, aunque algunas grandes compañías radicadas en polígonos facilitan medios de transporte colectivo. Sin embargo, la implantación de una empresa en un lugar determinado, sus turnos de trabajo y las zonas de aparcamiento son factores que inciden en la movilidad cotidiana, en la contaminación, la congestión, la conciliación, el impacto ambiental y la salud.   

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Protección social portátil... e individual

Buena parte de su vida, Max Terbeck trabajó como asalariado en varias empresas hasta que, remarca, "por vocación y por elección", se convirtió en freelancer. Instalado en Barcelona desde 2001, en pleno auge de lo que entonces se conocía como nueva economía de las puntocom, de un tiempo a esta parte ha encontrado una especie de escaparate digital que, asegura, "ha cambiado mucho su vida" como autónomo. Se trata de Malt, una plataforma digital nacida en Francia en 2014 y aterrizada en España hace poco más de un año, donde cerca de 100.000 freelancers han creado un perfil, ofrecen sus servicios, indican su tarifa y esperan que la potencial clientela escoja. Los desarrollos web y el asesoramiento sobre opciones de negocio son la baza de Terbeck, quien destaca algunas de las ventajas que le ha proporcionado este tipo de intermediación: aumentar los ingresos al no tener que ir buscando clientes, facilidades de facturación y "una solución al quebradero de cabeza de cuando no te pagan por un proyecto realizado". Al aceptar el presupuesto, el cliente deposita ya el dinero en la plataforma, pero el pago llega al freelancer a las 48 horas de la finalización del servicio. La plataforma se queda una comisión del 10%, impuestos aparte, del pago por un servicio que el cliente puntúa. La elección de proveedor se realiza entre los perfiles más adecuados que proporcionan los algoritmos para resolver las necesidades requeridas.

Malt es una de las plataformas de trabajo que casan oferta y demanda y que muestran una cara distinta de la intermediación vía plataforma digital que ha acaparado la atención, ya sea por las condiciones de trabajo precario o por los choques regulatorios en sectores específicos como el reparto —Glovo, Deliveroo— o el transporte —como Uber y Cabify—. Porque las plataformas no dejan de expandirse, sofisticarse y especializarse a una velocidad pasmosa.

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Cómo medir en euros los resultados sociales de las empresas

Lantegi Batuak es la iniciativa empresarial de mayor dimensión que existe en Bizkaia en el ámbito de la discapacidad y, especialmente, en la discapacidad intelectual. En ella trabajan 3.100 personas. Pese su carácter marcadamente social, también opera en el mercado. El 80% de la actividad de sus 25 centros de trabajo es industrial. Entre facturación y algunas subvenciones, anualmente mueve más de 100 millones de euros. Desde hace ocho años, la organización funciona con una doble contabilidad: la de carácter económico-financiero y la de carácter social. Y ambas comparten la misma unidad de medida: el dinero. Eso, medir las cosas en euros, todo el mundo lo entiende.

Y es que cuando una compañía contrata, por ejemplo, a 200 personas, en sus cuentas computa en negativo, como un gasto, lo que no deja de resultar paradójico considerando las consecuencias positivas, sociales y también económicas, en múltiples aspectos, de crear empleo. Más aún se da esta contradicción si hablamos de personas con discapacidad. De ahí la necesidad de medir otros parámetros.

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"Si salir de la precariedad es difícil, salir de la violencia machista aún lo es más"

La Fundación Surt, que preside Fina Rubio, lleva más de un cuarto de siglo trabajando en la inserción laboral de las mujeres, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Rubio es una destacada feminista y activista social. Licenciada en Antropología Social y Cultural, pilota una institución con un centenar de trabajadores y por la que, de media, al año pasan entre 800 y 1.000 personas. Su campo de trabajo es la inserción laboral y el empoderamiento de las mujeres. Como la mayoría de las entidades sociales, su financiación es principalmente pública y parcialmente privada. En esta entrevista, realizada en su casa, Rubio reflexiona sobre los límites de los avances de las mujeres, y también sobre la dura realidad laboral actual. 

Después de estos más de 25 años, ¿sigue siendo más difícil que la inserción de los hombres?

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Más empleo, pero en los extremos

La imagen de una sociedad posindustrial caracterizada por una población trabajadora de cuello blanco altamente cualificada nos persigue en el imaginario colectivo, a lomos de los avances tecnológicos, desde hace más de medio siglo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. ¿Cómo está evolucionando la estructura sociolaboral en realidad? El resumen simplificado es el siguiente: se están generando más empleos considerados cualificados, sí, y, al mismo tiempo, se están generando también más empleos entre los considerados menos cualificados. Es decir, se crean puestos de trabajo en ambos extremos. En cambio, se hunde una parte importante de los empleos intermedios, principalmente los relacionados con la industria y que requieren cierta cualificación. No está sucediendo tanto lo mismo con los de carácter administrativo, a diferencia de lo que sí sucede en otros países de la Unión Europea.

Esta es la foto de lo ocurrido en España entre los años 1993 y 2013, según un trabajo realizado por el sociólogo Camille Peugny, que analiza la evolución de la estructura laboral de 15 países europeos entre los años 1993 y 2013 para constatar hasta qué punto se produce la polarización y para identificar qué factores explican esta evolución y, en particular, el papel que tiene en ella la tecnología. 

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Ni comprar ni alquilar vivienda: usar y compartir

Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual. 

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