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Blanca Rodríguez Ruiz

Es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, doctora en derecho por el Instituto Universitario Europeo y ha realizado estudios de post-doctorado en la Universidad de Frankfurt am Main, Alemania. Ha sido también investigadora invitada en la Yale Law School y profesora invitada en el Instituto de Género de la London School of Economics. Su investigación gira en torno a los derechos fundamentales, la interdicción de discriminación, la posición constitucional de la familia, la representación política y la ciudadanía democrática, desde la perspectiva de las teorías comunicativas y de género.

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La democracia paritaria: más allá de la paridad electoral

Cuando, hace poco más de un lustro, el Parlamento español aprobó la L.O. 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que suscitó más polémica e incluso dudas, pronto despejadas, sobre su constitucionalidad fue la introducción de la paridad de género en las listas electorales, una paridad flexible, definida en el margen de entre el 40% y el 60% de presencia obligatoria de cada género en dichas listas.No fue casual tanta polémica. La paridad pone sobre la mesa el perfil masculino de la política y aborda la necesidad de feminizarla. Y lo hace proponiendo toda una redefinición del espacio público representativo, consistente en incluir en él una presencia igualitaria de las realidades y experiencias de vida de mujeres y de varones. La razón es que estamos ante realidades y experiencias de vida que desde los orígenes del Estado se definieron como dicotómicas: mientras a los varones se les vinculó a la ciudadanía activa, a la libertad y a la racionalidad imperantes en lo público, a las mujeres se nos identificó con lo emocional, lo pasivo, la dependencia y su gestión en el espacio privado de lo doméstico. Poner nuestra representación en manos de los varones equivale a otorgarles el poder de hacer valer una realidad y unos intereses, los nuestros, que son la negación de los suyos propios. Es a esta disfuncionalidad representativa, y al poder sobre las mujeres que otorga a los varones, a lo que la paridad electoral aspira a poner fin, y así lograr una representación más fielmente democrática.

Sin embargo, y como la crisis institucional que padecemos nos recuerda sin cesar, la democracia no se agota en la representación, ni ésta en la mera presencia en órganos representativos. Representar consiste en hacer presente lo ausente haciendo valer sus intereses, lo que implica, no sólo estar, sino identificar y actuar a favor de dichos intereses. Resulta llamativo que, precisamente en estos tiempos de crisis institucional, el proyecto de feminización de la política haya quedado reducido a que las mujeres “estemos”, y a que estemos en las instituciones representativas, no en los partidos, verdaderos centros de poder político que siguen siendo tozuda y marcadamente masculinos. No es casualidad que, salvo excepciones, las mujeres que logran más poder político sean las menos preocupadas por los problemas de las mujeres de a pie. Ni lo es que la paridad electoral no haya logrado influir en el perfil de nuestra política, que haya perdido su filo polémico para quedar incorporada a nuestro marco institucional como una política de género testimonial, inocua.En estas circunstancias, la paridad electoral corre el doble riesgo de cerrar en falso la necesaria feminización de la política y de validar un sistema político caduco. No se puede feminizar la política sin reformar ese sistema. Una revitalización democrática requiere que entrelacemos ambos proyectos y avancemos hacia una democracia participativa y paritaria. Hacerlo hace ineludible emprender reformas que son ya objeto de debate social.

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