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Civio

La Fundación Ciudadana Civio es una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos, informa a todos los ciudadanos y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones.

Entre sus proyectos figuran El BOE nuestro de cada día, Medicamentalia, El indultómetro, Quién cobra la obraEspaña en llamas o Quién manda.

Miles de contratos públicos incumplen la ley para poder ser adjudicados a dedo

En verano de 2018 tocaba renovar la cocina de la Base Aérea de Zaragoza. En total, gastaron 49.000 euros en suministros. Por esa cantidad, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a abrir concurso público para que las empresas presenten ofertas. Pero los responsables decidieron tomar un atajo: despedazaron sus necesidades en pequeños contratos, lo suficiente como para poder contratar a dedo cada uno de ellos. El 16 de agosto adjudicaron dos de ellos, uno por dos hornos y otro por el equipo frigorífico.

Menos de dos meses después, el 10 de octubre, adjudicaron los otros cuatro: uno para el armario, otro para el lavavajillas, otro para comprar la mesa de la cocina y otro para el termo. Todos ellos eran de menos de 15.000 euros, contratos menores, lo que significa que podían adjudicarlos sin concurso y casi sin publicidad ni controles. No sería sospechoso si hubieran comprado a firmas especializadas en cada uno de esos electrodomésticos. Pero todos los contratos menores, los seis, fueron a parar a la misma empresa: Zasel SL.

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MAPA | Bares, pastelerías o comedores escolares: estos son los locales de comidas de Madrid que no pasaron el último control de seguridad alimentaria

Entre 2018 y la primera mitad de 2019, el Ayuntamiento de Madrid inspeccionó más de 9.000 establecimientos alimentarios de la capital. Uno de cada cuatro suspendió. Para evaluar el estado higiénico-sanitario de bares, supermercados, centros educativos o escuelas infantiles los inspectores tienen en cuenta factores como la falta de limpieza, plagas, el empleo de agua no apta para el consumo o errores en la conservación de alimentos, entre otros. Si detectan varias deficiencias, el resultado será desfavorable y el local deberá subsanarlas.

Además, si las infracciones suponen un serio peligro para la salud pública, se enfrentan a expedientes sancionadores y, llegado el caso, a una suspensión de la actividad. Esta última "se adopta de manera excepcional al existir indicios racionales de riesgo para la salud o seguridad colectiva", explican desde Madrid Salud. Pese a estos resultados, el organismo público solo propuso 1.355 sanciones en 2018 y decretó 182 suspensiones de la actividad. "Las diferencias pueden deberse, entre otros factores, a que ante los incumplimientos pueden adoptarse otros tipos de medidas, por ejemplo el requerimiento para la corrección de incumplimientos, la retirada de la venta, la inmovilización cautelar, la retirada temporal del manipulador de alimentos, el reetiquetado del producto o la destrucción voluntaria u obligatoria de los productos", argumentan.

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El odio que no se cuenta

Una mujer embarazada paseaba junto a su marido por Barcelona cuando dos hombres decidieron increparle y agredirle. ¿El motivo? La mujer vestía un niqab, velo que usan algunas mujeres musulmanas y que solo deja ver los ojos. Ambos agresores fueron sentenciados a un año de cárcel cada uno por un delito de "discriminación por origen nacional y religioso" en 2017. Aunque pueda parecer un hecho aislado, 3 de cada 10 de mujeres de origen magrebí que visten niqab o velo y que residen en España reconocieron sentirse acosadas durante el mismo año que ocurrieron estos hechos en Barcelona. Muchas situaciones de acoso son delito, pero, ¿se denuncian siempre?

La publicación del informe del Ministerio de Interior sobre los delitos motivados por odio cometidos durante 2017 hizo saltar las alarmas. De un año para otro, las denuncias por este tipo de delito pasaban de 1.272 a 1.419. Y, aunque es cierto que existe un aumento de casos registrados, la realidad es mucho más compleja. No podemos saber si este aumento se debe a que se cometen más delitos o hay más concienciación y, por tanto, denuncia. De hecho, el inspector Carlos Morán, de la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio de Interior, opina que desde el ministerio están "sacando a la luz muchos delitos que quizás antes no se denunciaban".

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